La reconversión de Ecuador como una base militar y como un país proveedor de recursos baratos ha sido opción económica y geopolítica de Estados Unidos (EE. UU.) para preservar su hegemonía regional y restringir la relación de aquel país con China y Rusia. Por esto se produce el apoyo al banquero Guillermo Lasso y sus impopulares políticas que provocaron el paro nacional ciudadano durante 18 días y al que reprimió con furor.

Aunque el movimiento alcanzó ciertos logros, el gobierno y las élites locales carecen de visión política indispensable para plantearse respuestas alternativas a su profunda dependencia del capitalismo corporativo y que conduzcan a la plena soberanía de Ecuador.

Para sobrevivir, el capitalismo debe ejercer cierto dominio territorial y control político. De ahí que le resulte vital preservar su influencia comercial, acceder a recursos y reservas estratégicas del planeta. Por tanto, la superpotencia que hoy encarna este sistema político-económico no admite disputa ni competencia en Ecuador ni en el resto de América Latina.

Para garantizar la supremacía de este sistema, EE. UU. alentó el año pasado en Ecuador el arribo de Guillermo Lasso a la presidencia, un miembro de la “bancocracia” y la oligarquía ecuatoriana. Desde el Palacio de Carondelet, la residencia oficial, el banquero emitió su plan económico: elevó el costo de la vida, redujo el gasto público y privatizó empresas.

Estas medidas de choque profundizaron los desequilibrios macroeconómicos y la informalidad en el país latinoamericano que venía de sufrir los calamitosos efectos multidimensionales de la pandemia de Covid-19. Entre 2019 y 2022, los ecuatorianos constataron, de la peor manera posible, la insensibilidad social de sus gobernantes, que el sistema sanitario estaba en ruinas y que había una enorme disparidad en el acceso a los servicios públicos.

País hundido

En el tercer año de la pandemia, la recuperación de Ecuador es la más baja de Sudamérica. Detrás de ese sombrío diagnóstico están la corrupción y las políticas excluyentes que propicia el capitalismo y socavan los intentos de desarrollo independiente del país.

Ecuador es rico en recursos naturales, pero el 27.7 de cada 100 personas vive con menos de 2.85 dólares diarios (52.54 pesos mexicanos) y 3.2 millones de ecuatorianos no acceden a la dieta básica, estima la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

A la par hay un alto grado de ingobernabilidad, pues el 60 por ciento de las autoridades de control no son las titulares y solo son encargadas, alerta el analista Pedro Donoso. Esto no es casual y se traduce en el fracaso de las instituciones del Estado para proveer a su población de educación, salud y vivienda con servicios básicos.

La improvisación en la administración pública perpetúa el deterioro del nivel de vida de 17.5 millones de ecuatorianos. En las 14 distintas nacionalidades —18 pueblos indígenas y afrodescendientes— prevalece la pobreza al doble que en las poblaciones mestizas, reporta el Banco Mundial (BM).

Esta disparidad impide el desarrollo de sectores clave en la sociedad, entre ellos el infantil. En 2021 se reveló su dramática situación, cuando los centros de refugio recibieron 102 por ciento más de niños, niñas y adolescentes, publicó el diario La Hora.

Sin embargo, las carencias de sus conciudadanos no preocuparon a los presidentes Lenin Moreno (2017-2021), ni a Guillermo Lasso. En ese periodo privatizaron empresas estatales, redujeron el gasto público, reordenaron la economía, vieron al individuo como fuerza de producción y aumentaron el abandono social de los ecuatorianos.

El empleo “no adecuado” subió al 33.9 por ciento; y el 46 por ciento de familias con más de seis integrantes vive en pobreza, de la que el 10.5 por ciento se halla en miseria extrema, refiere el BM. Las políticas de Moreno y Lasso aumentaron la conflictividad social.

Nueva insurrección

Se dieron todas las condiciones para que indígenas, mestizos, campesinos, estudiantes, sindicalistas, profesores, médicos, profesores, transportistas, enfermeras y el pueblo en general exigieran salir de su precaria condición. Por eso, el 13 de junio inició el paro nacional que logró compromisos del gobierno ante sus demandas clave y concluyó en el mediodía del 30 de junio.

Durante 18 días, los ecuatorianos exigieron a Lasso atender sus demandas, sintetizadas en 10 puntos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Coanie) lideró esta nueva insurrección, que reeditó la inconformidad del primer paro nacional de octubre de 2019.

La noche del 12 de junio, el presidente de la Coanie, Leónidas Iza, declaró que “luego de dialogar un año y al no ser escuchados, convocamos no solo a las organizaciones, sino también a los ciudadanos de a pie” a un paro nacional.

La demanda central fue la reducción de los precios de combustibles, pues impactan en el costo de la vida; también que los bancos renegociaran las deudas ciudadanas y bajaran sus tasa de interés; freno a las políticas privatizadoras; mayor presupuesto para salud, educación y garantías de seguridad.

Las peticiones de 2019 resurgieron ahora gracias a tres elementos. Uno, la vigencia del movimiento indígena que articula la Conaie; otro, la incapacidad de Lasso para negociar y su afán por reprimir y, por último, la fuerza del grupo parlamentario del correísmo, aunque no incidió en el movimiento, explica Daniel Kersffeld.

El presidente-banquero mostró su intransigencia con feroz represión y al paso de los días tuvo que ceder en algunas exigencias. Reducirá en 10 centavos el precio de los tres tipos de gasolina; los gobernadores establecerán más controles de precios; declaró emergencia en el sector salud; aumentó el bono de desarrollo humano; duplicará el presupuesto a la educación cultural bilingüe y subsidiará fertilizantes.

El cumplimiento de otros puntos será muy difícil, pues implica trastocar las bases del capitalismo ecuatoriano basado en el extractivismo. Uno de ellos deroga el Decreto Ejecutivo 95, que establece la política petrolera del gobierno; y otro reforma el Decreto Ejecutivo 151, que establece el plan minero.

En ambos casos, los indígenas exigieron la previa consulta para operar en las zonas protegidas y sus territorios. Los analistas preguntan: ¿qué alternativas propone el banquero-presidente para sostener el capitalismo corporativo sin explotar los recursos naturales, el patrimonio de los pueblos indígenas y otras minorías?

¿Cómo se plantean las oligarquías locales mediar entre los intereses de los ecuatorianos y las corporaciones ávidas por explotar esos recursos? ¿Cómo se proponen esas cúpulas generar empleo desde la conservación, si ambos propósitos son antagónicos?

La lección de este paro nacional radica en que la crisis de Ecuador es más profunda que la atención a algunas demandas de los sectores más castigados, estima el analista Pedro Donoso.

Subordinación total

La casi endémica crisis sociopolítica ecuatoriana se generó por el impacto de EE. UU. en todos los ámbitos de ese país. En su lógica de dominación imperialista, la potencia profundizó este siglo sus objetivos geopolíticos en América Latina y se propuso renovar su liderazgo, recuperar la confianza y profundizar su influencia con cada Estado de la región.

Esto sucedió en Ecuador desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la superpotencia disponía ya de una gran base militar en Galápagos, en la isla Baltra, otra en la Isabela y la Española y una más en la península de Salinas. Además, durante 10 años operó la base de Manta, instalación de inteligencia vinculada a Florida que cerró en 2008.

En 2018, EE. UU. abrió en Quito la Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS) para promover sus “intereses específicos de seguridad”. Lenin Moreno estaba comprometido a profundizar su relación con Washington y, tras 11 años de ausencia, permitió que su país participara en las maniobras UNITAS de los marines.

Obsequioso, en 2019, Moreno propuso que fuerzas antinarcóticos estadounidenses se asentaran de nuevo en Galápagos. Esta medida convirtió a Ecuador en “portaaviones del Pentágono”, denunciaron, en su momento, los investigadores Eduardo Tamayo y Helga Serrano.

Estas acciones corresponden a un rasgo fundamental en la visión geopolítica estadounidense: controlar los mares; y hacerlo hoy en América Latina es vital para contener la presencia de China y Rusia en la región mediante establecimiento del control paulatino de los países sudamericanos ribereños del Océano Pacífico, destaca Juan R. Quintana Taborga.

So pretexto de frenar a Beijing y Moscú, los países sudamericanos ribereños del Océano Pacífico ha sido sometidos al paulatino y certero control de Washington. Con Guillermo Lasso en la presidencia, EE. UU concretó su aspiración; pues Ecuador era el eslabón que le faltaba en esa región, explica Tamara Lajtman tras consultar documentos estratégicos.

La sumisión a EE. UU. trasciende lo militar; y los gobiernos ecuatorianos en turno borran toda idea de autodeterminación. Durante su última semana en la presidencia, Donald Trump firmó con Lenin Moreno un acuerdo inédito: la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC) desembolsó tres mil 500 millones de dólares (mdd) para cancelar parte de su deuda con China.

A cambio, Ecuador debió excluir a Huawei y otras empresas chinas de la construcción de la red 5G y a vender sus activos estatales (empresa petrolera y energética) a firmas estadounidenses. Cínico, el director de la DFC, Adam Boehler, declaró que ese órgano se creó para que “ningún país autoritario tenga una influencia indebida sobre otro país”.

El golpe de gracia a una idea de soberanía ecuatoriana lo asestó Lasso en la IX Cumbre de las Américas, al pedir a Joseph Robinette Biden un Plan Ecuador —similar al Plan Colombia— para “combatir” al crimen organizado. “Ese plan es un fracaso”, reviró el excandidato presidencial de izquierda, Andrés Arauz; y el expresidente Abdalá Bucaram, cuestionó: “¿por qué plantear a EE. UU. un Plan Ecuador?, ¿acaso son nuestros patrones?”.

La oligarquía ecuatoriana anhela un acuerdo de libre comercio con EE. UU., como el que Moreno solicitó a Trump en febrero de 2020. Él creía, como alardeó el director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio, Felipe Espinosa, que “en este momento, geopolíticamente somos atractivos para EE. UU.; somos un país en una posición geográfica y política estratégica para ellos”.

Los respaldan mil 400 firmas ecuatorianas que exportan hacia EE. UU. y reciben dos mil 700 mdd. Si se alcanza ese acuerdo, Ecuador cerraría el eje del Pacífico, como aspiran Washington y muchos obsequiosos ecuatorianos.

Tienen un aliado en el Congreso estadounidense: el demócrata Bob Meléndez, que desde la Comisión de Relaciones Exteriores propuso el proyecto de Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador 2022. En febrero justificó que esta iniciativa acotará la “influencia extranjera maligna” en aquel país, al que describió como aliado democrático clave, con crecimiento económico, resistencia democrática y capacidad para abordar sus desafíos de seguridad “vitales para los intereses de EE. UU.”.

Desatinos costosos

Por ley, el titular del Poder Ejecutivo de un país en crisis debe administrar el caos. Guillermo Lasso no ha podido ni ha querido. Al cumplir su primer año en la presidencia, la propaganda oficial alardeó del “éxito” en la campaña de vacunación contra el Covid-19 y el aumento al salario básico; pero no mencionó el incumplimiento de sus compromisos sobre el empleo y la seguridad.

Las escasas plazas creadas no satisfacen la gran demanda de empleo en un país con dramática falta de oportunidades. La inacción del presidente-banquero en seguridad produjo una escalada de delitos y una crisis carcelaria sin precedentes. A la par se confrontó con la poderosa derecha socialcristiana de Guayaquil y amenazó con enjuiciar al exalcalde Jaime Nebot.

Además, amagó con disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas, de ahí que solo se aprobara su controvertida reforma tributaria con la abstención del correísmo. Lasso abrió otro frente contra Fidel Egas, dueño del Banco Pichincha, el mayor del país. Esta ríspida pugna pública se dirime en medios pertenecientes a ese banco, que abandonó al presidente.

El temor de la Casa Blanca a la atracción que Beijing y Moscú ejercen sobre su aliado sumiso alentó la discreción de toda crítica sobre la represión de Lasso contra los manifestantes. Eso se explica en el artículo Ecuador es un caso de prueba de cómo EE. UU. puede contrarestar la influencia de Beijing en América Latina, que Gabriel Alvarado publicó en el Atlantic Council en marzo.

Sin embargo, ante la dilatoria de EE. UU. para consumar el esperado acuerdo comercial, Lasso “jugó” la carta de la creciente influencia china. Pero fracasó, pues no obtuvo nada y solo tiene un memorando de entendimiento.

Aislado y sin capital político, en pleno paro nacional, el presidente superó la moción de desconfianza en la Asamblea; pero sabe que poco puede ganar en la próxima contienda electoral, como afirma el sociólogo Andrés Chiriboga. Así, a 12 meses de su presidencia, el hombre de Washington está ensimismado, sin hoja de ruta política clara y ve caer su imagen y credibilidad sin remedio.