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La participación de adolescentes en infracciones a la ley o hechos delictivos, tanto del fuero común como del fuero federal, se incrementó 8.2 por ciento en los primeros cuatro meses de 2021, pese a los esfuerzos del gobierno federal por evitar que los jóvenes caigan en el crimen.
Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) muestran que en enero había en el país una población de 5 mil 266 adolescentes en conflicto con la ley; para abril la cifra subió a 5 mil 699.
En ese lapso también se incrementó la aplicación de medidas de suspensión condicional del proceso, salida alterna para que la persona imputada termine su proceso penal mediante un plan de reparación del daño.
La estadística oficial no cuenta con datos para enero sobre el número de adolescentes que han accedido a esa figura, pero para abril fueron mil 145, en su mayoría personas que regresaron al seno familiar.
Por tipo de infracción, según las cifras oficiales, son las relacionadas a hechos delictivos del fuero común las que más cometen los adolescentes, entre ellas, por ejemplo, el robo, lesiones u homicidios.
En enero había 4 mil 669 adolescentes relacionados con alguna infracción a la ley o hecho delictivo del fuero común y 597 más estaban ligados a hechos del fuero federal, incluido el tráfico de droga.
Para abril, ambos indicadores se incrementaron. En el caso de las infracciones a la ley del fuero común pasó a 4 mil 847 (3.1 por ciento más), y los vinculados a hechos del fuero federal subieron a 852 (42.7 por ciento de alza).
Lo anterior, a pesar de que el presidente López Obrador ha señalado que los adolescentes son un sector de la población altamente vulnerable ante el crimen organizado, y sostiene que atender a este segmento permitiría “serenar” al país, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro.
El mandatario dijo en agosto de 2019 que hay varios programas de apoyo a jóvenes, “para que nadie sea enganchado o sonsacado y se vaya a la delincuencia… Queremos atender a los jóvenes para que, de esta manera, podamos serenar al país”, insistió en un evento en Coahuila.
Incluso ayer, en Chihuahua, López Obrador señaló que “la verdadera contienda con los jefes de los grupos delictivos” es “que no se lleven a los jóvenes, que no sean parte de un ejército de reserva para la delincuencia, y eso sólo se logra atendiendo a los jóvenes, al pueblo, combatiendo la pobreza”.
En relación con su estatus jurídico, la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley está con una sanción.
En enero había 2 mil 81 adolescentes aún bajo proceso y 3 mil 185 ya tenían una sanción, mientras que para abril la cifra de procesados fue de mil 341 bajo proceso y 3 mil 213 ya sancionados.
Para abril había mil 145 adolescentes que estaban ya bajo la figura de la suspensión condicional del proceso, por lo que estos no se catalogan como procesados y ya sancionados.
Los 10 estados con mayor número de adolescentes en conflicto con la ley para abril eran Jalisco (903), Sonora (497), Estado de México (442), Guanajuato (371), San Luis Potosí (334). La lista la completan Nuevo León (293), Chihuahua (276), Zacatecas (223), Baja California (217) y Aguascalientes (214). (El Financiero).
Otros desafíos de su administración fue el aumento de la violencia contra las mujeres.
Un país que no domina las matemáticas está destinado al estancamiento económico y tecnológico debido a que las necesidades crecientes de la producción y la agudización de la competencia exigen el constante perfeccionamiento de la técnica.
Sicilia consideró que es tiempo en que se haga algo para detener la barbarie que vive el país porque de no hacerlo, no habrá marcha atrás.
Instruyó que próximamente “me presenten una lista con la propuesta de reducción de personal”.
La educación del país reflejará un retroceso, pues fueron cancelados fondos para programas de aprendizaje e infraestructura.
La incongruencia del morenismo en boca de AMLO sigue haciendo de las suyas por todo el gabinete.
De un padrón de unas 2 mil personas con discapacidad no han recibido los beneficios que prometió el gobierno federal.
La violencia política atenta contra la democracia, aunque AMLO y Rosa Icela digan que han brindado protección a 117 candidatos.
La situación de este sector es una de las más graves, expuesto al contagio, sin ninguna protección ni medida de “sana distancia”; y para colmo se le han retirado los apoyos que en sexenios anteriores recibían.
El mandatario hizo este anuncio con una defensa al creciente rol de las fuerzas armadas en la seguridad pública de México, que tuvo los dos años más violentos de su historia en los primeros dos del sexenio de López Obrador.
El percance ocurrió hacia las 15:30 horas en el Puente Belisario Domínguez y Ribera Cauharé.
La reducción del 27 por ciento en la comisión de delitos en la Ciudad de México (CDMX) a febrero de 2021 se debió al confinamiento ciudadano.
Hasta ahora México ha reportado más de 97 mil casos de COVID-19 y más de 10 mil 637 decesos.
Todo esto profundizará la caída económica y que los precios de los productos básicos suban, porque las empresas trasladarán costos a los consumidores.
En la misma situación de incertidumbre y zozobra se encuentran miles de veracruzanos a lo largo de la entidad.
Escrito por Redacción