La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
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Los gobernantes morenistas, sus activistas y sus allegados se dedican mucho a difundir que el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) es uno de los más cercanos a los trabajadores de que se tenga memoria; y ponen algunos ejemplos que repiten sin cesar, como eso de que el salario mínimo ha crecido en más del 100 por ciento; que desde finales de 2022 las vacaciones de los trabajadores son de 12 días; y recientemente se hizo mucha alharaca con la propuesta de que habrá dos días de descanso a la semana. Pero la cereza en el pastel es el anuncio de que ahora los trabajadores pueden organizarse como mejor les convenga, porque “cuentan con el apoyo del gobiernoˮ… silencio e interrogantes: ¿desde cuándo las conquistas laborales son un asunto de gobiernos “democráticos” y no de los trabajadores? ¿Es que realmente ahora los trabajadores están viviendo en el paraíso terrenal de la 4T? ¿Qué nos dicen los otros datos, esos que el Presidente niega?
El bonachón expresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, aclaró que “en nuestro país los empresarios mexicanos hacen trampas en sus intercambios comerciales” porque la mayoría de sus trabajadores tienen salarios muy bajos y carecen de organizaciones sindicales, dos factores que inciden en los precios competitivos de sus productos. Este comercio desleal es el que provoca pérdidas en las empresas estadounidenses; y ésa fue la causa por la que el gobierno de EE. UU. exigió la revisión el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), además de promover la suscripción del actual Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), que obliga a los empresarios mexicanos a revisar salarios y contratos colectivos de trabajo. Ésta es la razón de fondo por la que han subido los salarios en el país.
Pero, ¿el gobierno está cumpliendo realmente este compromiso internacional? ¿Las empresas están pagando ahora más a los trabajadores? ¡No! Ni la Junta de Conciliación y Arbitraje sale en su defensa ni lo hacen los líderes charros. Además, hay otro asunto que no plantea el Presidente: en México, la mayoría de las empresas son informales y, por lo mismo, no están sujetas a mecanismos de control y supervisión. En el caso de las empresas formales, en el supuesto de que estén cumpliendo con ese mandato, han optado por aumentar las jornadas diarias de trabajo; elevado el precio de sus productos, cuyos costos pagan los trabajadores y, sobre todo, con el apoyo del gobierno están reprimiendo cualquier intento de organización sindical de los trabajadores. Es decir, a los trabajadores les ha tocado “bailar con la más fea”, como se dice coloquialmente.
Con respecto a la ampliación de los días de vacaciones laborales, aunque ya sean ley, hay que revisar que este precepto se esté cumpliendo a cabalidad, especialmente en un país como el nuestro, cuya estructura económica está integrada por pequeñas y medianas empresas y dominada por la informalidad. Y de los dos días de descanso a la semana, mejor ni hablar, porque el proyecto ha pasado sin pena ni gloria y su promoción obedece más a objetivos propagandísticos debido a las próximas elecciones que a un sentimiento real de mejorar el bienestar de los trabajadores. ¿Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es amigo de los trabajadores? No. ¡Es el mayor demagogo de que se tenga memoria!
Esto lo evidencian los siguientes números: durante la pandemia de Covid-19 dejó morir a ciento de miles de trabajadores; ha dejado fuera del sistema nacional de salud pública a más de 15 millones de personas; en lo que va de su gobierno ha aumentado como nunca el número de pobres; el trabajo se ha precarizado; el desempleo aumenta ahora mismo y, por ello, más mexicanos cruzan la frontera hacia el país vecino del norte buscando empleos y oportunidades que acá se les niegan. Entonces, ¿quiénes son sus amigos? Los empresarios, la vieja, rancia y corrupta clase política a la que brinda todas las facilidades para explotar económicamente a la clase trabajadora. Por ello, a los trabajadores no les queda más remedio que luchar por sus derechos ya que, salvo sus cadenas, no tienen nada que perder.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.
En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
Casi el 40% de la población gana el salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales.
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Escrito por Capitán Nemo
COLUMNISTA