Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Los tiempos que corren son difíciles, aun para los maestros. Las familias mexicanas a diario viven un verdadero calvario para alimentar a sus integrantes. Los precios de los productos alimenticios son cada vez más inaccesibles para las personas cuyos ingresos son tasados en salarios mínimos. En un panorama tan adverso de salarios bajos y falta de empleos, profesionistas como los maestros del sistema Tecnológico Nacional de México (TNM), que se fundó en 2014, han insistido en que se homologuen sus derechos, prestaciones y obligaciones en su interior mismo, y con los de las universidades públicas; porque se hallan en clara desventaja, pese a que en el discurso de los funcionarios públicos presumen su tamaño, cobertura, oferta educativa y matrícula.
El sistema TNM está conformado por 254 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).
En estas instituciones se atiende a una población escolar de más de 600 mil estudiantes de licenciatura y posgrado del territorio nacional, incluida la Ciudad de México (CDMX); pero en su interior –sobre todo en las descentralizadas– prevalece un control insólito de trabajadores, sus salarios son muy bajos y las condiciones de trabajo muy malas. Salvo honrosas excepciones, las direcciones escolares están a cargo de personas que responden a compromisos políticos con los cacicazgos regionales, por lo que las labores académicas y de investigación científica no son prioritarias ni el nivel de preparación de maestros y estudiantes. Esta situación se hizo evidente durante la contingencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, ante la cual la dirección del TNM no ha ofrecido soluciones para evitar su efecto mortal y trágico en alumnos y sus familias, ya que el sostenimiento del sistema educativo ha recaído en los maestros y sus recursos propios.
Una muestra de irresponsabilidad del Gobierno Federal radica en el incumplimiento de la exsecretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, quien anunció, el Día del Maestro pasado, un salario más decoroso para los maestros del sistema; pero el aumento autorizado fue tan miserable que en nada los ha ayudado a soportar la inflación. Además, en muchos casos, los profesores firman contratos de trabajo por solo seis meses, como si siempre estuvieran a prueba; y frente a cualquier intento de organizarse para exigir mejores condiciones de trabajo son reprimidos con todo el peso del Estado. Con esta actitud, el Gobierno Federal viola los derechos que establece la Carta Magna para la libre organización de los trabajadores en sindicatos y la libertad de manifestación, cuyo respeto casi a diario invoca el Presidente de la República, pero que en la realidad genera un vacío.
Pero esto no es todo: con la actual política de “austeridad franciscana” los maestros no solo deben conformarse con salarios bajos, renunciar a varios de sus derechos laborales y abstenerse de protestar, sino que además están obligados a aumentar su productividad –“hacer más con menos” con las escasas compensaciones económicas o estímulos al desempeño docente, que en la práctica pocos reciben porque se entregan con abundantes trabas. Para escamotear este tipo de apoyos a los maestros, la SEP, a través de la dirección TNM, recurre al requisito de que su CURP debe estar bien escrita en todos sus documentos; y es muy frecuente la artimaña de que no fue reproducida puntualmente para negar a la mayoría de los maestros la entrega de estímulos por desempeño docente. Esta discriminación salarial y laboral causa un alto nivel de estrés en los profesores y repercuten, por supuesto, en la calidad de la educación superior que se imparte en México. No se ve cuándo van a arreglarse estos aspectos, seguramente las condiciones laborales de los maestros de los tecnológicos se deteriorarán más y en cualquier momento saldrán a protestar para exigir mejores salarios y el respeto a sus derechos laborales frente al gobierno reaccionario y poco humanitario de la “Cuarta Transformación”.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Capitán Nemo
COLUMNISTA