Una de las peores crisis humanitarias agobia a México porque mientras 50 mil migrantes cruzan ahora su territorio en la frontera norte, otros 30 mil se hallan en espera de ingresar legal o ilegalmente a Estados Unidos (EE. UU.); y en la frontera sur ocho mil llegan diariamente con el deseo de cumplir el “sueño americano”.

En Chiapas, sobre la frontera con Guatemala, los migrantes se topan con los recovecos burocráticos que el Instituto Nacional de Migración (INM) les impone para regatearles o de plano negarles las visas humanitarias o salvoconductos necesarios para transitar por el territorio nacional y avanzar hacia la frontera con EE. UU.

Para algunos de ellos y varios activistas de organizaciones civiles, las trabas del INM son igual de riesgosas que el Tapón del Darién (la famosa selva de Panamá situada en su frontera con Colombia) o el muro de metal ordenado por Donald Trump en las áreas fronterizas de Texas y California; además de que la citada tramitología es acompañada de encierros a modo de cárcel.

En días pasados, varios migrantes denunciaron que fueron encerrados en la estación migratoria Siglo XXI, a pesar de que disponían de la Forma Migratoria Múltiple o permiso de estancia legal en Chiapas. Abundan los testimonios de tales abusos; Óscar, joven ecuatoriano, fue obligado a viajar de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula sólo para que le estamparan “un sello” en su documento. En una entrevista con un reportero del Diario del Sur declaró con desazón que el trámite le fue negado y denunció: “estuve encerrado en la Siglo XXI durante 10 días a pesar de que tenía un documento que el mismo INM me otorgó para estar de manera legal en Chiapas”.

La cantidad de migrantes que intentan arribar a EE. UU. ha aumentado considerablemente y, con ello, los riesgos de perder la vida en accidentes de tránsito, atentados criminales, secuestros, problemas de salud, extorsiones o despojo del poco dinero que llevan y de sus escasas pertenencias.

La mayoría de los migrates procede de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua); pero cada día aumenta el número de caribeños ( de Cuba y Haití), así como de sudamericanos (Venezuela, Ecuador y Colombia). El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá estima que, en lo que va de 2023, el promedio diario de personas, que atraviesan a pie la peligrosa selva del Darién, es de mil 400 individuos. En gran parte de esta región fronteriza con Colombia no existen carreteras por las que puedan transitar vehículos automotores y sus habitantes la nombran “el laberinto de la muerte”.

El éxodo sobre rieles

Una vez en México, los migrantes enfrentan a las fieras del “tapón del Darién mexicano” en carreteras, calles, pueblos, ciudades, centrales de autobuses y aeropuertos: delincuentes del crimen organizado, policías de los tres niveles y agentes del INM, quienes los despojan, amenazan, golpean y trasladan sin considerar si son niños, mujeres o ancianos y sin considerar las condiciones climáticas (calor veraniego, tormentas tropicales).

Por esta razón, muchos de ellos se trepan a los techos de los trenes de la ruta denominada popularmente La Bestia (que explota la compañía privada Ferromex, que brinda servicios de carga en toda la región Sureste y llega a la frontera norte), con lo que se exponen a morir o a sufrir graves mutilaciones corporales al caer en los rieles.

En los medios de comunicación (televisión, prensa escrita y redes sociales) son frecuentes las imágenes de personas viajando amontonadas en los vagones durante varios días o sostenidas con uñas y dientes de puertas y trabes de enganche, con el riesgo de caer y perder la vida. En las últimas semanas, al menos seis migrantes tuvieron esta mala suerte.

El pasado 29 de septiembre, cerca de dos mil migrantes rondaban las inmediaciones de Chihuahua capital; pretendían viajar trepados sobre sus toldos de un tren de carga los 360 kilómetros que les faltaban para llegar a Ciudad Juárez, el puerto más importante de la región central de la frontera con EE. UU.

Asistidos con agua, comida y baños por organizaciones sociales, estos migrantes también tuvieron oportunidad de subir “con el mejor orden” posible a los techos del tren (primero infantes y mujeres) para llegar a Juárez o Piedras Negras, desde donde pueden acceder a El Paso o a Eagle Pass, Texas, para cruzar el río Bravo.

Para superar las corrientes y los remolinos de agua de este afluente fronterizo, utilizan cartones –¡otro de los tapones del Darién mexicano!– para enfrentarse a las mortales barreras de alambre, el desierto texano, más hambre, deshidratación e infecciones intestinales y, finalmente, toparse con la “migra gringa”, que deportará casi al 100 por ciento hacia México.

Un criminal y corrupto en el INM

Cuando inició su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió a los “hermanos migrantes” un trato “solidario” y “fraternal”; cinco años después, las organizaciones civiles, los analistas y los propios migrantes se preguntan: ¿dónde quedó “atorado” este compromiso? ¿En el Darién de Chiapas y todo México? ¿En el fondo oscuro de sus relaciones reales con el gobierno de EE. UU.?

Buena parte de los críticos del Gobierno Federal morenista atribuyen la agudización de la actual crisis migratoria a la pésima administración que desempeñó sobre este grave problema social e internacional. En una reunión en Ciudad Juárez a la que asistieron representantes de los tres niveles de gobierno: la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, y en la que también estuvo presente el Cónsul General de Estados Unidos, Eric Cohan, el personaje principal del día fue, sin embargo, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

La presencia de Garduño Yáñez fue sorpresiva; este funcionario público está sometido a un proceso penal por el cargo de negligencia criminal por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes, y porque sus desplazamientos están restringidos de acuerdo con la modalidad de libertad condicionada que le dictó el juez encargado de su causa.

En la reunión se abordó el tema de la profundización, en los últimos dos meses, de la crisis humanitaria provocada por el aumento inédito del flujo migratorio; y mientras el cónsul Cohan, el alcalde Pérez Cuéllar y la gobernadora Campos presionaban a Garduño Yáñez para que explicara cómo puede detenerse el ascenso de la migración, éste no ofreció ninguna opción alternativa.

Con respecto a tal situación, el diputado chihuahuense de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Sánchez Villegas, denunció: “han pasado meses desde que advertimos la crisis humanitaria en Ciudad Juárez y las autoridades no sólo han sido omisas, sino que la han agravado”, complicado y extendido sus efectos en el ámbito social y económico.

Sánchez Villegas denunció que la ineptitud de los responsables de la política migratoria del gobierno morenista han provocado el bloqueo de camiones de carga con mercancías mexicanas hacia EE. UU. La “ausencia de una política migratoria” eficaz ha derivado, precisó, en que la crisis humanitaria sea también económica sin precedentes en Ciudad Juárez.

“La industria maquiladora, el pilar de la economía juarense, se ha visto en la necesidad de parar su producción dejando en la incertidumbre a miles de familias que dependen de estas labores para llevar alimentos a su mesa”. Por ello, denunció: “es criminal que Francisco Garduño, el titular del INM, no renuncie, cuando incluso debería estar en la cárcel por la masacre de migrantes en el campo de concentraciónque tenía en Juárez. Debe estar en la cárcel por la crisis humanitaria que ha desatado, por las incontables violaciones a los derechos de la población migrante y de los juarenses”.

A la reciente demanda de destitución de Garduño se sumó una denuncia por corrupción en su contra elaborada por el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza, quien reveló públicamente que Garduño, impuesto por el Presidente, ofreció dinero y apoyos a los familiares de los 40 migrantes fallecidos en un centro de detención del INM en Ciudad Juárez para que retiraran los cargos en su contra y pueda ser exonerado.

El comisionado federal ha recurrido a esta opción porque solicitó al juez que lleva su causa por el delito de ejercicio indebido del servicio público (por el que perdieron la vida 40 migrantes en la estación migratoria Lerdo-Stanton), que sea suspendida temporalmente mediante la aplicación de la figura jurídica de “solución alterna”.

Esta posibilidad se le ha abierto a Garduño Yáñez a raíz de que la Fiscalía General de la República (FGR) logró recoger declaraciones de los custodios en la estación migratoria, quienes le atribuyen la orden de no abrir las puertas que tenían cerrojo, indicación que propició la muerte por quemaduras y asfixia de las víctimas.

Garduño Yáñez se sostuvo de esta consigna, según la misma versión del exdelegado estatal del INM, Salvador González Guerrero, quien ya fue despedido pero no imputado judicialmente, como Garduño Yáñez, quien previamente interpuso un amparo contra la imputación sustentada en la recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Víctor Mario Hernández, el Juez de Control que lleva su caso, rechazó la propuesta de acuerdo al comisionado. Con respecto a la solicitud de Garduño para una suspensión condicional del proceso, el senador Álvarez Icaza considera que Garduño pretende evadir su responsabilidad y disuadirse del proceso penal en su contra, máxime que, después de cinco meses de la imputación por el delito, la FGF aún no ha terminado el acopio de pruebas testimoniales y las diligencias periciales necesarias para probarlo.

Este hecho genera suspicacias de una probable influencia política del titular del Poder Ejecutivo Federal, quien lo impuso en ese cargo. Por otra parte, Rosa González, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, lamentó que la ola migratoria no será contenida por el acuerdo que el gobierno de México firmó con el de EE. UU. para que éste reciba a 30 mil personas al mes: “Estamos ante una total incongruencia; les advertimos que esto iba a pasar. Por una parte, aceptan recibir a 30 mil personas y por la otra los quieren parar porque no hay condiciones para atenderlos.

Los resultados de la incongruente política migratoria son el sufrimiento, los accidentes y la represión descarada contras los migrantes en tránsito. Para la diputada González, “no hay personal de Migración para seguir y cuidar las caravanas; como tampoco hay albergues (suficientes) para que estén en condiciones dignas; y por eso están en la calle”.