La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
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El Presidente de la República se encuentra ante la alternativa de actuar como un estadista que garantice, en 2024, un proceso electoral democrático, equitativo y transparente o comportarse como jefe de partido, dispuesto a hacer ganar a sus candidatos, sin importar el costo, por la buena o a la mala; todas las opiniones consultadas por el Reporte Especial de esta semana coinciden (y se basan en hechos contundentes) en que AMLO y la “Cuarta Transformación” (4T) elegirán la segunda opción: hacer ganar la Presidencia al partido Morena a cualquier precio.
Los hechos que sustentan esta opinión son muy conocidos: la campaña morenista desde el poder, que comenzó, afirman, en diciembre de 2018 y no ha parado; la descalificación de los partidos opositores con graves acusaciones que no fueron probadas; el combate en contra de las autoridades electorales para lograr someterlas; la violación de leyes electorales (artículos constitucionales, leyes reglamentarias, etc.); la implementación ilegal de campañas, atropellando disposiciones de los órganos electorales; la designación de candidatos camuflados (corcholatas y “Coordinadora de la Defensa de la Transformación”); la actitud permisiva ante las violaciones a la ley por parte de sus destapados (funcionarios públicos en campaña electoral y uso indebido de recursos públicos); y el feroz ataque en sus conferencias matutinas a todos los candidatos y partidos opositores.
Éstos son algunos de los hechos que sustentan la opinión de investigadores, analistas y dirigentes de partidos políticos que aseguran que la actitud de la 4T será sin duda inclinar la balanza en favor de Morena. Entre estas opiniones sobresalen algunas que no sólo advierten que la campaña de AMLO y lo que se avecina ya se encuentra en marcha; políticos e investigadores se manifiestan públicamente y advierten que debemos esperar una elección de Estado, es decir, la imposición de un Presidente de la República desde el Poder Ejecutivo.
La injerencia del poder político en el proceso electoral ha sido uno de los mecanismos más conocidos por los mexicanos; algunos aseguran que en este sexenio la compra de votos comenzó desde el principio y que para eso han servido los programas sociales, los apoyos para el bienestar, los recortes presupuestales y la supresión de fondos y fideicomisos.
No falta quien exprese la inquietud o temor de que, en el desarrollo de las elecciones más grandes de la historia, la 4T eche mano de la fuerza pública, de la guardia nacional y del Ejército para garantizar, durante los comicios, su libre intromisión en el manejo de boletas, urnas y funcionarios de casilla.
Éstas son, desde luego, sospechas y temores; pero hay algo cierto: una elección de Estado, es decir, una intervención indebida del Estado está en proceso, una intervención ilegal pero impune en los asuntos que competen solamente a los ciudadanos.
La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
Esta campaña confirmó que, en EE. UU., corporaciones y megamillonarios pueden comprar una elección.
Las elecciones ponen al descubierto todas las contradicciones acumuladas dentro del Estado judío.
Un INE debilitado por sus conflictos internos y encabezado por una persona sometida a intereses partidistas sería un riesgo para todos.
En campaña, Netanyahu defendió una política de seguridad centrada en contener la influencia iraní y destacó su coordinación con el presidente estadounidense Donald Trump.
La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que se revisarán las áreas directivas y los procedimientos de contratación.
El senador brasileño llegó a Estados Unidos tras perder las elecciones frente a Lula da Silva y difundió una carta en la que denuncia un supuesto fraude electoral, acusa al Poder Judicial de persecución política y promete encabezar la oposición desde el extranjero.
Ariadna Montiel anunció acciones legales por daño moral, calumnias y violencia política de género, además de una denuncia electoral contra la gobernadora de Chihuahua por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027.
Las diez consejerías que permanecen en el Consejo General acordaron su designación por consenso; estará al frente del organismo entre cinco y seis semanas, mientras la Cámara de Diputados define a la nueva titular.
La gobernadora interrumpió la ceremonia por los 50 años del Tecnológico estatal para reclamar a un grupo de alumnos que conversaba y exigir que alguno se pusiera de pie para disculparse.
El alcalde de Querétaro fue designado coordinador estatal de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” y se perfila como la carta panista para 2027.
Lula ha conseguido un cuarto mandato a pesar de la presunta injerencia de EE. UU. y de las compañías tecnológicas en el proceso electoral brasileño.
Los republicanos tienen miedo y los demócratas ven la oportunidad y la esperanza de que en las elecciones del tres de noviembre tomen el control de la Cámara de Representantes o del Senado.
El Partido Verde no reconoce a Clara Luz Flores como coordinadora de la 4T en Nuevo León y advierte que podría competir sin Morena en 2027.
El partido gobernante registra 46% de intención de voto, frente a 8% del PAN, 6% del PRI y 5% de MC, según una encuesta nacional de El Financiero. El estudio también reporta 31% de personas sin una preferencia partidista definida y 52% de confianza en el INE.
Escrito por Redacción