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Varias asociaciones civiles han estudiado la creciente inseguridad pública en el país, seguido de cerca a la Guardia Nacional (GN), corporación creada para garantizar la seguridad ciudadana y han observado el proceso de gradual intervención de las fuerzas armadas en la vida pública, es decir, la participación de los militares en actividades normal y tradicionalmente desempeñadas por civiles; estas asociaciones coinciden en que el proceso de militarización impulsado por el ahora expresidente AMLO no disminuyó la inseguridad pública; sostienen también que a partir de la creación de la GN no se ha observado ninguna mejoría, sino un agravamiento del problema de la inseguridad ciudadana y expresan una seria preocupación por los riesgos que implica el hecho de que la GN haya quedado bajo el mando de las fuerzas armadas, concretamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército, tal como propuso AMLO durante su gestión, se encargará de la seguridad pública, que se había considerado siempre como un asunto civil, tanto en México como en la mayoría de los países civilizados, democráticos.
A fines de septiembre fueron aprobadas todas las reformas enviadas por AMLO al Congreso de la Unión, donde la mayoría calificada funcionó como un mecanismo bien aceitado al servicio del Poder Ejecutivo y todas las iniciativas de AMLO fueron aprobadas, con lo que la GN se convirtió, oficialmente, en una corporación militar. En realidad, esto ya estaba aprobado desde antes por los legisladores morenistas.
Pero la militarización del país no consiste en convertir a la GN en guardia militar, es un proceso algo más complicado: consiste en que los militares administren y operen asuntos de la competencia del Gobierno Federal y también de carácter civil que desde ahora pueden estar a cargo de efectivos del Ejército. Esto contradecía algunos lineamientos contenidos en la Carta Magna, en artículos que definían las funciones de las fuerzas armadas del país; sin embargo, todas estas dificultades fueron previamente eliminadas por las reformas de AMLO, que modificaron aquellos artículos que se oponían al manejo civil de los asuntos públicos.
Los asesores de AMLO seguramente más versados en la materia, y muy probablemente sus asesores militares, previeron todo y la militarización, que ya estaba en marcha durante el sexenio, podrá continuar muy campante, salvo que el nuevo gobierno dé un viraje inesperado y evite que se conviertan en realidad los riesgos de la militarización que los analistas de las asociaciones civiles advierten, por ejemplo el atropello a los derechos humanos por parte de la GN militarizada, así como los enfrentamientos entre los guardianes de la seguridad pública y las bandas criminales. Éste es el tema que aborda esta semana nuestro Reporte Especial.
Carente de todo fundamento constitucional y legal y que por si mismo parece más una herramienta de persecución política.
De acuerdo con analistas de Banco Base, los mexicanos terminarán más pobres que en 2018.
El Movimiento 20-32 (M-20-32) está en pie de lucha y luego de seis meses de intensa movilización, está mejor posicionado porque logró el registro legal del SNOI, lo que representa un segundo paso en el proyecto de construir una federación.
La organización civil agregó que históricamente, la mayor cantidad de los menores desaparecidos en México son mujeres, así se confirma con estadísticas que van del 2005 al 2023.
“Es increíble que el gobierno de la 4T no haya alertado a la población civil sobre la intensidad 5 del huracán; López Obrador y la 4T eliminaron el FONDEN dejando abandonados a los mexicanos a su suerte”, denunciaron diputados de oposición.
El estudio de la Coparmex también señaló que la creciente inseguridad ha ido acompañada de una militarización de la seguridad pública.
Si la Carta Magna no tiene el máximo valor, y si quien juró guardarla y aplicarla no lo hace, entonces la República está en sus peores días... Este debilitamiento sistemático puede llevarnos, incluso, a largo plazo, a un Estado fallido, advierten analistas.
Fue durante el mandato del actual jefe del Ejecutivo que fue visible el fortalecimiento presupuesto de las Fuerzas Armadas y el simultáneo debilitamiento de las policías locales.
Si la población se sujeta cada vez más a estos apoyos, de transferencias monetarias, es porque con su trabajo no puede hacerse de lo más indispensable.
En el primer semestre de 2020, La Paz fue considerado foco rojo en la Zona Metropolitana de la CDMX, porque concentró el mayor índice delictivo de robos con violencia.
Un cambio de política, una nueva época parecía iniciarse; pero las pruebas de que el partido ganador era de la misma naturaleza que todos los anteriores pronto comenzaron a manifestarse
"Con el presupuesto de egresos 2021 se condena a los pobres de este país a vivir en la más grosera marginación y en el peor de los atrasos".
La FNERRR denuncia nulas políticas en el sexenio para resolver la crisis educativa.
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Al igual que sus antecesores, el gobierno de López Obrador no actúa para resolver los crímenes contra los periodistas.
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Escrito por Redacción