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De la impunidad de Estado a la dictadura
En 2020, López Obrador dijo: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.” Ahora que es un obstáculo que le impide imponer su voluntad, advierte “no me salgan con el cuento de que la ley es la ley.” Pues sí, señor presidente, la ley es la ley.
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Desde aquella consulta realizada en octubre de 2018, con la cual el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador pretendió legitimar la decisión que ya había tomado de antemano, de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por supuesta corrupción que nunca probó, consulta que, recordemos, no reunió los requisitos constitucionales necesarios para respaldar una decisión de tal importancia y donde participó apenas el 1% de los ciudadanos que tienen derecho a votar; se advertía ya la forma en cómo el ahora presidente, se conduciría durante su gobierno. Desde entonces supimos que ese dicho suyo de “Al diablo las instituciones” no era un dicho cualquiera, sino que era una posición real y que influiría en sus decisiones, pero no sabíamos qué tan grave resultaría esto para el país. 

Hoy vemos con mucha preocupación que, ya rebasada la mitad del sexenio, el presidente, su gabinete y muchos funcionarios morenistas han adoptado con lealtad ciega tal posición, es decir, desprecian y desconocen instituciones que alguna vez les sirvieron para llegar al poder, ignoran mandatos legales y a la Constitución misma pues, como es conocido, han pasado por encima de ella cuando los derechos y principios en ella establecidos, estorban a sus intereses.

Como resultado de ello, gran parte de la discusión pública durante este sexenio ha girado en torno a los actos arbitrarios del presidente; y a las leyes y reformas aprobadas por las mayorías morenistas y aliados en el Congreso de la Unión, por lo que ha sido necesaria la promoción de impugnaciones ante los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar que tengan vigencia pues resultan contrarias al texto expreso de la Constitución, a sus limitantes y prohibiciones, así como perjudiciales para los derechos fundamentales. Así ha ocurrido con la Ley Nacional de Extinción de Dominio; las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa; la reforma en materia de telecomunicaciones que ordenó crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que contendrá los datos biométricos de millones de mexicanos; la llamada Ley Zaldívar, que extendía el mandato del presidente de la Corte; la Ley de la Industria Eléctrica, que recién avaló el máximo tribunal del país, aunque su constitucionalidad es dudosa; el Decreto con el cual el presidente declaró como asuntos de seguridad nacional los relacionados con los proyectos de infraestructura impulsados por su gobierno; la facultad que se dio al presidente de disponer de los recursos públicos generados con las medidas de austeridad en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y varias más. 

Pero no ha quedado ahí la cuestión: en estos días a propósito de la realización del proceso de revocación de mandato, algunos funcionarios como el Secretario de Gobernación, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otros más, desafiaron abiertamente a las autoridades al promover el voto a favor del presidente en la revocación de mandato a pesar de la prohibición que existe y a sabiendas de que pueden ser sancionados, haciendo gala y alardeando con la impunidad de la que gozan, una impunidad de Estado, permitida y solapada por el presidente y que se torna peligrosa, pues parece no tener límites. 

En 2020, López Obrador dijo: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.” Ahora que la ley es un obstáculo que le impide imponer su voluntad y lograr consumar sus caprichos que benefician a sus intereses, pero no a los del pueblo, justo cuando se discutía, en el pleno de la Suprema Corte, la Ley de la Industria Eléctrica, AMLO advirtió: “Que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley.” Pues sí señor presidente, la ley es la ley, y todos sin excepción debemos respetarla, incluido usted, sus funcionarios y Morena, aunque no les parezca. Todos los mexicanos debemos estar atentos y exigirles que cumplan. Lo contrario sería fomentar la ruptura del estado de derecho y entregarle al presidente, como quiere que suceda, un cheque en blanco para que ejerza el poder de manera discrecional e ilimitada. En una palabra, estaríamos coadyuvando a que en el país se consume la instauración de la dictadura. Así de peligrosas están las cosas por estos días en el país.


Escrito por Maribel Rodríguez

Colaboradora


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