La más reciente reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fue aprobada fast track por el pleno del Senado el pasado 13 de diciembre, es decir, sin tiempo suficiente para estudiar la iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo, sin consultas al público ni a las entidades involucradas en la administración del Fondo, ni mediante un estudio diagnóstico.

Esta reforma incluyó una nueva facultad para el instituto: la de intervenir directamente en la construcción de viviendas; pero impuso modificaciones en la conformación de su asamblea, donde en adelante el gobierno tendrá mayoría en lugar del “tripartismo”, característico del Infonavit desde su creación.

Inicialmente, todas las modificaciones generaron inconformidad y el rechazo de los legisladores opositores, así como de 24 organizaciones sindicales que advirtieron que la medida representa un riesgo para los trabajadores y sus recursos monetarios ahorrados, que suman alrededor más de dos billones de pesos (bdp).

En estas reformas a la Ley del Infonavit destaca una argumentación del verdugo, que embellece la acción de la guillotina –valga la metáfora– del aparato gubernamental. En este caso, la explicación usada para justificar las medidas aprobadas en el Senado, es decir, el gancho, como en las ofertas del supermercado, fue la promesa de que las familias trabajadoras podrán tener una casa en menor tiempo, con el menor esfuerzo. Pero como describen los clásicos, adentro del rico pan se esconde la ponzoña, el anzuelo. Porque, en efecto, el Gobierno Federal planteó el gancho amigable primeramente: “Anuncia la presidenta Sheinbaum la construcción de un millón de viviendas nuevas”, “con el fin de abatir el rezago habitacional en el país y con el enfoque de garantizar un derecho de la población”.

Y en seguida, los detalles también amigables: Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), detalló, durante una “conferencia mañanera”, que “las viviendas nuevas estarán destinadas principalmente a mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores”.

La misma funcionaria indicó que una parte de las viviendas serán dedicadas a la renta, con precios asequibles, y cuyos importes se podrán abonar a capital, lo que significa que el trabajador usuario del Infonavit podrá hacer un contrato para vivir en la casa mientras la liquida poco a poco con el pago del alquiler.

El gobierno de Claudia Sheinbaum difundió que su plan consiste en la edificación de un millón de viviendas en el presente sexenio, de las que 50 por ciento estará a cargo del Infonavit y el otro 50 por ciento, de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Pero ¿y entonces dónde está el veneno?

El veneno dentro de la manzana

Los planteamientos de la oposición en el Senado abundaron en cuatro críticas hacia la reforma constitucional.

La primera de ellas, y la más grave, en palabras del senador panista Ricardo Anaya Cortés, es que la mayoría morenista le está dando facultades al Infonavit: “vean el Artículo 42°, de disponer de los recursos bajo su administración”, facultad con la que, hasta antes del 13 de diciembre, no contaba el Infonavit. “¿Qué significa esto? Que, hasta el 30 de septiembre, el Infonavit dispone de 2.4 bdp que no son suyos, que son (propiedad) de los trabajadores, son esos 200, 300, 400 mil pesos que tiene la gente en su subcuenta de Vivienda”. Anaya fustigó a la mayoría morenista porque, en la presente reforma legal, estaba promoviendo que el Infonavit tomara esos recursos, los 2.4 bdp, pertenecientes a los trabajadores.

La segunda crítica, siguió Anaya Cortés: “ustedes colonizan al Infonavit. Fíjense bien. Había una Comisión de Vigilancia, con nueve integrantes: tres representantes de los trabajadores, tres de los patrones y tres del gobierno. Había un equilibrio”. Sin embargo –Artículo 17°–, sigue habiendo nueve integrantes, pero ahora son cinco del gobierno (“mayoría”) y le dejan dos a los trabajadores y dos a los patrones. “Control total del gobierno en la Comisión de Vigilancia, porque con esos 2.4 bdp pueden hacer lo que se les pegue la gana”.

Artículo 18°-bis (Comité de Auditoría), lo mismo: antes eran tres integrantes; y era uno de los trabajadores, uno de los patrones, uno del gobierno. Y ahora lo modifican y queda uno para los trabajadores, dejan uno para los patrones; y toma el control el gobierno.

La Dirección General: antes, la Asamblea General nombraba al director general a propuesta del Ejecutivo. Ahora es directamente el Ejecutivo.

El Comité de Transparencia, “lean el (Artículo) 25°-bis: antes eran tres, uno de los trabajadores, uno de los patrones y uno del gobierno. Ahora: uno de los trabajadores, uno de los patrones, y tres del gobierno”.

Tercera discrepancia con la mayoría

Quitan los controles prudenciales: antes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía una facultad, basta revisar la fracción 3ª del Artículo 66° de la Ley vigente, donde decía: “supervisará y vigilará que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas”. “¡Lo eliminan!”. Pues resulta que ahora el Artículo 66° quita cualquier facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le dan todas las facultades al gobierno, concretamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Y la cuarta crítica de la minoría contra la mayoría en el Poder Legislativo: esos 2.4 bdp pertenecen a los trabajadores y son la suma de lo que cada uno de ellos tiene en la subcuenta de Vivienda. “Dijeran ustedes, es que el agrónomo (Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit y ex director general de Petróleos Mexicanos) es un gran administrador… nomás que es el mismo señor que quebró a Pemex. Solamente Pemex Refinación perdió 900 mil millones de pesos (mdp) durante el sexenio pasado, es decir, la mitad del total del dinero de los trabajadores en sus subcuentas de Vivienda. Están entregando el control total y absoluto a ese señor, sin contrapesos, borran de un plumazo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, borran de un plumazo a los trabajadores y a los representantes patronales para darle todo el control al gobierno”, denunció el senador de Acción Nacional. 

La CRT Advierte peligros por imposición autoritaria

Al respecto, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT), Jesús Valencia Mercado, advirtió que tienen coincidencia con el grueso de las organizaciones gremiales. “Nuestra posición consiste en que no estamos de acuerdo en la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit, ni en el contenido de los artículos modificados ni en la forma en que se realizó”. Como se sabe, el viernes 13 de diciembre se votó en el Senado, casi inmediatamente después de que recibieron la iniciativa del Ejecutivo, por 68 votos a favor contra los 29 de la oposición. Se trató, según el dirigente obrero, de “un albazo”, ya que la aprobación se efectuó fast track, porque obedecieron sin chistar el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin considerar que en el Infonavit todavía se muestra paridad en la representación de obreros, patrones y gobierno. 

“Pretendieron sorprender a los diferentes sectores sin ninguna consulta, pero se sabe que la reforma todavía tiene que pasar en febrero con los diputados; y que ahorita se encuentra en modo standby”. El rasgo más llamativo de esta reforma, afirmó, es el anuncio de que se construirá un millón de viviendas, de las cuales se realizarán 125 mil en el presente año. “Sin embargo, están buscando que todo esto se haga de manera discrecional, a su antojo; porque el gobierno está creando una empresa filial, ya no como Infonavit, es decir, que buscan ya no responder públicamente, porque se sabe que toda empresa responde sólo ante sus socios”, explicó el secretario general de la CRT.

Valencia advirtió otro peligro, “se van a congelar los créditos hipotecarios, muchos de los cuales vienen desde 2010, pero no se sabe, porque no se ha establecido de forma clara hacia dónde van, qué va a ser de ellos”. En este punto, estamos en la total incertidumbre. Y es algo que no podemos ignorar, porque esos créditos tienen nombre, un deudor y un acreedor, destacó el entrevistado.

Hay un detalle que tiene el aspecto de ser positivo, reconoció; se ha difundido que, después de un año de cotización, los trabajadores podrán acceder a viviendas en arrendamiento; pero todo esto no parece estar controlado. ¿Por qué? “Porque, además, entre las reformas al Infonavit se estipula una reducción de los integrantes de los comités que conforman el Máximo Órgano Regulador, de 45 a 30 integrantes entre empleadores, trabajadores y representantes gubernamentales. La mayoría aplastante pertenece al gobierno; igual que en el Comité de Vigilancia, Transparencia y Auditoría, donde la integración de los representantes obreros y patronales también quedará reducida a una mera presencia testimonial, sin posibilidad de decidir nada”, señaló Valencia Mercado, quien además hizo la observación de que en la Ley todavía vigente, la presidencia es rotativa, “pero esta responsabilidad ya quedó fija en un integrante que será nombrado directamente por el gobierno”.

En resumen, a decir del dirigente de la CRT, esto ya queda fijo “y es una decisión muy autoritaria que fuera el gobierno el que asumiera el control total de los órganos de dirección, sin haberlo sometido a la discusión con nadie, con ninguna de las partes involucradas”. Igual con las modificaciones a la Ley; pero también la congelación del crédito hipotecario que representa un despropósito, porque ¿cómo se recuperaría el crédito? ¿Alguien pensó en eso?, cuestionó el entrevistado.

Asimismo, estamos ante las nuevas facultades que tendrá en adelante el Infonavit, que podrá comprar tierra, contratar servicios, celebrar contratos con operadores de la construcción, facultades para rentar, etcétera, a su antojo, sin que nadie lo cuestione. 

“¿Qué implica todo esto? El manejo discrecional de los recursos pertenecientes a los trabajadores, porque en el fondo pretenden darle incluso un manejo electoral” a estas nuevas ventajas adquiridas por el Gobierno Federal, sostuvo Valencia Mercado.

“Como central obrera, al igual que todos los que representamos a los trabajadores, tenemos la obligación de denunciar estas maniobras, estos riesgos”, concluyó el dirigente: “Seguiremos alzando nuestra voz para que se erradiquen estos despropósitos, insistiremos en que el gobierno debe reconsiderar, y así lo llevaremos a diferentes foros”, sentenció.

Rechazo de centrales sindicales

Un bloque de las principales organizaciones sindicales de trabajadores mexicanos se declaró en contra de la reforma a la ley aprobada por Morena, en la que el gobierno predomina sobre los organismos y comités del Infonavit.

El documento en el que se publicó el desacuerdo de las cúpulas sindicales señala: “Vulnerar o reducir el tripartismo a una presencia testimonial pondría en riesgo, entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones –con la desaprobación de las entidades calificadoras–, debilitaría los consensos necesarios para la buena marcha e implementación de los programas y destruiría un ejercicio de construcción de una política pública única”. Así lo señalan las 23 organizaciones de trabajadores firmantes.

Entre esas centrales obreras que se manifestaron, se encuentran el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos (SNTMM), coordinados por el exsenador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia; la CROM, el Congreso del Trabajo, la CTM, la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

“(Solicitamos) atentamente que, en todos los órganos colegiados de Gobierno, se mantenga la paridad de representantes. Es decir, el mismo número de votos por sector, elemento que da vida al diálogo social que gobierna al Instituto”.

Señalaron que ejercer un control autoritario significaría romper con el diálogo, con la “colegiación”, otorgando de factoun mayor peso a un solo sector y “convirtiendo las decisiones que se toman en una imposición unilateral”.

Calificaron como un albazo la aprobación del Senado para reformar el Artículo 42° de la Ley del Infonavit y darle mayoría al gobierno en los comités del Instituto, que quebró una conformación tripartita entre gobierno, patrones y trabajadores, con lo que el director del instituto será designado por el Presidente de la República en turno y tendrá derecho de veto sobre las decisiones.

Rodolfo Gerardo González Guzmán, dirigente de la CROM, previó que, según la propuesta del bloque de Morena, el objetivo último de la reforma es “fortalecer la gobernanza institucional” y es “una acción propia de un Gobierno totalitario”.

Las quejas y críticas menudearon, porque consideran que “es muy preocupante” el hecho de que el gobierno no haya considerado a los trabajadores. No se hizo un Parlamento abierto, no hubo una mesa de diálogo, lo pasaron en un solo día: “fue un albazo”.

“Se va a crear un Instituto externo que administrará los recursos y no habrá claridad en el manejo. Esto es mucho más grave ahora, ya que no va a existir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)”, alertó el líder cromista.