El 25 de octubre se consultó a los chilenos si querían o no una nueva Carta Magna; si se aprueba el cambio, decidirían qué tipo de Constitución desean.

Frente a este desafío inédito, millones de chilenos optaron por sepultar el arbitrario legado político de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Este resultado marca el inicio de un proceso irreversible en la gobernabilidad de una nación, que se ha sublevado contra las élites postpinochetistas y el brutal saqueo que el neoliberalismo y los corporativos trasnacionales les han impuesto. México puede aprender y acompañar de cerca este proceso hacia la democracia.

Éste es otro triunfo de los indignados del mundo, organizados contra la explotación y precariedad a que el imperialismo global los condena tanto en el Reino Unido y Estados Unidos (EE. UU.) como en Bolivia, España y otros países. El retorno del pueblo chileno a la política, a través de su voto masivo por el “apruebo”, arrasó la estructura de ilegalidad que por 40 años mantuvo la Constitución de la dictadura y abrió la posibilidad de crear un nuevo orden para el desarrollo de los excluidos.

El plebiscito, una de las demandas más antiguas de los chilenos tras el fin de la dictadura, produjo la redacción de una nueva constitución en la que se definan otras normas que reduzcan la desigualdad, abatan la enorme deuda pública y la injusticia social en el primer productor mundial de cobre. De ahí el simbolismo de la palabra “renace” que, al final de la consulta, se proyectó en un alto edificio de Santiago, en la hoy llamada Plaza Dignidad.

La consulta fue un éxito porque hubo una participación masiva pese a que se realizó en medio de la pandemia provocada por el Covid-19. Éstos fueron los primeros indicios del rotundo triunfo de una nueva Constitución y la Convención Constituyente. Fue una victoria que se gestó desde la rebelión social iniciada el 18 de octubre de 2019.

 Sindicatos, movimientos políticos, estudiantes y diversas fuerzas sociales chilenas conciben este giro político como producto de esa tenaz ofensiva popular contra el modelo neoliberal. La rebelión de 2019 se activó por una aparente minucia: el incremento en la tarifa al transporte público que asfixiaba a las víctimas de las políticas de los Chicago Boys, a quienes Pinochet les abrió la puerta.

Los jóvenes Indignados que entonces saltaron los torniquetes del sistema de transporte colectivo, acumularon el hartazgo de otras fuerzas sociales hasta colmar las calles de muchas ciudades chilenas con sus protestas. Exigieron la caída del presidente; educación y salud gratuitas y de calidad, empleos y la supresión de la Carta Magna redactada desde los oscuros intereses de la dictadura.

El 25 de octubre del año pasado se reunió más de un millón de personas en la Plaza de Italia (hoy Plaza de la Dignidad). Esa exhibición confirmó que los chilenos no esperaban un cambio de forma, sino transformar el sistema neoliberal que bajó los salarios, privatizó pensiones a favor de las grandes financieras (AFP) y asumió el control de sus recursos estratégicos.

Pese a que la demostración fue pacífica, el huésped en turno de La Moneda, Sebastián Piñera, por primera vez, desde 1990, sacó a la calle a los militares y los desplegó desde la Araucanía hasta el sur del país para sofocar el descontento popular.

Cabe recordar que desde 1990 ningún gobierno cambió un párrafo o una palabra de la Constitución de la dictadura. Por ello permaneció vigente ese espíritu de agresividad político económica que dejó en la marginalidad a millones de personas.

Hoy, el triunfo del “apruebo” abre las puertas a ese cambio legal, cuyas nuevas normas pueden dar paso hacia un cambio estructural. Ésta será la primera vez, desde 1833, en que una Convención de ciudadanos electos redacte una nueva Constitución.

Rebasado por la realidad, a Piñera no le quedó más que aceptar la victoria y desde el emblemático Palacio de la Moneda concedió: “Éste es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz”.

Alerta la izquierda

Las cúpulas económico-políticas maniobraron para impedir la consulta en tanto que, desde sus consejos ejecutivos, las trasnacionales exigían al gobierno del presidente Sebastián Piñera el fin de las manifestaciones para garantizar “estabilidad” a sus inversiones y la operación del modelo de saqueo.

Sin embargo, la ola de protestas, que reunieron múltiples fuerzas sociales, se transformó en un tsunami imparable. Para algunos sectores de la izquierda, esa rebelión estaba tan fortalecida, que no hacía falta ningún plebiscito para constatar la voluntad de avanzar hacia transformaciones estructurales.

Estiman que Piñera, con sus aliados y parte de la oposición –que firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución– idearon ese tipo de consulta como táctica dilatoria. Fue una política de conciliación, desde la oposición, para limitar la potencialidad de un movimiento transformador en auge.

Para canalizar la crisis y desviar la atención nacional e internacional de las exigencias, actuaron partidos autodenominados de centro-izquierda y un “Partido Comunista” que, para sus rivales ideológicos, es apenas un grupo neo-reformista.

En 12 meses, la supuesta oposición del Partido por la Democracia y el Frente Amplio condenó y satanizó a los manifestantes y los acusó por cometer actos de violencia. Para sacarlos de la calle, les propusieron “cacerolear por las noches” y así ocultarlos en los medios.

Paradójicamente, la coalición de partidos de centro y centro-izquierda que gobernó al final de la dictadura, reunida en Concertación, hoy plantea una “fiesta” de la democracia, aunque su objetivo es que nada cambie. “Igual como hicieron en 30 años” cuando mantuvieron la represión, la precarización y otras herencias de la dictadura, acusa el Partido de los Trabajadores Revolucionarios de Chile (PTRCh).

Por ello, el líder del PTRCh, Dauno Tótoro, alertó contra el exceso de confianza y llamó a confiar solo en las fuerzas de la izquierda para conquistar pensiones dignas a los jubilados, acceso libre a la salud y la educación, libertad de los presos, juicio y castigo a los responsables políticos, intelectuales y materiales de la represión.

El editor del diario La Izquierda, Pablo Torres, coincide en que el resultado de la consulta exhibió las ganas de terminar con todo rastro de la dictadura. Pero también advirtió que no se debe confiar en los partidos que permitieron el saqueo, la impunidad de los represores y la exclusión de los jóvenes.

Algo está claro: esas fuerzas, superadas por el resultado del plebiscito, pretenden acotar el proceso constituyente y evitar que la nueva Carta Magna consagre los cambios profundos que requiere el país.

Sin embargo, los chilenos lograron la victoria que esperaban. “Voté por eliminar algo que se mantuvo por muchos años y que está podrido desde la raíz porque se escribió durante la dictadura”, comentó una joven a la prensa europea, cuya familia desapareció por la represión de Pinochet. Un conductor de autobús declaró que le importaba mucho ser parte de un cambio para eliminar todo rastro del pasado y avanzar al futuro.

Primer paso

Ganar el plebiscito era un primer paso para acabar con esa estructura dictatorial y su modelo neoliberal. El triunfo, impensable antes del estallido de 2019, quita, a regañadientes, un cambio constitucional a una clase política de derecha y a la centro-izquierda, que se benefició de limosnas parlamentarias y migajas neoliberales, indica el analista español Marcelo Solervicens.

Es preciso notar que seguirá vigente, al menos varios meses, la esencia del sistema político concebido por la dictadura para que los ciudadanos no ejerzan su poder soberano. Una de esas instituciones es el Tribunal Constitucional que funge como guardián del neoliberalismo.

Además, la nueva constitución y sus normas serán aprobadas por dos tercios de los miembros del Congreso Constituyente, cuya integración implica el riesgo de veto de una minoría neoliberal y la derecha clásica.

De igual manera no podrán derogarse los tratados internacionales que, en su mayoría, consagran el saqueo de las multinacionales “en áreas que van desde la minería hasta las pensiones”.

Con visión prospectiva, los partidos de derecha, como Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional, de Piñera, votaron por las dos opciones del plebiscito. Para el analista chileno Gustavo Montenegro, es una estrategia que pretende influir en el futuro Congreso Constituyente para que nada cambie.

Es decir, estos partidos tratarán de preservar el Cuerpo de Carabineros y todo el aparato represivo que opera en el país, como en los 17 años de la dictadura, así como mantener el llamado “derecho a la propiedad privada”, que garantiza la conservación de los privilegios de las élites (como las AFP) y los negocios privados en salud y educación.

Todos ellos tienen ya candidatos para la Asamblea, a los que confirmará la Constitución; entre ellos, una hija de Piñera, lo que constituye una ofensa para millones de chilenos que han exigido la caída del mandatario.

Un temor extendido es que el gobierno tutele la Convención Constituyente y otorgue poder de veto a la derecha. Esto es porque se requerirán dos tercios de votos de sus miembros para concretar una reforma de fondo. Un órgano manipulado será incapaz de trabajar por un cambio estructural que responda y solucione los problemas de Chile.