En México, las mujeres trabajadoras no reciben el mismo salario de sus compañeros hombres por la misma actividad y horario, a pesar de que muchas de ellas realizan también labores domésticas en sus hogares.

Entre las víctimas de esta desigualdad, se hallan decenas de miles de mexicanas residentes en la capital de la República, donde la candidata presidencial del partido Morena, Claudia Sheinbaum, afirma que ahora tienen prioridad para disponer de las mismas oportunidades de desarrollo laboral, educativo y profesional.

De la misma falacia ha abusado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien incluso incrementó el presupuesto destinado a cerrar la brecha existente entre los géneros; pero buena parte de ese aumento se concentró en programas sociales que sirven más para comprar votos que para resolver los problemas de las mexicanas.

Natalia Campos y Daniela Balbino, investigadoras especializadas en administración y finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectaron que el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023, cuyo gasto está destinado a reducir la desigualdad social, no especifica que alguno de sus programas esté “orientado a cerrar las brechas de género”.

En el PEF 2024, el presupuesto dedicado a la prevención y atención de violencia contra las mujeres, el Anexo 13 apenas dispone del 0.08 por ciento; y el asignado a la “salud materna, sexual y reproductiva”, del 0.5 por ciento, porcentajes de inversión con los que difícilmente podría disminuirse la violencia de género en los ámbitos familiar, laboral y salarial.

Entonces ¿a qué dio prioridad el gobierno morenista en este rubro?, cuestionan las investigadoras, quienes, en su acucioso estudio del Anexo 13 del PEF 2024, encontraron que la pensión para adultos mayores (el programa social emblemático de esta administración) tiene asignados 251 mil 774 millones de pesos (mdp), seis de cada 10 de los cuales supuestamente se destinan a “la igualdad entre hombres y mujeres”.

“Es necesario cuestionar la forma en la que se etiquetan los presupuestos destinados a promover la igualdad de género para que no se vea como una gran bolsa agrandada por la magnitud de los programas sociales. Es decir, si vemos, por ejemplo, la pensión para adultos mayores, es un programa etiquetado como una erogación para la igualdad de género, que si bien puede impactar en ciertas brechas, tiene un objetivo más amplio y distinto: el bienestar de la población mayor de 65 años”.

Además, es necesario –insistieron las investigadoras– que se discuta sobre la idoneidad de este anexo para que el discurso político no quede únicamente en palabras; y alcanzar realmente “la igualdad de género requiere estrategias efectivas de política pública, incluyendo la priorización presupuestal. Sin presupuesto suficiente, los objetivos públicos son sólo buenas intenciones; la igualdad de género no es la excepción”.

Sin desarrollo ni vivienda

En días pasados, buzos entrevistó a 10 mujeres de posición socioeconómica baja para conocer su nivel académico, sus labores y expectativas de vida. De sus respuestas se desprendió este resultado: ocho de 10 reconocieron que no están en condiciones de mejorar su situación educativa, laboral y mucho menos de adquirir una vivienda.

Además de la desigualdad social y la falta de casa-habitación propia, la mayoría comparte el problema de la brecha salarial y las dobles jornadas laborales, cotidianas (en sus hogares arrendados) y externas (en fábricas, comercios o en la informalidad).

Viridiana, Karina, Brenda, Miriam, María, Lizbeth, María Antonieta, Karla, Jazmín y Valeria son empleadas, emprendedoras y madres de familia, algunas con esposos, que a diario llevan el pan a sus mesas, cuidan a sus hijos; y que después de cumplir con sus labores externas, llegan a sus casas a lavar, planchar, cocinar y revisar tareas. Sobre las que trabajan en empresas privadas u oficinas gubernamentales, gravita una injusticia adicional: saber que, en los empleos, sus compañeros hombres ganan más a pesar de que efectúan las mismas actividades, y en algunos casos hasta menos.

Es cierto que las que trabajan por su cuenta, emprendedoras, generalmente ganan un poco mejor; pero carecen de un ingreso fijo, de atención médica, prestaciones sociales y de la posibilidad de calificar para un crédito de vivienda en el Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Paola Vázquez, investigadora del IMCO, sostiene que los bajos salarios y las actividades domésticas son las principales limitantes para que las mujeres accedan a una vivienda. Es por ello que sólo el 31 por ciento de las viviendas son propiedad de mujeres, quienes además enfrentan los precios exorbitantes de los inmuebles y la enorme burocracia de las inmobiliarias paraestatales.

La especialista señala que el ingreso promedio de un trabajador es de 10 mil 280 pesos mensuales y el de una trabajadora, ocho mil 834 pesos; es decir, mientras un hombre recibe 100 pesos, una mujer percibe 86 pesos.

En su estudio destaca que además de esta brecha laboral externa se produce otra en el ámbito del hogar, ya que los hombres “no tienen la carga desproporcionada en los cuidados y en las labores del hogar. Una mujer realiza 72 por ciento de los trabajos no remunerados y el hecho de que las mujeres estén realizando la mayor parte de estas actividades las deja con menos tiempo, lo que provoca que se empleen mucho más en la informalidad y sus ingresos se vean penalizados de la misma forma”.

Y a estas cargas adicionales se suma otra, enfatiza Paola Vázquez: la maternidad. “Desafortunadamente es más complicado; y representa una causa por la que las mujeres interrumpen sus carreras profesionales. Entonces, cuando interrumpes tu carrera profesional, es mucho más complicado alcanzar el salario de tu par hombre que no tuvo esa interrupción. Entonces, en ese sentido, también la falta de flexibilidad en los espacios de trabajo penaliza muchísimo el ingreso de las mujeres al mercado laboral”.

En esta situación se encuentra Karina. Es mamá de dos varones y se dedica a la venta de alimentos por su cuenta, ya que por atender a sus hijos no puede trabajar en una empresa. El más pequeño se accidentó y estuvo hospitalizado dos meses; fueron necesarias dos intervenciones quirúrgicas y tuvo que ser sometido a tres meses de rehabilitación. Esta situación puso a Karina en serios aprietos, ya que la carencia de prestaciones sociales la obligaron a trabajar durante el tiempo que no debía estar con su hijo en el hospital, llevarlo a sus tareas de rehabilitación y obtener el dinero necesario para comprar medicamentos, alimentos y pagar la renta de su casa.

Cuando habló de esto, la emprendedora dijo a buzos que ingresar a alguno de los programas de vivienda supuestamente diseñado para mujeres representa un sueño; que en alguna ocasión le ofrecieron inscribirse al Instituto Nacional de Vivienda (Invi) o a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), pero no pudo avanzar porque no cubrió muchos de los requisitos.

Karina citó entre éstos la presión recibida para obligarla a participar en actividades de proselitismo político-partidista que la habrían apartado tanto de sus hijos como de sus labores para sustentarlos y pagar la renta de la casa que habita. Además, dijo, los empleados del Invi y la Conavi no le aseguraron en cuánto tiempo accedería a la vivienda ni en qué área conurbada del Valle de México estaría su colonia.

Autonomía económica

Para las mujeres, la autonomía económica es mucho más difícil de obtener que para los hombres, porque además de la brecha salarial, hay otros factores que imposibilitan su desarrollo. En esta situación se hallan las entrevistadas por este semanario: la mayoría son empleadas en empresas de servicios, sus ingresos salariales promedian siete mil 467 pesos mensuales, carecen de prestaciones sociales y dependen del apoyo de terceros o de programas gubernamentales.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en México, el 25 por ciento de las mujeres no percibe ingresos propios; el porcentaje más alto con respecto a la de otros países de América Latina, donde las mujeres destinan 64 por ciento de su tiempo a las labores del hogar; en tanto que los hombres reservan 72 por ciento del suyo al mercado laboral.

En el Senado de la República se han modificado 11 ordenamientos legales para cerrar la brecha salarial; pero durante el Foro la Mujer en la Economía, celebrado recientemente, la legisladora Patricia Mercado denunció que tales mandatos no han logrado concretarse en el mercado laboral “debido a los desacuerdos con el sector empresarial”.

La senadora apuntó, asimismo, que otro de los problemas que impiden la configuración de una legislación más justa para las mujeres trabajadoras se encuentra en la discontinuidad de los trabajos legislativos ya que, por ejemplo, en septiembre próximo habrá una nueva legislatura y se impondrá el “borrón y cuenta nueva” contra todos los proyectos de ley, incluso los aprobados por mayoría.

Mercado recordó que la participación femenina en la economía mexicana se ubica en el lugar 125, y en el sitio 112 de 146 países de la brecha salarial. Es por todo esto, agregó, que no basta que las mujeres participen en política porque si no cuentan con “independencia económica”, no accederán a su desarrollo integral y libertad plena.

Infonavit e Invi

El Infonavit es uno de los programas de vivienda del Estado mexicano más conocidos del país porque los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cotizan también en una subcuenta de este fondo y, con base en su antigüedad laboral, pueden acceder a un crédito inmobiliario cuyos pagos son mensuales y de corto o mediano plazo, dependiendo del monto de sus cuotas.

El Fovissste cumple la misma función del Infonavit, pero la ejecuta con los trabajadores de las dependencias públicas, aunque con algunas variables en los requisitos para la concesión de créditos, especialmente por los años de cotización.

En ambas instituciones, las mujeres enfrentan mayores dificultades para adquirir viviendas porque generalmente tardan más tiempo en reunir la antigüedad laboral y el monto de la cotización requeridas debido a sus bajos salarios y a que la maternidad o los problemas familiares las alejan temporalmente de los empleos.

Otro requisito que les dificulta el acceso a este tipo de préstamos es la demanda de un fiador o responsable solidario, figura que no siempre les es fácil conseguir, especialmente cuando se trata de madres solteras. 

En 2022, el Infonavit creó tres nuevos programas de financiamiento, uno de las cuales recibió el nombre de Mujer Infonavit, mediante éste se otorga un bono de 20 puntos sobre la precalificación para resarcir la brecha salarial a las derechohabientes, darles la oportunidad de obtener más rápido un crédito y disponer de más tiempo para pagarlo.

El especialista Roberto Ramírez, de la empresa Shopper Inmobiliario, aseguró que las calificaciones de crédito son muy importantes porque brindan la oportunidad de acceder rápidamente a los préstamos, aunque aclaró que el mayor puntaje para éstos son los salarios altos y que, en el caso de México, este respaldo financiero resulta muy bajo porque son muy pocas las mujeres que tienen ingresos laborables superiores a los 30 mil pesos mensuales, con prestaciones y buen historial crediticio.

“Casi siempre atendemos a parejas que buscan comprar un inmueble, las mujeres solas o con hijos son pocas, porque casi no cuentan con prestaciones en sus empleos y las que han cotizado en general lo han hecho con salarios bajos y por poco tiempo”, explicó a buzos.

Entre los beneficios aportados por el programa Mujer Infonavit, además del bono de 20 puntos para adquirir una casa, un terreno o pagar una deuda hipotecaria, se encuentra la reducción de los puntos para la precalificación y se acorta el plazo para liquidar el financiamiento hasta en 75 años; o sea que las mujeres cuentan con cinco años más que los hombres. 

Los siguientes son algunos ejemplos de cómo opera este programa, cuyos créditos se conceden según la edad y el salario de la persona interesada. Si el salario de ésta es ocho mil pesos mensuales y tiene 35 años, el Infonavit dispone de un préstamo de hasta 488 mil 478 pesos, con tasa mensual de 4.15 por ciento, por lo que paga mensualmente dos mil 374 pesos a un plazo de 30 años.

Si la persona tiene 46 años y el mismo salario que el anterior, el Infonavit le presta 432 mil 369 pesos con una tasa mensual del 4.15 por ciento, por lo que paga dos mil 373 pesos al mes durante 24 años. Si el solicitante tiene 55 años (el límite de edad para la concesión de créditos en el Infonavit) le prestan 316 mil 850 pesos, con tasa del 4.15 por ciento, por el que paga dos mil 367 pesos durante 15 años.

Aunque 300 mil o 400 mil pesos son buenas cantidades, con ese dinero no puede comprarse un buen departamento o una buena casa en alcaldías como Benito Juárez y Cuauhtémoc (muy solicitadas por los clasemedieros); ni en la Venustiano Carranza o Iztapalapa, donde hay departamentos de 45 metros cuadrados, que pueden costar desde 620 mil hasta cuatro mdp.

El programa del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) destinado a la población que recibe menos recursos económicos y en condiciones de vulnerabilidad, otorga créditos para financiar proyectos de vivienda con cero intereses, pero los oferta a cambio de que los solicitantes acudan a mítines políticos del partido en el poder y se sometan al manejo de “líderes sociales” que, además, los obligan a pagar ciertas cantidades de dinero y siempre los engañan con fechas de entrega de departamentos que nunca llegan.

Esta institución del gobierno capitalino exige a los solicitantes estar pendientes de sus convocatorias a reunión; a entregar comprobantes de ingresos que deben ser equivalentes a cinco veces el salario mínimo; deben tener más de 18 años y menos de 64 años de edad; ser habitantes de la CDMX y disponer de un comprobante de domicilio ubicado en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez.

En 2018, el Banco Mundial (BM) estimaba que México tenía un déficit de 3.3 millones de viviendas debido a que muchas no cumplían con los estándares adecuados para su habitación; en tanto que la Encuesta Nacional de Vivienda del Instituto de Estadística y Geografía reveló que el 21.1 por ciento de los hogares del país no reunía las condiciones satisfactorias para las familias que los ocupaban. Es decir, en ese periodo, el déficit de viviendas en México, según el Inegi, era de 8.2 millones de unidades.