La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudieron este jueves al Congreso capitalino, donde reclamaron mejoras laborales y respeto a sus derechos humanos.
En conferencia de prensa y acompañados por diputados locales de Acción Nacional (PAN), los trabajadores de la fiscalía capitalina, entre ellos peritos, policías de investigación y ministerios públicos, denunciaron deficiencias y abusos por parte de la Fiscal Ernestina Godoy Ramos y su personal cercano.
Entre esos abusos destacan el hostigamiento y la precariedad laboral, por lo que los legisladores presentarán un punto de acuerdo con la finalidad de llamar a comparecer a Godoy Ramos y explique, entre otras cuestiones, el destino de los recursos para los estímulos y la distribución del presupuesto.
“El personal de la Fiscalía es explotado porque, luego de cumplir su jornada, en sus tiempos libres deben comparecer ante los Tribunales porque son especializados en la materia de investigación, por lo que no tienen descanso”, denunció el panista Aníbal Cáñez.
Por su parte, Héctor Barrera Marmolejo, también diputado local del blanquiazul aseguró que la oposición va a defender a los trabajadores si estos, fueran objeto de represalias por manifestar sus inconformidades y denunciar la situación precaria que hoy viven en la Fiscalía.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
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Existe riesgo para la seguridad de los usuarios ya que el sistema opera en malas condiciones, lo cual podría provocar descarrilamientos o choques.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
La Secretaría de Movilidad únicamente ha planteado un incremento salarial de 3.2%, muy por debajo del 15% solicitado por los trabajadores.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
En el caso del conflicto agrario de San Sebastián Teponahuaxtlán, se ha logrado la restitución de aproximadamente seis mil 300 hectáreas.
Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera