Después de que el Gobierno Federal desapareciera 109 fideicomisos, muy poco se habla de las repercusiones que esta decisión trajo para la vida de millones de familias mexicanas pese a que en el discurso oficial los “ahorros” en el erario son destinados para “dar más a los pobres”. Pero ello no es así y el dinero se despilfarra en proyectos que no son prioritarios para brindar atención a las necesidades más urgentes de un país que desde hace varias décadas enfrenta crisis económicas, sociales y políticas.  

Uno de los fideicomisos que no fue eliminado, pero sí golpeado por el actual gobierno, fue el Fondo para la Salud para el Bienestar (Fonsabi), cuyo presupuesto en dos años se ha reducido 44 por ciento; de los 133 mil millones de pesos (mdp) que tenía en 2019, en el segundo trimestre de 2021 solo conservaba 64 mil millones. Es por esta razón, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que el gasto familiar en atención médica privada se ha incrementado en 40 por ciento y la adquisición de medicinas en 68 por ciento. Ahora, las familias que carecen de servicios médicos públicos deben pagar sus consultas y medicamentos.

La organización Cero Desabasto ha denunciado el recorte de 73 mil mdp al Fonsabi, mismos que pasaron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) donde, de acuerdo con el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2022 (LIF2022), serán utilizados para la compra de vacunas y el manejo de la pandemia de Covid-19. A pesar de que el monto es muy reducido, esta decisión del gobierno morenista generará mayores problemas a los pacientes con enfermedades graves que requieren atención especializada y tratamientos costosos.

El colectivo Cero Desabasto, conformado por 26 organizaciones, afirma que la propuesta contenida en el proyecto de la LIF 2022 para disponer de todo el remanente del Fonsabi es muy preocupante por varias razones. “En primer lugar porque, si bien es necesario atender la pandemia, esto no debe hacerse disponiendo de los recursos que están destinados a cubrir las enfermedades de alto costo de pacientes del Insabi que no cuentan con un esquema de seguridad social. La disminución sustancial del patrimonio del fondo pone en riesgo la atención actual y futura de pacientes”.

Por ello, no basta que el Insabi tenga un padrón de 68 millones de “derechohabientes” –16 millones más que el Seguro Popular– ya que éstos no disponen de una cobertura médica completa en todos los padecimientos, y la atención en las más comunes es precaria. Por lo que la reorientación del gasto del Fonsabi aumentará los problemas de desatención del Insabi. Con este tipo de experimentos, los políticos morenistas evidencian, como ocurre en otras áreas de gobierno, su cada vez mayor ineficiencia para atender las necesidades vitales de la población.

La crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19 está agravándose debido a otro problema: muchos usuarios del sector médico privado están migrando hacia el público; y con el aumento de la demanda en los servicios de éste, muchas de las clínicas de atención primaria y los hospitales se acercan al colapso, pues los tratamientos son carísimos. El resultado: los pacientes son cada vez más y el presupuesto hospitalario es muy bajo.  Por ello, desde el inicio del actual Gobierno Federal en 2018, la seguridad social ha contribuido mucho más a la brecha de la desigualdad en México.

En su análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF2022), el CIEP advierte que el incremento del 14.6 por ciento con respecto al de este año –equivalente al 0.37 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)– es “insostenible porque podría contribuir a la desigualdad de recursos por subsistema de salud”. Esto ocurriría porque la oferta de atender a más población sin seguridad social agravaría el problema de acceso. Tal fenómeno, explica el organismo, se debe a que el gobierno carece de los recursos fiscales necesarios y para cumplir las “promesas” del Presidente los buscaría con base en “ahorros”, algo muy similar a que lo ha estado haciendo en años anteriores.

A la crisis de salud y al desbasto criminal de medicamentos se agrega el despido injustificado de personal del Sector Salud, específicamente el que se originó con el cambio de membrete de Seguro Popular a Insabi, y que trabajó durante la crisis sanitaria pese a que no había sido controlada la segunda ola y comenzaba la tercera. En Oaxaca, por ejemplo, han sido despedidos entre dos mil 700 y cinco mil trabajadores de la salud, quienes únicamente han obtenido, con sus protestas en la Verde Antequera, una promesa de recontratación del Presidente en su mañanera del lunes 21 de septiembre.

Los trabajadores despedidos, sin embargo, saben que la palabra del Presidente no tiene credibilidad y que “vale mucho menos que un cacahuate”. A la crisis de salud se suman, entonces, todas las malas políticas de asignación del presupuesto en el que los únicos No “ganones” son los pobres, porque pierden su derecho a la salud pública. Por el momento, querido lector, es todo.