Al ambiente de incertidumbre económica generado por las elecciones generales de este año, se suma el evidente objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que Claudia Sheinbaum gane a cualquier costo las votaciones del próximo dos de junio de 2024.

La inquietud de que la economía nacional se mantenga este año en el mismo nivel de bajo crecimiento del pasado inmediato fue el objeto del análisis de los académicos especializados durante el foro Expectativas Macroeconómicas en México 2024, organizado el dos de noviembre de 2023 en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

“Se viene fuerte y difícil; las expectativas son de crecimiento, pero no al nivel deseado, lo fuerte o pesado es con relación a un año que tendrá un proceso político, y eso hará ruido en las políticas públicas que aplicará el gobierno a presente y futuro”, reveló el doctor Samuel Bernal Lara, director del departamento Académico de Ciencias Económicas y Contables de la UAG.

El pasado nueve de noviembre de 2023, el grupo legislativo de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) aprobaron un desbordante gasto electoral para 2024 dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2024).

El monto del PEF 2024 es de nueve billones 66 mil 46 millones de pesos (mdp), 4.23 por ciento superior al de 2023, que fue de 8.3 billones de pesos, del que se dispondrá un gasto sin precedentes para los programas sociales del “bienestar”, la mayoría de los cuales consiste en el reparto de dinero público en efectivo sin reglas de operación, rendición de cuentas, ni evaluación técnica de sus resultados sociales.

Por ello, políticos de oposición y especialistas han cuestionado reiteradamente estos programas y denunciado que el objetivo no es mejorar la situación socioeconómica de los beneficiarios, sino comprar su voluntad política en favor de candidatos morenistas y enaltecer la figura pública del Presidente.

Esta visión crítica es compartida incluso por algunos militantes destacados de Morena. Poco antes de que se efectuara una encuesta para elegir al candidato presidencial del partido oficial (figura política camuflada con la de “coordinador de la transformación”), un grupo de diputados federales morenistas seguidores de Marcelo Ebrard denunció, el 17 de agosto de 2023, el uso de recursos públicos para apoyar a la precandidata Sheinbaum, quien finalmente fue nominada.

“Denunciamos el uso de recursos públicos y de las estructuras gubernamentales para beneficiar a Claudia Sheinbaum en la encuesta, donde se elegirá al próximo Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación”, demandó el grupo de legisladores morenistas, entre ellos Inés Parra, Selene Ávila y Emmanuel Reyes.

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, otro de los aspirantes a la candidatura morenista, denunció la organización de “brigadas de apoyo” en favor de Sheinbaum desde la Secretaría del Bienestar y el uso de recursos públicos para favorecerla.

“Nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita; no habíamos visto tanta paga de encuestas falsas… están utilizando las brigadas para decir a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental”, lamentó Ebrard.

La diputada Inés Parra fue quien, el 18 de agosto de 2023, denunció a la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de la República (FGR), por la comisión de los delitos de peculado, cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones por un monto de seis mil millones de pesos.

Consultado por buzos en octubre de 2023 sobre el abierto activismo electoral del Presidente, el académico en derecho y analista político José Luis Espinosa, advirtió: “el discurso va por un lado y la realidad va por otro; en el discurso afirma democracia, respeto a las instituciones y las leyes, y en los hechos es todo lo contrario. 

“El Presidente perdió todo pudor político y no hay ninguna duda para nadie de que la candidatura de Sheinbaum fue decidida por él. Podrá decir que las encuestas y lo que quiera, pero para todo mundo, dentro y fuera de México, fue él quien la señaló como su sucesora. Lo demás fue un disfraz, una simulación y eso es absolutamente claro”.

En esa entrevista, Espinosa habló también sobre el uso de “todos los recursos del Estado y los programas gubernamentales en favor de su candidata sin ningún tipo de pudor ni de cortapisas; no se detiene ante nada y va a tratar de actuar con aquello que combatió toda su vida, con autoritarismo… él señaló al autoritarismo priista y gubernamental por años y hoy se convierte en la peor versión de lo que denunció”.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, comentó, el 21 de agosto de 2023, que más allá de las denuncias de Ebrard sobre el uso ilegal de recursos públicos para beneficiar políticamente a Claudia Sheinbaum, desde hace meses, la oposición ha recabado información y denunciado ese tipo de actos.

“Aquí, en este espacio, les hemos mostrado cómo desde el Gobierno Federal han usado programas sociales para llenar los eventos de Morena; cómo han usado ilegalmente recursos públicos para bardas, lonas, panfletos y espectaculares. Incluso, cómo han utilizado a las estructuras del propio gobierno para promover el voto a favor de Morena en procesos electorales anteriores”.

López Rabadán denunció también el abierto apoyo de Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, a Sheinbaum mediante los “servidores de la nación”, un equipo de empleados “milusos” que el gobierno de Morena utilizó para promover la imagen de la exregenta de la Ciudad de México (CDMX) cuando se decidió la “encuesta” en que perdió Ebrard.

“¿Si son capaces de romper la ley para atacarse entre ellos?, ¿de qué no serán capaces en la elección del próximo año (2024)?”, planteó la legisladora panista.

Recortes y mayor gasto electoral 

En su análisis sobre el PEF 2024, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) explicó que se aplicarán tres billones 756 mil mdp, correspondiente al rubro “desarrollo social”, que conforman los programas del “bienestar”, cuyo monto aumentó 7.6 por ciento con respecto a 2023 y equivale al 41 por ciento del gasto público integral.

El estudio detalla que los ocho programas sociales dispondrán de 646 mil 785 mdp más del que tuvieron en 2023, cifra equivalente al 21 por ciento; y que las pensiones para los adultos mayores se incrementarán 30.8 por ciento, porque pasarán de cuatro mil 800 a seis mil pesos en 2024.

En contraste con este aumento monetario de evidente intención electoral, el Presidente y su partido recortaron cinco mil mdp al presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE); y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le asignaron sólo tres mil 623 mdp, cuando en los comicios de 2018 contó con cinco mil 264 mdp.

Además, también le redujeron seis mil 465 mdp al presupuesto del Poder Judicial, que será de 78 mil 327 mdp, monto 3.6 por ciento menor al de 2023 y el más bajo del actual sexenio. Otras instituciones autónomas encargadas de ejercer contrapesos ante el Poder Ejecutivo para evitar el abuso de poder, perdieron cinco mil 160 mdp por reducciones y en total únicamente 74 mil 838 mdp.

En su informe Presupuesto 2024: una grieta en el Pacto Fiscal, emitido el 16 de noviembre de 2023, la organización civil México Evalúa afirma que “por primera vez en cuatro sexenios el total de recursos que la Federación otorga a los estados sufrirá una reducción frente al cierre del sexenio anterior. Esta caída no sólo limita la capacidad de las entidades federativas para cumplir con sus obligaciones, sino que podría generar cuestionamientos sobre el cumplimiento mismo del Pacto Fiscal”.

Esta figura política se refiere al convenio establecido entre los gobiernos de las 32 entidades del país con el Federal para que se recauden en todo el territorio los impuestos federales y luego se redistribuya el dinero entre ellos de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.

“Durante el sexenio de Vicente Fox, el Gasto Federalizado tuvo un incremento de 41.4 por ciento en seis años; mientras que, con Calderón, el incremento fue de 24.9 por ciento y con Peña de 14.8 por ciento. Pero, los 2.55 billones de pesos que la Federación se propuso entregar a las entidades en 2024 será uno por ciento (25 mil mdp), en términos reales inferior a lo que recibieron en 2018. Este punto de inflexión podría agrietar también el Pacto Fiscal”, advierte la organización civil.

En todo el sexenio, el gobierno de AMLO ató de manos a las administraciones estatales y, en 2024, les quitará seis mil 300 mdp, si es que no les aplica más reducciones durante este año.

Alerta en las finanzas públicas

Los especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) alertaron, el 17 de octubre de 2023, sobre el desproporcionado aumento en el gasto destinado a pensiones del “bienestar”, que fue de 28.5 por ciento y por no ser “contributivas”, porque son financiadas directamente con dinero público y arriesgan los ingresos públicos que ya están debilitados.

Los especialistas del IMEF explicaron que en el PEF 2024 se destinan casi dos billones de pesos a las pensiones en general, monto equivalente a 28.5 por ciento con respecto a 2023, porcentaje demasiado contrastante con el siete por ciento de las pensiones “contributivas” o laborales provenientes de las aportaciones de los trabajadores, de empresarios y gobierno, cuyos fondos son administrados por la Afores.

Con el aumento del 20 por ciento al salario mínimo a partir de este 1° de enero, su monto diario es de 248.9 pesos y de siete mil 467 mensuales (el de 2023 era de seis mil 223 pesos); pero como es aplicable a los trabajadores con empleo formal, sólo beneficia a 6.4 millones de los 61 millones de la Población Económicamente Activa (PEA) del país y no aplica para los empleados que trabajan en empresas con colectivo, que obtuvieron incrementos entre el 3.5 y 4.5 por ciento, explicaron los especialistas.

Pero los marginados de los aumentos salariales y de las prestaciones sociales plasmadas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) son los trabajadores informales que no reciben ingresos fijos y estables, servicios de salud, ni prestaciones sociales, ya sea como autoempleados en el comercio informal o como trabajadores de empresas establecidas, quienes suman 32.6 millones (el 61 por ciento de la PEA), según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualizado el 27 de noviembre de 2023. 

También en noviembre pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reportó que el precio de la canasta básica alimentaria mensual por persona en el medio urbano –donde se asienta la mayoría de la población– registró un alza de 5.3 por ciento, ya que pasó de dos mil 112 pesos en octubre de 2022 a dos mil 224 pesos en octubre de 2023.

El mismo reporte informó que, en el tercer trimestre de 2023, el número de mexicanos en pobreza laboral (es decir, quienes tienen un ingreso inferior al costo de una canasta básica), llegaba a 48.3 millones, cifra casi 12 millones mayor a la del primer semestre de 2020 (36.6 millones) y equivalente a 37.3 por ciento de la población nacional del año pasado.

Durante la más reciente celebración del Día del Trabajo, el 1° de mayo de 2023, el IMCO publicó el análisis Avances en la calidad laboral durante este sexenio, en el que precisa que “la falta de seguridad social y prestaciones laborales que caracterizan a la informalidad laboral aún afecta a más de la mitad (55.1 por ciento) de la población ocupada, un nivel similar al observado a principios de la administración (56.5 por ciento).

“En lugar de reducirse, la informalidad se extiende conforme más personas se incorporan cada año al mercado laboral, por lo que en el cuarto trimestre de 2022 hubo 1.9 millones de trabajadores en informalidad más que en el mismo periodo de 2018”.

Y además, la inflación 

El pasado siete de diciembre, la agrupación civil México ¿Cómo Vamos? destacó que la inflación general se incrementó en noviembre de 2023, y se ubicó en 4.32 por ciento, apenas ligeramente superior al 4.26 por ciento reportado en octubre, pero que se mantiene lejos de la meta del tres por ciento “prometido” por el gobierno para 2024.

La organización destacó, además, que los precios de los alimentos subieron 4.98 por ciento en promedio respecto a octubre, cuando se ubicaron en 4.54 por ciento y que los productos más afectados por el alza fueron los de mayor consumo de tortilla, frijol, huevo y servicios domésticos como la electricidad.

“Esta situación aún es preocupante, ya que cuatro de cada 10 mexicanos se encuentran en situación de pobreza laboral”, escribió la agrupación civil; es decir, trabajadores sin ingresos suficientes para comprar la canasta básica.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza precisó que los “programas gubernamentales de transferencias monetarias no tienen cobertura universal; de hecho, seis de cada 10 hogares de menores ingresos (deciles I a IV) están excluidos y no reciben estos programas (61 por ciento)”.

Consultada por buzos, Inés González Nicolás, socióloga especializada en derecho laboral egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinadora de la Red de Mujeres Sindicalistas, reportó: “cada año viene la cuesta de enero y nos enfrentamos a nuevas necesidades, a nuevos precios; hay gente abusiva en el comercio que sube los precios como quiere, a pesar del control de precios. Claro que enero será un mes en el que vamos a experimentar las alzas de los precios de la canasta básica”.

“Mi visión es, desde una perspectiva sindicalista, y lo veo así, porque seguimos luchando por conseguir salarios dignos; pero nunca será suficiente, porque suben el salario y enseguida los mercaderes dicen: ¿Hubo un incremento salarial?, entonces incrementemos los precios”.

En su reporte Panorama económico de cara a 2024, difundido el 27 de noviembre de 2023, analistas del IMEF anticiparon una desaceleración sensible en el crecimiento en 2024, que alcanzará 2.1 por ciento, más de un punto inferior al 3.4 por ciento logrado en 2023.

Explica que esto ocurrirá debido a “diversos factores que generan incertidumbre e incluso preocupación”, entre los que enunció la falta de certidumbre económica y los problemas políticos que, desde ahora, están provocando los actores de las elecciones generales del dos de junio de 2024.