Investigadores –la mayoría integrantes del SNI-, académicos y autoridades educativas del país llamaron a la defensa del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) frente a los ataques del gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un desplegado, decenas de investigadores y académicos de distintas universidades de México reiteraron que “defender al CIDE es defender la libertad de la cultura, la educación y la investigación científica en México”.

“Quienes firmamos este documento, investigadores mexicanos, la mayoría integrantes del SNI, manifestamos nuestra preocupación y total rechazo a cualquier tipo de intervención que vulnere o ponga en riesgo la autonomía y libertad académica de las instituciones de educación superior en México”, agrega el desplegado.

Los investigadores destacaron que “en nuestro país está en marcha un programa político-ideológico, pseudo-legal y anti-institucional, para cancelar las libertades de cátedra, investigación científica y difusión y transferencia del conocimiento”.

En este sentido, se unieron a la preocupación que invade a la comunidad académica nacional e internacional por el clima de tensión e incertidumbre que se ha generado en torno al CIDE. Defender al CIDE es salvaguardar a las instituciones de educación superior, a la ciencia y cultura de México, es impedir que se conculque el derecho a ejercer de manera libre y autónoma nuestra vocación por el conocimiento.

Dieron a conocer que, en los últimos meses, la Directora General del CONACYT, ha tratado de desprestigiar al CIDE presentándolo como una institución “derechizada” y cooptada por el “neoliberalismo”. Ha intimidado a sus directivos hasta hacerlos renunciar, colocando en su lugar a personajes sin prestigio académico ni arraigo en su comunidad.

La táctica más reciente es modificar el Estatuto del CIDE de manera ilegal, no sólo para legitimar el nombramiento arbitrario de su director, sino para atentar contra su sentido de autodeterminación, destruyendo el trabajo colegiado y los mecanismos de participación de la comunidad en las decisiones que competen a sus actividades docentes, de investigación y de gobierno. Se trata de una violación del artículo 48 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que dota al CIDE de autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa.

Este asalto al CIDE se suma a la desaparición de fideicomisos y a los recortes presupuéstales paulatinos pero sistemáticos, a la destitución de directivos de centros públicos de investigación, al uso de las instituciones gubernamentales para perseguir a científicos considerados opositores. Todas estas acciones, así como la anunciada modificación al Padrón de Posgrados de Calidad —que llevará a la centralización de la asignación de becas para estudiantes de posgrado— evidencian el interés por controlar y orientar la generación y aplicación de conocimiento desde sus supuestos ideológicos e intereses políticos, agrega el documento.