Buzos analiza esta semana el tema de la reciente aprobación en el Senado de la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Dos reportajes abordan el acontecimiento y coinciden en los puntos esenciales: se refieren, en primer lugar, a la situación de la vivienda, a una demanda insatisfecha de cerca de 10 millones de familias, lo que representa más de 50 millones de mexicanos, alrededor de la mitad de la población actual del país.

Obligadamente, se habla de la falta de certeza del proyecto, anunciado por el gobierno actual, de edificar un millón de viviendas para atender este grave problema; y salta a la vista la conclusión de que al término de este sexenio la crisis habitacional se habrá agravado, a pesar de todas las facilidades y ventajas de que habla el gobierno y que, según él, beneficiarían a los usuarios.

En segundo lugar, se muestra la relación de este proyecto con la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit; el contenido de ésta, su origen y sus objetivos, tanto los declarados (desde el gobierno de AMLO), como los que han sido revelados por la iniciativa misma y a través de las modificaciones concretas a la Ley del Infonavit; así como los que ha evidenciado el análisis de líderes obreros y legisladores contrarios a la mencionada reforma.

La relación estrecha entre el “megaproyecto” de vivienda de la 4T y la reforma a la Ley del Infonavit, dice el análisis, es económica, financiera y tiene que ver con la administración de los recursos monetarios del Instituto, con los ahorros de los trabajadores y sus cuentas individuales de vivienda. Ahora, estos recursos (que ascienden a más de dos billones de pesos) los manejará el gobierno de la 4T; las decisiones de todo tipo en el Infonavit ya no las tomará, como antes, una asamblea tripartita de trabajadores, empresarios y gobierno; las decisiones las tomará el gobierno, porque la asamblea, la dirección del Instituto, los comités y otros órganos directivos quedaron bajo el dominio del gobierno morenista. La iniciativa de reforma modifica toda la estructura de mando en el Infonavit y otorga el control a la parte gubernamental.

Esto fue lo que aprobaron los senadores y más concretamente la mayoría morenista del Senado; y éste es el tema central que se detalla esta semana en sendos reportajes complementarios.

Sólo añadiremos que nada de esto es nuevo, sino la continuación de la política de la 4T que ya estaba anunciada por analistas; era lo esperado: más reformas constitucionales para eliminar todo obstáculo a los objetivos del Gobierno Federal. Lo único nuevo, podríamos afirmar, es la comprobación práctica de lo anunciado; porque los legisladores morenistas aprobaron la iniciativa como una orden.

El contenido de cada una de las reformas constitucionales también es algo muy conocido: sectores importantes resultaron afectados con cada reforma, sea energética, judicial o, como en este caso, la población mayoritaria, esto es, los trabajadores, a quienes se ha asestado un duro golpe al despojarlos del dominio sobre sus propios ahorros para la vivienda sin siquiera convocarlos a una consulta.

El paso siguiente es la aprobación de esta reforma en el Congreso de La Unión, donde la aplanadora morenista ya se prepara a tal efecto. Mientras tanto, y hasta el cierre de la presente edición, la inconformidad de los trabajadores, centrales sindicales y legisladores de oposición, se venía extendiendo.