Fotos: Laura Osornio

A pesar de los proyectos, las leyes y las acciones públicas de diversas instituciones gubernamentales de México, la mayoría de las personas con discapacidad o movilidad reducida se hallan en condiciones económicas inestables y frente a una cultura organizacional no inclusiva, que complica su autonomía en el mundo laboral.

En 2013, el Senado de la República decretó el 27 de febrero como el Día Nacional de la Inclusión Laboral para avanzar hacia la incorporación de las personas con capacidades diferentes en la vida productiva del país, con base en el pleno respeto a sus derechos humanos y laborales.

Sin embargo, una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 7.1 millones de mexicanos tienen limitantes físicas o mentales que imposibilitan o dificultan su desarrollo como personas y como trabajadores. De ese total, solo el 39 por ciento de las personas mayores de 15 años es autosuficiente, cifra apenas 25.6 puntos porcentuales debajo de la población económicamente activa (PEA), cuyo porcentaje equivale al 64.7 por ciento de la población nacional; mientras que el 51.9 por ciento vive con apoyos de los programas sociales de gobierno o con ayuda de otras personas.

Saida Mayte Rossel Ramírez padece neuromielitis o enfermedad Devic, mal que consiste en la inflamación secuencial y recurrente del nervio óptico y la médula espinal, y  que puede causar ceguera; debilidad o parálisis en piernas y brazos; pérdida de sensibilidad y problemas en la vejiga. 

A pesar de estos problemas de salud, Saida es abogada titulada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); pero no ha encontrado trabajo estable. Hace seis meses consiguió uno en el Centro Cultural Clavijero, de Morelia, recinto que depende de la Secretaría de Cultura de Michoacán; pero tuvo que dejarlo.

Cuando accedió a este empleo, pensó que había hallado una gran oportunidad, porque la solicitud decía que su desempeño era “apto para discapacitados”. Pero la realidad fue otra: la obligaban a subir y bajar escalones, a caminar y a realizar labores que se le dificultaban y la exponían a una caída.

Una historia similar enfrenta el pasante de Veterinaria y Zootecnia, Miguel Ángel Gómez Villaraos, quien está afectado por una mielomelingocele con espina bífida, defecto derivado del no cierre de la columna vertebral y el conducto raquídeo antes del nacimiento. Actualmente recibe la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que consiste en una ayuda bimestral de dos mil 620 pesos, que agradece; pero que no le alcanzan para cubrir sus gastos.

Para Gómez Villaraos, lo mejor sería encontrar un empleo estable. “Hay un proverbio que dice que a la gente no le des pescados, sino enséñala a pescar. Una persona con discapacidad como yo y sin trabajo, tenga carrera o no, no vive con dos mil 620 pesos bimestrales. Si nos quedamos de brazos cruzados esperando a recibir el dinero, o a que éste llegue sin hacer nada para ganárselo, nunca vamos a progresar. Es muy fácil recibir este dinero y quedarte en una zona de confort, pero si te conformas con lo poco que te da el gobierno ya no creces como persona.

“Son pocas las oportunidades que uno tiene en el ambiente laboral. A México le falta mucho para que exista una inclusión laboral equitativa, porque nos cuesta más encontrar trabajo que a las personas sin discapacidad”, expuso Miguel Ángel a buzos, e insistió en destacar que la dificultad para conseguir un empleo, pues esto es casi imposible para las personas con alguna discapacidad.

Para la psicóloga Ana Carmina Barraza, la ayuda económica que reciben las personas con discapacidades no es suficiente; y comentó que sería deseable que, cuando se crean nuevos centros de trabajo, sus directores, gerentes, funcionarios públicos y demás empleados deben ser capacitados con los conocimientos necesarios para saber en qué, cómo y dónde pueden utilizar personal con limitantes físicas o mentales.

Es decir, explicó la especialista, los mandos directivos de áreas gubernamentales y empresas deben estar enterados de que las personas con discapacidad deben contar con oportunidades de empleo reales y no a medias y, asimismo, deben saber cuáles son las tareas en las que tienen más posibilidades de desarrollar su creatividad laboral. Ana Barraza indicó que los programas sociales del gobierno son simples paliativos que no resuelven los problemas de la gente.

“La falta de inclusión laboral nos afecta más”

“Una persona con discapacidad se puede desenvolver en cualquier trabajo. Claro, habrá personas y situaciones que se nos dificulten, pero si existieran capacitaciones especiales para todos los empleados con y sin discapacidad, y lugares aptos y apropiados para nosotros, existiría sin duda alguna una mejor situación laboral y el cumplimiento de las leyes que hablan de nuestra inclusión”, afirmó Miguel Ángel. 

La visión de la psicóloga Barraza, respecto a este tema es más contundente; pues aseveró que la poca inclusión laboral que existe en el país afecta más a las personas con alguna discapacidad que ésta misma: “Las personas con discapacidad han aprendido a hacer las cosas dejando a un lado sus limitantes, pero lamentablemente este término (personas con discapacidad o PCD) se ha generalizado, se piensa que no son capaces. Erróneamente pensamos que existen limitantes en sus mundos y juzgamos o damos por hecho las cosas”.

La abogada Mayte Rossel considera al gobierno carente de programas de inclusión verdadera o real para las personas con discapacidad; ya que por experiencia sabe que éste no escucha sus necesidades, incluidas las más elementales, como es el caso de la ausencia de áreas de tránsito para sillas de ruedas en las calles, estacionamientos y escaleras especiales, sistemas de lectura braille, traductores para personas sordomudas, etcétera.

“Muchas veces las personas con discapacidad que tienen un empleo son despedidas por inasistencia laboral sin escuchar sus razones o motivos, la mayoría de los cuales se deben a caídas o cuestiones de salud derivadas de su discapacidad”, comentó la abogada Saida Maite Rossel, quien afirmó que esto resulta injusto e ilegal.

La licenciada en Derecho y especialista en inclusión laboral para personas con discapacidad física en México, indicó a buzos que existen responsabilidades, obligaciones y multas para los empleadores que se niegan a contratar a personas con alguna discapacidad. Estas disposiciones están contempladas en los Artículos 992º y 994º, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo y su violación es equiparada a las prácticas discriminatorias y atentatorias del derecho a la igualdad laboral.

La licenciada María Elena Mendoza Madrid comentó que una de las reformas más importantes hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue la que, el 10 de junio de 2011, estableció que todas las autoridades públicas del país deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para evitar prácticas discriminatorias de cualquier índole.

La abogada recordó, asimismo, que la reforma escrita en 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) otorgó a los mexicanos el derecho a un trabajo digno, libre de discriminación y respetuoso en todo momento de sus derechos laborales. Pero esta normatividad no se cumple en el caso de las personas con capacidades diferentes y el Estado omite su cumplimiento

“Hace falta una plena observancia y aplicación por parte del Estado y de los empresarios a dichas normas jurídicas. Hay por parte de las autoridades una reiterada violación a sus derechos laborales, de las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad”, destacó la licenciada Mendoza Madrid.

La especialista explicó que son varios los ámbitos donde debe trabajarse para remediar esta lamentable situación. Debe iniciar por sensibilizar a la sociedad con campañas educativas para que las personas con discapacidad no sigan imperceptibles y discriminadas por las autoridades y por las mismas comunidades; ya que así ejercerían con plenitud sus derechos a la igualdad y a la libertad.

La abogada declaró, asimismo, que también se requiere difusión plena, clara y extensa de las normas jurídicas protectoras de los derechos específicos para las personas con discapacidad diferente, nacionales e internacionales; ya que, con esto, los ciudadanos y autoridades se verán obligados a observarlas y evitar, en todo momento, caer en actos de discriminación.

Mendoza Madrid afirmó, igualmente, que el Estado mexicano tiene la obligación, como lo ordenan los tratados internacionales que se han suscrito, a destinar recursos económicos suficientes para crear las políticas públicas indispensables que garanticen la inclusión social y laboral de varios millones de mexicanos con alguna discapacidad.