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Autoritarismo y fractura institucional en El Salvador
El allanamiento del mandatario salvadoreño a la Asamblea Nacional agudizó la crisis institucional en su país.
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El allanamiento del mandatario salvadoreño a la Asamblea Nacional agudizó la crisis institucional en su país. Enfrentar al Poder Legislativo y desplegar al Ejército en ese recinto para avalar su Plan antipandillas es síntoma de división de consecuencias incalculables. Esa tensión es innecesaria entre poderes constitucionales, de nada sirve en una nación donde no se logra resarcir la casi total fractura socioeconómica de la devastadora guerra civil que padeció en el pasado reciente.

Es una querella que favorece al imperialismo corporativo y a las élites profascistas que pugnan por obtener más beneficios a menor costo. Solo con una visión estratégica y geopolítica, la hermana nación reducirá su dependencia exterior y avanzará hacia el desarrollo. Y ésa es la responsabilidad del ejecutivo.

La victoria electoral de Nayib Bukele, con más del 53 por ciento de los votos en 2019, puso fin al bipartidismo en El Salvador, que operó desde el fin de la guerra civil en 1992. El triunfo del exalcalde de la capital del país significó la derrota de su viejo partido y exguerrilla, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). También propició el paso de la derecha reunida en el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) hacia un tercer plano.

Bukele asumió el gobierno de ese pequeño y hermoso país de América Central, conocido en el mundo por su larga guerra civil de 13 años y la prevalencia de gobiernos respaldados por Estados Unidos (EE. UU.). Este empresario sabe que, en 28 años, los políticos tradicionales no lograron sacar al país del subdesarrollo, pues ocupa el lugar 115 de 187 en desarrollo humano, el sitio 17 de 20 en calidad de vida y no sale del fondo en el índice de innovación regional.

A finales del siglo pasado se creó un pequeño sector industrial. Fue el primero en ratificar el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU., América Central y la República Dominicana en 2006, el cual lo obliga a exportar alimentos, azúcar y etanol a cambio de precarias inversiones en manufactura textil. En su más reciente informe, el Banco Mundial (BM) advirtió que El Salvador registró bajos niveles de crecimiento y una moderada reducción de la pobreza extrema.

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La responsabilidad es de los partidos. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, el partido Arena (derecha) y el FMLN (izquierda), dominaron la política en esa nación. Durante las primeras dos décadas, la derecha fue hegemónica y, hasta 2009, la izquierda llegó al poder por primera vez en la historia.

Pero una década después, apenas superó el 10 por ciento de los votos, lo que para muchos significó que el FMLN fue el “gran damnificado del descrédito del sistema político salvadoreño”.

Y el beneficiario fue Bukele, el abogado de origen palestino expulsado del FMLN y que el día de su triunfo proclamó: “El Salvador ha pasado la página de la postguerra”. Sin embargo, no anticipó que su populismo pronto lo enfrentaría con la Asamblea Legislativa y que se arroparía cada vez más en el ejército.

Asalto y fractura

Los sucesos del ocho y nueve de febrero son un eslabón más en la cadena de choques entre el ejecutivo y el legislativo.  La tensión aumentó cuando el Consejo de Gobierno, a instancias de Bukele, invocó el Artículo 167º, fracción 7 de la Constitución que, bajo ciertas excepciones, le permite convocar a una sesión legislativa.

La sesión discutiría la aprobación del préstamo de 109 millones de dólares (mdd) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como tema único, con el que se financiaría la Fase III de su Plan de Control Territorial.

Según expertos, este plan resulta clave para el proyecto de seguridad del gobierno; pero no va más allá del aumento de la presencia militar en la cotidianeidad salvadoreña y la mayor parte del financiamiento se destinaría a equipar a las fuerzas armadas, ya que incluye la adquisición de helicópteros y un buque valorado en 26 mdd.

Para los analistas, la convocatoria fue una medida de excepcionalidad de un presidente que no tiene mayoría parlamentaria. Arena y el FMLN no acataron la invocación presidencial y denunciaron un atentado contra la división de poderes, pues estimaron que significa la intromisión del ejecutivo en el Poder legislativo.

En ese momento, Bukele tomó varias decisiones temerarias: convocó a sus simpatizantes a presentarse en los alrededores de la Asamblea Nacional (AN), militarizó las afueras del recinto y en la sala de sesiones, y colocó pantallas que transmitieran la sesión.

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El 10 de febrero, el presidente de la AN, Mario Ponce, anunció, en Twitter, que se suspendía la sesión plenaria extraordinaria prevista para ese mediodía. Bukele insistió en que la Asamblea estaba en desacato y desplegó un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías para rodear el edificio.

Y mientras que, en las calles aledañas, miles de personas voceaban a coro “¡Insurrección, insurrección, insurrección!”, el presidente salvadoreño penetró en el Congreso escoltado por militares armados con rifles de asalto y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Ante una Asamblea sin quórum, pues solo había 20 de los 84 diputados, Bukele ordenó a las decenas de fuerzas del orden tomar posiciones rifle en mano. Inició la sesión extraordinaria al hablar ante funcionarios gubernamentales, miembros de su partido Nuevas Ideas y algunos particulares.

Tras llamar a los diputados “sinvergüenzas” y “criminales” que no quieren cooperar con la seguridad del país, invocó el Artículo 87o constitucional y arengó: “El pueblo deberá poner en práctica –ese artículo–, pues tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restituir el orden constitucional”.

Afirmó que, si los diputados convocados a sesión plenaria “no aprueban el préstamo” el lunes y, si, ni con eso lo aprueban, serían citados nuevamente por el Consejo. Enseguida se sentó en el asiento del presidente del Congreso, Mario Ponce, quien no acudió a la convocatoria.

E hizo alarde de su autoritarismo y orientación religiosa cuando aseguró que su gobierno fue “elegido por Dios” y, cubriendo su rostro con las manos, expresó: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”. Añadió que Dios le pidió ser paciente y que eso hará; rezó una oración y salió a un área exterior para dirigirse a sus seguidores, que ahí lo esperaban.

El lunes no hubo sesión “hasta nuevo aviso”, anunció vía Twitter el legislador Mario Ponce. Pero Bukele criticó así a los diputados: “Al final, cuando las aguas se calmen, quedará claro quiénes luchamos por el pueblo y quiénes no. Por el contrario, financian delincuentes, al tiempo que bloquean fondos para nuestros policías y soldados”.

Más tarde, el mandatario defendió su actuación en la Asamblea cuando afirmó que “no hubo ni siquiera un golpeado, mucho menos un disparo o un mueble roto”. Mientras, la prensa extranjera –Público, de España y Prensa Latina, de Cuba, entre otros– reveló que la irrupción del ejército a la Asamblea fue posible porque el director de la PNC, Mauricio Arriaza, amenazó con forzar las puertas.

Entretanto, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, emplazó así a Bukele: “Si tú crees que la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños colaterales estás equivocado; venimos de un conflicto armado largo y amargo para retroceder”.

Más dependientes de EE. UU.

Ningún gobierno de El Salvador soslaya su histórica dependencia de EE. UU. y sus corporaciones. Los gobiernos republicanos y demócratas, sin asumir su responsabilidad histórica en el sistemático subdesarrollo de El Salvador, afirman que les ocasiona dos preocupaciones de seguridad. Una, la inmigración “ilegal” y dos, el crimen violento de sus pandillas, según el centro de inteligencia conservador Stratfor.

En lugar de denunciar que la pobreza y desigualdad en El Salvador son consecuencia de la explotación sistemática de multinacionales agroindustriales, para Stratfor, ese subdesarrollo obedece a que es un país “demasiado pequeño y con pocos recursos”. De ahí que sea incapaz de sostener a su población, que aumenta desde la mitad de los años 50.

Es cierto que, entonces, emigró más de un millón de salvadoreños, la mayoría hacia EE. UU.  Tras ese éxodo sobrevino la guerra civil que torturó, desplazó y aniquiló a miles de personas. Y después se produjo el auge del crimen violento –en forma de bandas criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18–, así como la corrupción de las fuerzas políticas y las élites.

Las remesas de un millón 648 mil 968 salvadoreños que viven en EE. UU. son una importante fuente de ingreso. Pero en 2018, Donald John Trump endureció su política al decidir deportar a miles de personas que, desde hace casi 20 años, vivían al amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Pese a esa política agresiva, en el plano geoestratégico y para la nueva cartografía geopolítica de Trump en América Latina, El Salvador es importante. Pretende implementar “golpes de mano blandos” que sustituyan a los gobiernos no afines (Venezuela, Bolivia y Nicaragua) e imponer una nueva ola negra involucionista con regímenes autocráticos bajo su tutela, explica el analista Germán Gorraiz López.

Con esa misma lógica, Barack Obama alentó la Alianza del Pacífico, un refinado proyecto de ingeniería geopolítica para dinamitar el proyecto integracionista de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur) y aislar a los gobiernos progresistas. También es el espíritu del llamado Arco del Pacífico, que integra, entre otros, a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Es una perfecta estrategia “fagocitadora”, recuerda Gorraiz. Incluye a otros Estados y coincide con la política del “palo y la zanahoria” que, en 1949, Sherman Kent describió en su obra  Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana, donde afirma que la guerra no siempre es convencional, sino con armas no convencionales como la política y la economía. Así se explica el rotundo rechazo de EE. UU. a la apertura de relaciones diplomáticas con China en la presidencia de Salvador Sánchez Cerén en agosto de 2018. En esa política seguía a sus vecinos Panamá y Costa Rica que rompieron vínculos con Taiwán.

Inquietos por la acción del mandatario, gobiernos y organismos extranjeros se manifestaron. Por Twitter, el embajador de EE. UU. en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, emitió un mensaje de falso humanismo. Advirtió que, desde la firma de los Acuerdos de Paz, EE. UU. ha apoyado el fortalecimiento de la democracia en El Salvador.

“Llamamos a todas las partes del Estado y a los salvadoreños a trabajar y dialogar en busca de consensos y a  mantener la calma”, publicó. Y con esta cínica retórica, Johnson dijo estar convencido de que la vía de solución de conflictos es “el diálogo razonable y el respeto mutuo”.

La Unión Europea (UE) pidió respetar la independencia de las instituciones y llamó a ambos poderes a resolver el conflicto de “forma satisfactoria y pacífica”. Subrayó que a ese bloque comunitario le preocupa el enfrentamiento político en ese país.

Para la coordinadora del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en ese país, Birgit Gerstenberg, El Salvador ha alcanzado logros importantes “y ha ido profundizando su democracia y Estado de Derecho” con respeto a las diferentes opiniones. Confió también en que prevalezca el espíritu de diálogo siempre. Lo mismo hizo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, calificó de “ostentoso” el despliegue militar y policial del mandatario. Señaló que eso “nos recuerda las épocas más sombrías en la historia del país y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país”.

Mística y militarización

El desencuentro con el poder legislativo anticipa que el presidente Bukele pueda optar por la militarización. Hoy existe una nueva generación de militares, policías y agentes de inteligencia que se alinean con el poder en turno. Es sabido que el discurso autoritario con matiz religioso es difícil de contradecir. Con ello y la fuerza pública pretende presionar a los diputados.

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El país está bajo amenaza de que el ejecutivo concentre demasiado poder. Además, el mandatario dice haber sido “elegido por Dios” y en su pugna con el FMLN y Arena puede apoyarse en el autoritarismo. Al deslegitimar a ambas fuerzas políticas por su gestión poco efectiva, podría iniciar la construcción de una nueva fuerza política relevante, advierten politólogos locales.

El empoderamiento militar está detrás del fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra las pandillas. Esa fuerza siempre se ha fortalecido, aunque la inseguridad no ha mermado y las necesarias políticas de reparación social se han relegado. Se abre un escenario inédito donde la política, la presión autoritaria y “Dios” jugarán un rol clave. Autoritarismo y novedad es el signo de Bukele, advierten los analistas políticos Nery Chávez y Esteban Gory, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

Rol ambiguo de México

Al iniciar el año 2020, la emisora británica BBC estimó que los presidentes Andrés Manuel López Obrador, de México y Nayib Bukele, de El Salvador, son los dos mandatarios “mejor evaluados y más populares de América Latina”. Según el medio, aunque ambos son polémicos, pues algunas de sus decisiones enfrentan duras críticas, “al mismo tiempo, los gobiernos que encabezan tienen un fuerte respaldo en sus respectivos países”.

Nayib Bukele y su homólogo mexicano se reunieron en lo que la prensa extranjera calificó de “viraje histórico”, por el que México se proponía acercarse a Centroamérica. Esa cita, permeada por la presión del gobierno de Donald Trump hacia el Ejecutivo mexicano, arrojó iniciativas para disminuir el flujo irregular de inmigrantes por el territorio de México hacia EE. UU. y el compromiso económico y social de Estado mexicano para el desarrollo de Centroamérica.

Ese intento está detrás del programa Sembrando Vida, por el que México donó 31 mdd, en julio de 2019, para generar 20 mil empleos con salarios de 250 dólares al mes en aquel país. Al mismo tiempo, asiló a más de 700 salvadoreños en enero de 2019, mientras otros permanecen en la frontera en espera de que EE. UU. les dé ese amparo.

La relación binacional se remonta a la civilización maya, formaron parte del Virreinato de la Nueva España, EL Salvador fue parte del imperio de Agustín de Iturbide y, una vez independientes, ambos países formalizaron su relación en 1823.

Durante la sangrienta guerra civil (1979-1992), México recibió a miles de salvadoreños y lideró el grupo multinacional de Contadora, que auspició los Acuerdos de Paz de Chapultepec para Centroamérica. Desde entonces, ambos Estados cooperan en el combate a la delincuencia organizada (antidrogas, pandillas e inmigración indocumentada).

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Escrito por Nydia Egremy .

Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.


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