Las miles de niñas y adolescentes de los pueblos originarios de La Montaña de Guerrero tienen como única opción entregarse en matrimonio contra su voluntad a cambio de una oferta económica planteada a sus padres.

A diferencia de los hombres de su misma edad, que pueden elegir entre trabajar en el campo de sus municipios o emigrar al norte del país o a Estados Unidos (EE. UU.), ellas tienen que someterse a la decisión de sus padres y a la legislación tradicional de usos y costumbres.

Esto prevalece a pesar de que, el 10 de noviembre de 2021, la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, anunció la Estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de La Montaña y Costa Chica en el municipio de Tlapa de Comonfort.

Ese día, en compañía de Belén Sanz Luque, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) en México, y Violeta Pino Girón, titular de la Secretaría de la Mujer (SM) en Guerrero, Salgado declaró que la estrategia sería efectuada con la difusión previa de las acciones prohibidas y las sanciones previstas contra los infractores.

Sin embargo, casi un semestre después, el proyecto no había iniciado en los municipios de las dos regiones; y en sólo tres meses, entre enero y marzo de 2022, se documentaron 317 denuncias de violencia contra mujeres, de las cuales 202 se registraron en La Montaña: nueve fueron feminicidios, dos ventas de niñas o matrimonios forzados; 48 agresiones físicas, 43 psicoemocionales, nueve sexuales, 82 económicas y seis despojos de bienes materiales.

En el último trimestre de este año, la situación no ha cambiado y la venta de niñas y matrimonios forzados sigue en las comunidades marginadas de municipios como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Copanatoyac, Tlalixtaquilla, Zapotitlán Tablas, entre otros lugares.

Para Alfredo Regino Rodríguez, vecino de la comunidad Calpanapa El Viejo, que forma parte de Cochoapa el Grande, se trata de una costumbre normal y que no es un “mercado de niñas”.

Explicó que en los pueblos originarios no existe el noviazgo porque los padres del adolescente de 12 a 17 años son quienes escogen a la niña adecuada; y que una vez electa, hablan con sus papás y si éstos dan el “sí”, son quienes definen las condiciones de la “venta”, la fecha de la boda y cómo será la fiesta que dura hasta tres días.

Regino aclaró que, en muchas ocasiones, los contrayentes únicamente se conocen hasta el día de la boda y que cuando la compraventa se realiza mediante el pago de dinero, en algunas veces el monto de éste suele ser grande y siempre es mayor cuando la edad de las niñas es menor a 12, 11 y 10 años.

La lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres avanza a cuentagotas en Guerrero, pese a los esfuerzos de concientización de los grupos civiles. Hace casi un año se sumó a ella la organización Somos tu Red de Apoyo, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Pero todo quedó en pláticas entre funcionarias públicas y amigas; y la estrategia siguió en el papel firmado, en letra muerta; mientras, en los pueblos y las comunidades indígenas de La Montaña y la Costa Chica, se vive esta lastimosa situación y donde las niñas aún son prácticamente vendidas.

En los eventos con los colectivos y las organizaciones defensoras de mujeres, la gobernadora Salgado Pineda ha manifestado su interés por convertir a Guerrero en un santuario donde las mujeres ejerzan con libertad sus derechos civiles y accedan a mejores oportunidades de desarrollo laboral e intelectual. Incluso ha convocado a las guerrerenses para que los días 25 de cada mes promuevan el Día Naranja en los centros escolares y las dependencias del gobierno estatal; pero sus convocatorias tampoco han servido para cambiar la dolorosa realidad de los matrimonios forzados.

HAY QUE EDUCARSE PARA SER LIBRES

“En La Montaña no festejamos porque el convenio firmado con la ONU en la ciudad de Tlapa de Comonfort no se ha cumplido; y no tiene ningún avance”, lamentó Elvira García Rodríguez, indígena mixteca de La Montaña Alta, quien es licenciada en derecho y ha litigado en favor de las mujeres originarias de esta región.

La abogada reporta que el gobierno estatal reparte semillas e imparte talleres de información agrícola; pero nada hace para evitar la venta de niñas; el gobierno desconoce cuántas de ellas han sido rescatadas de esta violencia específica, sufrido discriminación o cualquier otro atropello.

El problema es que el gobierno morenista recoge propuestas de gente ajena o distante a las áreas donde se produce esta problemática, contrario a nosotros –indica Elvira García– que “queremos que se integre a la gente de las localidades, a los jóvenes que tuvieron la oportunidad de estudiar y hoy pueden encabezar las estrategias. No se necesita gente en el escritorio, se necesitan personas que trabajen en los pueblos”.

Para esta defensora de los derechos femeninos en La Montaña, los pueblos de esta región se encuentran totalmente abandonados por parte de los gobiernos Federal y estatal: el primero, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el segundo por la gobernadora Salgado Pineda, ambos morenistas.

Los caminos están en muy malas condiciones, principalmente en temporada de lluvias, cuando es común ver vehículos remolcados por autos más grandes; hay escuelas sin maestros y centros de salud sin médicos ni enfermeras; las mujeres paren en sus casas, las niñas son vendidas; y los niños, a muy temprana edad, se ven obligados a salir de sus pueblos a trabajar como jornaleros agrícolas a los estados del norte del país o a EE. UU.

“Sí, en La Montaña, que por sus hermosos paisajes es un paraíso de México, para las niñas es un verdadero infierno en pleno 2023”, denuncia la abogada, para quien la única forma de terminar con esta barbarie es ampliar los niveles de educación en niños, jóvenes y adultos en la región.

“Si los jóvenes pudieran ingresar a la secundaria, preparatoria y tuvieran acceso a la educación superior, la historia sería totalmente diferente. El Artículo 3° de la Constitución Política Mexicana señala que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –Federación, estados y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

“La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica, y ésta y la media superior serán obligatorias. Lamentablemente, este artículo está lejos de cumplirse en los pueblos originarios, habitados también por ciudadanos guerrerenses y mexicanos”, lamentó Elvira García Rodríguez.

La abogada agregó que la estrategia o programa para prevenir y sancionar la venta de menores, además de estar pendiente, carece del respaldo físico o real de las instituciones y los servicios sociales; porque sin educación ni atención sanitaria adecuada en sus comunidades, la vida de las niñas, adolescentes y mujeres de La Montaña “no cambiará firmando papeles”.

En lo que va de 2023, los pobladores de las comunidades de Cochoapa el Grande, uno de los municipios más pobres de México y Latinoamérica, han viajado a Chilpancingo, la capital de Guerrero, en más de cinco ocasiones, para solicitar el envío de maestros a planteles de preescolar y primaria, aunque también necesitan secundarias y preparatorias.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, han regresado a sus pueblos para reorganizarse y continuar su lucha, que sin duda será larga, debido a la insensibilidad de las autoridades federales, estatales y municipales, que con esa actitud contribuyen a que sigan los matrimonios forzados de niñas, costumbre milenaria cuya causa profunda consiste en la pobreza extrema de la mayoría de los padres de familia.

MARTINA HUYÓ DE UN MATRIMONIO FORZADO

Martina es una mujer de 40 años que trabaja en una empresa de seguridad privada en Chilpancingo. Es de piel morena, de estatura baja, cabello lacio, ojos negros y sonrisa amable; con visible tristeza en su rostro…

Cuenta que a los 12 años salió de su pueblo natal, Metlatónoc, después de que se enteró, por casualidad, que la obligarían a casarse con un hombre mayor. “Sabía que todas las niñas del pueblo eran obligadas a casarse con hombres más grandes y que eran maltratadas por sus maridos y por sus suegros.

“Una tarde, por curiosidad, me acerqué al patio de la casa, donde había unas sillas; y unas personas que no conocía platicaban con mi papá y mi mamá; por curiosidad, me acerqué más y noté que estaban comprándome para su hijo ahí presente. El señor tenía unos 23 años y me asusté mucho; porque decían que la boda se realizaría en un mes.

“Nunca antes lo había visto porque recién había regresado de Jalisco, donde trabajó durante varios años como jornalero agrícola; y ahora había regresado al pueblo para casarse y formar familia aparte.

“Durante dos semanas seguí en mi casa, disimulando que no sabía nada, mientras al patio llegaban cartones de cervezas, refrescos, totoles (guajolotes), gallinas, muchos productos de la canasta básica como maíz, frijol, arroz, azúcar, hasta una vaca. Mis papás se comportaban como si estuvieran de fiesta, e iban constantemente a Tlapa de Comonfort a comprar ropa.

“Era una niña lista y no quería que me casaran con ese señor. Tenía más o menos la idea del rumbo que tomaría para huir de ahí; y una noche, no sé la hora, salí corriendo de mi casa sin parar hasta el amanecer. Tenía las rodillas lastimadas porque me caí unas cuatro veces por la oscuridad.

“Encontré a una mujer que regresaba a mi pueblo. Le comenté lo que estaba sucediendo y decidió ayudarme porque ella también fue vendida a un señor que, aseguraba, no la trataba mal. Me condujo a una brecha que me llevaría a Tlapa de Comonfort y me dio unas monedas para el camión y para comer algo en el camino.

“Así llegué a Tlapa. Después, una mujer me pidió que trabajara con ella en Chilpancingo y acepté. Ahí sufrí maltratos, humillaciones, falta de pago y más. A los 15 años dejé esa casa y trabajé en el mercado grande (Baltazar R. Leyva Mancilla); después en una papelería, en una cocina económica; y a los 20 años me junté con un hombre, al que dejé porque me golpeaba.

“Ahora tengo ya muchos años en una empresa de seguridad privada y un hijo de 12 años. Me gusta mi trabajo; y tener un arma a mi cargo, me da seguridad”, concluyó Martina, quien afirma que nunca regresará a su pueblo.

AZUCENA FUE VENDIDA EN OCOAPA

Azucena, vecina de la comunidad de Ocoapa, municipio de Copanatoyac, tiene 22 años, cuatro hijos y sólo habla mixteco. Apoyada por un traductor, cuenta su historia mientras prepara unas memelas de frijol y hierba santa en un fogón de leña.

Sus padres la vendieron cuando tenía 12 años y a los 13 se casó. Hubo una gran fiesta a la que asistieron todos los habitantes del pueblo. Cuando tenía 15 años nació su primer hijo.

Su esposo tenía 22 años, lo conoció dos días antes de su boda; hoy se dedica a las labores del campo mientras ella cuida su hogar y a sus hijos. Asegura que tiene una vida normal, apacible y que le gustaría que sus hijos tuvieran la oportunidad de estudiar.

MATRIMONIOS INFANTILES, UNA FORMA DE VIOLENCIA

La representante en la entidad de la ONU-Mujeres, Sanz Luque, reveló que los matrimonios entre niños son una forma de violencia porque obstaculiza el desarrollo de sus vidas, sufren graves consecuencias al abandonar sus estudios y, en el caso de las niñas, su salud se ve más afectada por los embarazos precoces, que representan una de las principales causas de muerte en niñas de 12 a 19 años en el mundo.

Nueve municipios de Guerrero (Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Ayutla de los Libres, Ometepec, Zihuatanejo, Tlapa de Comonfort, Coyuca de Catalán y Chilapa de Álvarez) han recibido recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CNPEVM) por la frecuente comisión de estos delitos e infracciones; pero ninguna ha sido atendida cabalmente.

Por ello, no es casual que en Metlatónoc y Cochoapa El Grande, dos de los municipios más pobres de Guerrero, México y Latinoamérica, se registre la mayor venta de niñas; y que sean los principales proveedores de mano de obra agrícola y doméstica.

En 2019, Guerrero ocupó el primer lugar nacional en matrimonios de mujeres con edades entre 15 y 19 años. Actualmente, la compra-venta de niñas y los matrimonios forzados a muy temprana edad son una realidad en Guerrero que debe combatirse aplicando una política integral, que simultáneamente atienda las principales carencias de las mujeres indígenas y sus familias:

Alimentación suficiente y nutritiva; oferta permanente y eficiente de servicios sanitarios y educativos; ingresos seguros y bien retribuidos en el campo y, entre otros aspectos, caminos y carreteras seguras. Únicamente así podrán superarse las prácticas de barbarie que aún truncan el porvenir de las menores en las regiones de La Montaña y la Costa Chica.