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Una de las características del sistema público de salud mexicano es su fragmentación. No es un sistema de salud universal y, por eso, no podemos atendernos en cualquiera de las instituciones de salud de manera indiferenciada; la atención depende de tu condición de trabajo. Por ejemplo, en los hospitales del IMSS sólo se atiende a quienes cuentan con un empleo formal y un seguro de salud otorgado en sus lugares de trabajo; en los hospitales del Ejército sólo se atienden los que pertenecen a éste o sus familiares, y en los hospitales del ISSSTE sólo se atiende a los trabajadores del Estado. El problema es que en nuestro país más de la mitad de la población no tiene seguro de salud y trabaja en la informalidad. Ésta fue la principal justificación para la creación del Seguro Popular.
El Seguro Popular (SP), creado en 2004, estaba destinado a atender a todas las personas sin seguridad social. Su población objetivo es la más amplia del país y la que más lo necesita. Funcionaba, fundamentalmente, con recursos de la Federación a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del Ramo 33. Estos recursos eran transferidos a las entidades, que decidían la política de distribución de los mismos. Pero los estados también destinaban parte de sus propios recursos a los sistemas estatales de salud.
El SP tenía graves problemas y deficiencias. En general, el presupuesto que el gobierno destina a la salud pública es insuficiente, comparado con otros países que sí cuentan con un sistema de salud universal y de calidad. Pero el dinero para el SP siempre resultó insuficiente para atender a toda la población objetivo con servicios de calidad. En 2018, último año de existencia del SP, el gasto anual per cápita fue, en términos redondos, de dos mil 700 pesos, mientras que en el IMSS fue de cinco mil 800 y en el ISSSTE de siete mil 900; además, sólo cubría mil 807 intervenciones, mientras que el IMSS y el ISSSTE cubrían ocho mil (CIEP). Esta insuficiencia en los recursos limitados hizo que las condiciones técnicas de los hospitales y clínicas del SP fueran mucho más precarias que en las otras dos instituciones.
Ante estos problemas, el gobierno morenista del sexenio pasado prometió que la atención de los mexicanos en el sistema público de salud sería universal. Ése fue uno de los argumentos para desaparecer el SP y sustituirlo, primero, por el fallido INSABI, y después por el IMSS-BIENESTAR. Pero ahora tampoco es posible para cualquier persona, sin importar su condición de empleo, atenderse en alguna de las instituciones que tiene el Estado a su cargo y sin importar el tipo de enfermedad que tenga. Si el enfermo no cuenta con seguro de salud, sólo puede atenderse en las clínicas del IMSS-BIENESTAR, como antes sólo podía hacerlo en las clínicas del SP. Y tampoco ahora se puede atender cualquier enfermedad en el IMSS-BIENESTAR. Lo único que hizo el gobierno morenista fue eliminar la lista de enfermedades que atendía el SP contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; pero el IMSS-BIENESTAR sólo atiende el 0.86 por ciento del total de enfermedades que atiende el IMSS, que son de primer y segundo nivel. Las escasas enfermedades de tercer nivel que atiende son las más costosas y catastróficas, y las costea a través del Fonsabi, pero sus recursos han disminuido dramáticamente, lo que en los hechos es negar la atención a la población sin seguro.
Por lo tanto, la “universalidad” no es más que una burda centralización en manos de la Federación de los recursos que antes manejaban los sistemas de salud estatales. Esos 23 estados han centralizado los recursos que antes recibían a través del FASSA y los sistemas estatales que antes pertenecían al SP pasaron a ser administrados directamente por el IMSS, es decir, se federalizaron. No fue más que una maniobra para recortar aún más los recursos que el gobierno necesita desesperadamente para continuar con sus programas de transferencia monetaria y para el pago de intereses de la deuda. En 2025, el FASSA recibió 54 mil 369 millones de pesos nominales menos que en 2024, mientras que el IMSS-BIENESTAR sólo aumentó sus recursos más o menos en 38 mil millones de pesos nominales con respecto al año anterior; los hospitales de alta especialidad están siendo ahorcados presupuestariamente; y la construcción de clínicas y hospitales se quedó muy corta con respecto a su antecesor.
La centralización se nos vendió como la universalización de la salud; pero los recursos son menores y no atacan los principales problemas que tenía el SP. La población mexicana que más lo necesita sigue sin atenderse adecuadamente, pagando ingentes cantidades de su bolsillo a clínicas privadas, sufriendo el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, y la desigualdad regional de cobertura de hospitales se mantiene. Lo que han hecho con el sistema público de salud de México es sólo una pequeña manifestación de lo que realmente es el gobierno morenista. Debemos estar atentos y contrastar los dichos con las acciones de la 4T, que no son propias de un gobierno verdaderamente popular.
En promedio, el costo semanal de la canasta básica en el país asciende a 910 pesos.
“Según sus cifras [del presidente López Obrador], la IED que se registró a fines de su primer año de gobierno, 2019, fue la mayor desde 2013. Eso es falso”.
El costo del jitomate supera los 80 pesos el kilo y la cebolla oscila entre los 40 y 50 pesos.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó sin ninguna modificación el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2019
El Banco Mundial (BM) rebajó su perspectiva de crecimiento económico para México en 2023, mientras aumentó ligeramente la tasa estimada para este 2022.
Antes de la pandemia por Covid-19, el precio de la tortilla rondaba los 10 pesos; en los últimos meses este alimento ha alcanzado los 23 y hasta 30 pesos.
La sesión del jueves inició minutos después de las 00:00 horas, luego de un receso de 13 horas, donde fueron aprobadas la Ley de Ingresos, la Ley de Egresos, así como el Código Fiscal para el Ejercicio Fiscal del próximo año.
Las estadísticas indican que en diciembre de 2021 se necesitaron mil 958 pesos para adquirir la canasta alimentaria; en este julio la misma canasta se elevó a dos mil 46 pesos.
Una de las características del sistema público de salud mexicano es su fragmentación. No es un sistema de salud universal y, por eso, no podemos atendernos en cualquiera de las instituciones de salud de manera indiferenciada; la atención depende de tu condición de trabajo.
Sólo se ha recuperado el 30% de los comercios, que corresponde a las grandes tiendas, ya que éstos pueden financiar la reconstrucción de sus negocios, mientras en el grueso de los comerciantes (70%) se encuentran los pequeños empresarios, afirmó José de Jesús, presidente de la CANACO.
El phishing, el spoofing, y el uso de deepfake, son sólo algunos de los fraudes que han desarrollado los delincuentes con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para suplantar identidades y, con ello realizar estafas románticas o fraudes que afectan la economía de las víctimas.
La Economía, como campo del conocimiento, es un abigarrado conjunto de teorías.
Según el Índice de Confianza del Consumidor presentado por el Inegi, durante el octavo mes de este año, el nivel de confianza repuntó en 0.3%
La medida entrará en vigor el 1 de febrero y será válida hasta el 1 de julio de 2023. La fecha de la prohibición del suministro de petróleo.
A pesar de que la Profeco ha recalcado que los precios de la tortilla (17.20 pesos) se mantienen a nivel nacional, lo cierto es que en varios estados fronterizos han llegado a venderla hasta en 27 pesos el kilo.
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Se reinventa la ultraderecha y gana poder global
Escrito por Gladis Eunice Mejía
Maestra en Economía por la UNAM.