La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Un día todos dejamos de ser niños y esperamos opciones para decidir qué hacer con nuestras vidas. Pero en México, la desigualdad extrema existe desde hace mucho tiempo y se ha acentuado con la pandemia. Esta situación excluye a niños y jóvenes de acceder a un modo honesto y decoroso de ganarse la vida; por ello es sumamente incierto llegar a la edad cuando se forma parte de la población económicamente activa (PEA). En el discurso, los jóvenes son atendidos por el gobierno porque hay dos programas que, en apariencia, les brindan atención y apoyo si su deseo es seguir estudiando o si quieren incorporarse al mercado de trabajo: Jóvenes Escribiendo el Futuro y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Aparentemente suenan bien; pero, en el primero, las becas representan una cantidad mínima de beneficiarios y el monto de dos mil 450 pesos bimestrales no cubre las principales necesidades de un estudiante de licenciatura; y si a ello se agrega la falta de equipos modernos en las universidades y las graves consecuencias que ha generado la pandemia de Covid-19, esas becas son como una gota de agua en el desierto; pues apenas remojan el degradado sistema educativo nacional.
El otro programa es mucho más polémico que el primero porque, para que los jóvenes se capaciten e integren al mercado de trabajo, el otorgamiento de las becas se presta mucho a la corrupción, ya que opera con reglas poco claras y sin control ni vigilancia. Desde que se activaron, las empresas de tamaño regular lo han aprovechado para obtener mano de obra gratuita; también hay denuncias de que muchas otras se “mochan” con las becas sin emplear ni capacitar a los jóvenes. El gobierno celebra que en tres años, según su información, se han capacitado dos millones de aprendices y que, en 2022, se formarán 340 mil jóvenes más. Sin embargo no ha detallado si el objetivo del programa se ha cumplido, porque de acuerdo con las declaraciones de la Secretaria del Trabajo, solo el 1.5 por ciento de ellos ha sido contratado por las empresas tutoras, lo que significaría que el programa ha significado un rotundo fracaso.
Es decir, la beca representa un modo momentáneo de tener un ingreso mensual de cinco mil pesos; pero si dividimos este monto entre 30, el dinero resulta insuficiente para el sostenimiento diario de una persona. Los trabajos a los que puede acceder un joven en caso de ser contratado tampoco generan muchas expectativas, como permiten suponerlo la existencia de más de tres millones de trabajadores que no reciben una remuneración y los más de 10 millones de mexicanos que ganan menos de un salario mínimo.
Frente a un panorama como éste, para los jóvenes que tienen la mala suerte de educarse en la calle, resulta más atractivo enrolarse en una actividad delictiva; ya que en ésta encontrará maneras más fáciles y rápidas de mejorar sus ingresos. La enorme publicidad que recibe a través de canciones, películas y redes sociales llegan a permear en el pensamiento, que ser “malandro” se vuelve una cuestión normal, deseable y respetada. Cuando se analiza esta denigrante mercadotecnia, uno queda anonadado porque advierte que es fomentada por los medios masivos de comunicación; ya que los héroes de sus historias son los narcotraficantes que mediante su arrojo, temeridad y valentía, ganan dinero a manos llenas, lujos exagerados, jóvenes modelos y autos de lujo. Ha resultado mejor distraer a los jóvenes con estos estilos de vida que promover fuentes de empleo bien remuneradas, la cultura del esfuerzo y la dedicación al estudio. Pero esto solo puede lograrse con políticas correctas que tengan como objetivo que los jóvenes contribuyan al mejoramiento del aparato productivo y al bienestar de la población en general.
Porque si seguimos con programas de becas que solo buscan ganar el voto de los jóvenes en las próximas elecciones, el tejido social se dañará más, la violencia generalizada hará de los jóvenes sus principales víctimas y la entrega en charola de plata de la juventud mexicana a los narcotraficantes será responsabilidad del gobierno y de las personas e instituciones que nada hacen para evitarlo.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
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Escrito por Cousteau
COLUMNISTA