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Decía en ocasión pasada que con la "Cuarta Transformación (4T): “Se incuba el huevo de la serpiente de una dictadura”. Hoy abundo sobre el tema, en conceptualización y evidencia. Dice Giovanni Sartori: “Dictadura es, para nosotros, una forma de Estado y una estructura del poder que permite su uso ilimitado (absoluto) y discrecional (arbitrario). El Estado dictatorial es el Estado inconstitucional, un Estado en el cual el dictador viola la Constitución, o escribe una Constitución que le permita todo” (p. 14, Lo que no es la democracia). No indica que la dictadura deba ser forzosamente monárquica o militar (ésas son formas del fenómeno), o que llegó al poder por la fuerza. La Real Academia, en su Diccionario del Español Jurídico la define como: “Régimen político basado en la concentración del poder en una sola persona, que lo ejerce sin límites”. Y Oxford Dictionaries: “Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad”. ¿No es esto lo que hoy vemos? Don Benito Juárez, adalid del federalismo es ajeno a esta política de avasallamiento desde la Presidencia; se le falta al respeto poniéndolo como adorno de la 4T.
Si bien es usual, el dictador no necesariamente llega al poder por golpe militar; puede hacerlo ganando elecciones, e incluso con muchos votos, una dictadura civil. Así ganó Luis Bonaparte las elecciones presidenciales en 1848, en la Segunda República francesa, ocultando su mentalidad imperial... el dos de diciembre de 1851 dio un golpe de Estado y se hizo coronar emperador como Napoleón III.
Un gobierno autoritario avasalla. En la legislación vigente, cuyo acatamiento no es opcional, destacan la separación y el equilibrio entre poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), como contrapesos entre sí. El Barón de Montesquieu formuló este esquema político en términos clásicos en El espíritu de las leyes, donde apuntó: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Pensó en las otras instituciones, aunque, por razones de clase, excluyó al pueblo organizado, el más efectivo contrapeso del autoritarismo. Pero veamos algunas evidencias de esta calamidad.
1. Para limitar al legislativo, el Presidente envió en abril una iniciativa que modificaba la Ley Federal de Presupuesto, para que Hacienda “en una emergencia económica o de salubridad”, pudiese reorientar los recursos para “destinarlos a programas y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal”. De haberse aprobado, habría dado al Presidente discrecionalidad total para decidir sobre el gasto, y la Cámara de Diputados habría renunciado a una atribución suya, pues el Artículo 74º Constitucional le otorga la facultad exclusiva de “discutir, modificar y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación”. Además, el Ejecutivo tiene ya facultades para hacer modificaciones, pero limitadas: la Cámara debe ser consultada cuando superen al cinco por ciento. El Presidente aspira al control total. Antes se había propuesto la eliminación del fuero a los diputados, que, ciertamente, suele ser mal utilizado, pero que, por previsión del Constituyente, protege a los representantes populares de presiones, amenazas y acciones de fuerza del gobierno, garantizando así su libertad para votar. Llamándolo “privilegio”, la 4T intentó eliminarlo.
2. El derecho a la inviolabilidad de domicilio, consagrado en el Artículo 16º, garantiza que, con las reservas de ley, la autoridad no puede irrumpir en los hogares. La 4T busca anularlo. Alfonso Ramírez Cuéllar propuso otorgar al Inegi facultades para entrar en las casas, registrar y reportar el patrimonio de cada familia.
3. La consulta popular tiene reglas y no puede hacerse ad libitum. Artículo 35º constitucional: “Serán convocadas por el Congreso de la Unión...”; salvo que lo solicite el dos por ciento de los inscritos en el listado nominal de electores “... la petición de consulta popular (...) deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión”, y sus resultados deberán acatarse solo si hay una participación mínima de 40 por ciento. La Suprema Corte deberá resolver, previamente, sobre su constitucionalidad. Dice la Constitución: “El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa (...) la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados”. Es obvio que las consultas del Tren Maya, la de Mexicali y la del aeropuerto no respetaron la ley.
4. Los órganos constitucionales autónomos no dependen jerárquicamente de ninguno de los tres poderes y acotan el poder gubernamental. Están entre ellos: el INE, para organizar elecciones libres, la Comisión Reguladora de Energía, el Inegi, la Comisión Federal de Competencia. Es pública la guerra de la 4T para quitar presupuesto a unos y someter a todos; también a la ciencia y las universidades públicas, instancias críticas y de reflexión. Los científicos son para AMLO un sector incómodo.
5. La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en agosto, atenta contra las garantías individuales y cual espada de Damocles pende sobre los ciudadanos. Por simple “sospecha” de corrupción o de uso de recursos de procedencia ilícita, el gobierno puede decomisar y vender los bienes de cualquier persona, sin mediación de juicio ni sentencia de juez. Y si finalmente el acusado resulta inocente, no podrá recuperarlos. Esto viola el derecho de propiedad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Además de sus bienes, la dignidad de las personas debe ser respetada, y el Presidente desde su púlpito calumnia sin el mayor recato. Por razón de espacio no caben más ejemplos, pero éstos ilustran.
Para cometer impunemente tanto exceso, la 4T precisa anular toda resistencia social, y para ello... viola la Constitución. Artículo 8º: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición...”. Artículo 9º: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. Para suprimir la organización popular, el Presidente ha convertido en política de Estado no tratar con organizaciones, arguyendo que son intermediarias, corruptas, buscan moches, etc. Luis Miguel Barbosa negó el registro del Movimiento Antorchista Poblano como partido político estatal. Esto, en buen romance, se llama dictadura. Y es una dictadura de clase.
Se dice de izquierda, pero beneficia al gran empresariado (al menos a un sector), con jugosos contratos, mientras abandona a las Pymes, no hay despensas para los pobres, ni salarios solidarios, apoyo en pagos de energía eléctrica, etc. Más de diez millones caerán en pobreza. Y el autoritarismo se refuerza con la dictadura de la ley, con innumerables prohibiciones y endurecimiento de penas que, cual telaraña, atrapan al pueblo. Estamos, pues, ante la formación de un Leviatán que amenaza a todos los ciudadanos débiles. Pero ellos pueden convertirse en fuerza política y contenerlo. Querer... ¡todo es eso! Dijo el poeta.
En 21 día de funcionamiento la megafarmacia sólo surtió 67 recetas de las seis mil 364 solicitudes de medicinas. La SS no informa sobre el monto de la inversión ni exhibe contratos de compra, lo que habla de una “megaopacidad” en sus manejos financieros.
Barbosa es un hombre enfermo de poder; apenas subió “al ladrillo gubernamental” hace seis meses y ya se perfila como el gobernador más represivo de México.
López Obrador subrayó que, si se fortalece la integración económica, puede haber oportunidades de empleo para los migrantes.
Muchos de los actuales legisladores buscarán su reelección –según la reforma aprobada por Morena el pasado 18 de marzo– y este hecho disminuirá la oferta interna.
La dependencia que encabeza Javier May es la encargada de dispersar los principales programas sociales del gobierno.
Sicilia consideró que es tiempo en que se haga algo para detener la barbarie que vive el país porque de no hacerlo, no habrá marcha atrás.
El mensaje del Segundo Informe del presidente López Obrador fue una extensión de sus conferencias matutinas y, por lo mismo, fue armado con declaraciones optimistas y reiterativas.
López Obrador y su gobierno han sido cuestionados por los altos índices de violencia, y no sólo porque se mantienen, sino porque en su administración se han incrementado.
Miguel Barbosa está reprobado como gobernador y sin cumplir aún el primer año de su administración no ha podido echar andar políticas públicas que le aseguren un desarrollo económico y político favorables al estado.
Los calificativos del presidente son simplistas y reflejan intolerancia al trabajo de aquéllos que buscan llamar al poder a cuentas.
Hidalgo es uno de los estados más pobres de México, según datos oficiales el 52.8 por ciento de la población, alrededor de 1 millón y medio de hidalguenses, padece algún tipo de pobreza.
El diputado federal Rubén Moreira aseguró que la desaparición de los órganos autónomos de nada sirve si se utilizan los recursos en pago de pensiones y jubilaciones más justas porque es muy poco dinero.
Rodríguez ya ha colaborado con López Obrador. Cuando este fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, la funcionaria se desempeñó como directora general de Participación Ciudadana.
El año con más incendios forestales en el último cuarto de siglo fue 2023; pero 2024 podría superarlo.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó como impostergable el regreso voluntario de los estudiantes a las escuelas.
Cultura narco: reflejo estructural de un fenómeno sistémico
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Llevará a México hasta 30 años atender rezago en infraestructura escolar
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Generación de imágenes por medio de IA gastó más de 216 millones litros de agua
Escrito por Abel Pérez Zamorano
Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.