Lejos de resolver los problemas entre dependencias gubernamentales y garantizar los derechos básicos de los individuos, el secretario de gobierno del estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, parece interesado en atropellar éstos y en generar conflictos a la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.  

En casi dos años de ejercicio gubernamental, Cisneros Burgos ha vulnerado la libertad de organización, expresión y manifestación, lo que resulta paradójico en un titular de la Secretaría de Gobierno, cuyo Reglamento Interior lo obliga a vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, entre ellos el respeto a los derechos humanos; a atender las recomendaciones de organismos competentes y organizaciones de la sociedad civil y a dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento del gobierno estatal.

Éstos son algunos de los ejemplos de cómo el funcionario ha violentado el Estado de Derecho en Veracruz. Samuel Aguirre Ochoa, dirigente estatal del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), denunció que el gobierno de García Jiménez, a través de Cisneros y otros funcionarios, intenta eliminar de facto sus derechos de organización, petición y libre manifestación mediante absurdas acusaciones de corrupción para criminalizarlo ante la opinión pública.

“Han eliminado algunas de las conquistas históricas que ha logrado el pueblo mexicano en sus luchas, aprovechándose de que la gente está harta del lastre que significa la corrupción. Aquí han emprendido una burda lucha contra las organizaciones sociales y políticas, utilizando, para ello, todos los medios a su alcance: la represión administrativa, la represión policiaca, las campañas negras en la prensa. Pero al parecer, uno de sus métodos favoritos es el uso de sicarios para atacar a sus adversarios”, explicó Aguirre Ochoa.  

Un ejemplo del uso de este recurso criminal fue el secuestro de cuatro integrantes del MAN en el municipio de Veracruz el jueves ocho de octubre; sus captores los mantuvieron encerrados y sometidos a tortura física y psicológica durante más de 48 horas. Finalmente fueron liberados por la presión social que se ejerció a través de movilizaciones públicas y denuncias en los medios de comunicación y las redes sociales.  

Con anterioridad –prosiguió– se habían registrado acciones similares, como la amenaza de grupos armados a través de videos contra un integrante del Comité Estatal del MAN en el municipio de Tantoyuca, el 29 de septiembre. Estas acciones de intimidación se hicieron, además, con llamadas telefónicas e intentos de extorsión contra más de 150 jóvenes activistas, deportistas e integrantes de los grupos culturales de Antorcha, así como de algunos secuestros virtuales de jovencitos a quienes les causaron graves daños psicológicos.

“Una verdadera guerra con el propósito de amedrentar. ¿Quién controla a estos sicarios, si el gobernador ha declarado que ya no existen grupos delincuenciales en Veracruz? Es evidente que solamente lo puede hacer algún funcionario con poder dentro del gobierno y no hay que ser sabios para saber qué áreas de éste tienen capacidad para ello”, comentó el dirigente social.

“Ahora, estos funcionarios acusan a las víctimas de pertenecer a un grupo delictivo, con lo que demuestran la falta de escrúpulos y de ética, acción que implica una verdadera injusticia, pues después de haber sufrido los daños de la criminal tortura, se les calumnia vilmente. ¿Qué tipo de gobierno es éste? ¿Se le puede calificar de izquierda o de progresista, como se autodenomina? Ningún gobierno progresista actúa de esta manera. Si realmente fueran criminales, lo que procedía era haberlos denunciado y sometido a juicio. Para cualquier persona, que tenga dos dedos de frente, queda claro que están inventando una narrativa para tratar de lavarse la cara después de agredir al MAN”, abundó Aguirre Ochoa.  

El líder estatal del MAN hizo un llamado a la opinión pública de Veracruz y del país para condenar esta segunda agresión gubernamental contra el derecho de organización, una de las conquistas políticas más importantes logradas por la Revolución Mexicana y a no permitir, por ningún motivo, que sigan cometiéndose actos de injusticia como el de criminalizar a las víctimas de secuestro; ya que a los jóvenes antorchistas “primero se les privó de la libertad por razones políticas, se les sometió a torturas y ahora se pretende criminalizar”.  

Otra de las agresiones se dio el pasado 28 de octubre, cuando dos sujetos armados entraron a una de las tiendas pertenecientes al MAN en Paso del Toro, comunidad del municipio de Medellín de Bravo.  

“Primero le pidieron a la cajera que les entregara el dinero de la venta, agarraron algunas otras mercancías y después, amagándola con el arma, le dijeron con palabras altisonantes que cerrara la tienda de inmediato, porque los tenían ubicados a todos y que si no lo hacían, regresarían ‘a armar un desmadre’. Luego escaparon. Afortunadamente no asaltaron a ningún cliente de los que se encontraban comprando, pero sí fue muy evidente que la amenaza la hicieron en voz muy alta para que los escucharan todos los presentes y sembrar así el terror colectivo”, denunció.  

Los constantes ataques a la libertad de expresión  

Pero no solo Antorcha ha sido víctima del gobierno estatal a través de las prácticas violentas del secretario de gobierno, quien en varias ocasiones ha violentado el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación. En mayo del año pasado, en una atropellada conferencia de prensa, Eric Cisneros emitió una advertencia a los periodistas de Xalapa, luego de que le cuestionaran si las bancadas en el Congreso local estaban preparadas para resolver un juicio político contra el entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz.  

“Aquí va a haber un parteaguas que es muy claro, y también va para todos los compañeros que son periodistas, va para todos los veracruzanos; con esto que está pasando hoy en Veracruz, vamos a saber quién está del lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo de personas que ni siquiera son veracruzanas”, declaró contundentemente.

Fue incluso más allá, al afirmar que había periodistas defensores de lo indefendible y que con el “parteaguas” se sabría quiénes actuaban con base en intereses propios; después de estas amenazas, no hubo una reprimenda proveniente del gobernador García Jiménez y tampoco una disculpa pública del Secretario de Gobierno.

El pasado 26 de agosto, Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen, difundió un mensaje intimidatorio que, a través de WhatsApp, le envió el secretario de gobierno, luego de que, el día anterior, en la columna Veredicto por Don Justo, publicara que Cisneros Burgos ya no le tomaba las llamadas a Rocío Nahle García, Secretaria de Energía. “El que se lleva se aguanta”, le escribió.

Su propio compañero de partido, Alejandro Rojas Díaz Durán presentó, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADELE), la siguiente denuncia relacionada con una amenaza contra la directora de El Dictamen: “Vengo a interponer una denuncia formal contra Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien se desempeña como secretario de gobierno del estado de Veracruz y que puede ser notificado en las oficinas que albergan esa Secretaría, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio de Gobierno de Veracruz, así también contra quien o quienes resulten responsables por hechos con apariencia del delito que limitan y menoscaban el derecho a la libertad de expresión”.

Después del escándalo suscitado por el mensaje contra la directora del diario decano de la prensa mexicana, en una entrevista, Cisneros Burgos afirmó que dicho tema estaba “ya superado y olvidado”, que no tenía conflicto con nadie, pues era un “pacifista que viene de 20 años de lucha”. Entonces, tampoco hubo ninguna disculpa pública para la empresaria ni reprimenda para el funcionario.

Rojas Díaz Durán no ha sido el único morenista que ha arremetido contra Cisneros Burgos. La magistrada Sofía Martínez Huerta, destituida apenas el 23 de octubre como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Veracruz, denunció que tal personaje fue quien la obligó, con amenazas, a renunciar a este cargo.

“En días pasados, él me convocó a una plática en su oficina a la que acudí (…) En esta ocasión me llama, y en una plática entre él y yo, únicamente me refirió que han acontecido diversas situaciones problemáticas y que era momento de que yo me hiciera a un lado; al cuestionarle qué significaba, me dijo que era presentar la renuncia; pero le contesté que de ninguna manera lo haría (…) Estoy tratando de hacer mi trabajo pero no me dejan; son muchas situaciones, es un golpeteo diario contra mi persona, denostativo (sic), desprestigiándome (…) Todo este movimiento surge, parece ser, por el interés de desaparecer algunos documentos por los cuales la administración anterior, no juzgo ni prejuzgo, pudiera ser responsable de actos ilícitos; pero yo no me puedo pronunciar porque las autoridades encargadas están investigando el caso”, explicó ante micrófonos de diversos medios de comunicación, luego de su cese del Poder Judicial.  

Martínez Huerta no solo promovió un amparo contra su remoción, sino que responsabilizó al secretario de gobierno de lo que pueda ocurrirle a ella o a su familia.  

Oídos sordos a los reclamos  

El escándalo más reciente generado por el secretario de gobierno se produjo el pasado 26 de octubre, cuando acudió al municipio de Ixtaczoquitlán para celebrar el 208 aniversario de la batalla de Escamela y fue abordado por familiares de desaparecidos en la zona Orizaba-Córdoba para demandar avances en las investigaciones. Araceli Salcedo, presidenta del Colectivo de Familias de Desaparecidos, indicó que entre los manifestantes se hallaban familiares y amigos de los siete comerciantes desaparecidos hace un año en Ciudad Mendoza.  

“Dónde están, dónde están nuestros hijos, dónde están”; “Justicia, ahora”; “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fueron parte de las consignas que gritaron mientras el secretario de gobierno permanecía impasible e indiferente a bordo de su camioneta, lo que provocó mayor molestia y estuvo a punto de provocar una gresca.  

Cisneros Burgos se inició en la política en Baja California Sur, entidad donde estudió para ingeniero agrónomo. Ahí fue director de Recursos Humanos en el gobierno estatal y asesor del gobernador Narcisco Agúndez Montaño, cuando ambos eran perredistas. Hoy, tiene una responsabilidad importante en el gobierno morenista de Veracruz, donde destaca no solo por su insensibilidad política, sino también por su prepotencia y el uso de recursos políticos ajenos al diálogo y a las leyes.