El más reciente reporte de la Auditoria Superior de la Federación, correspondiente a un segundo paquete de resultados de las auditorías a la Cuenta Pública 2020 confirman irregularidades en los programas insignia de la Cuarta Transformación.

Esta semana, la Auditoria Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados un segundo paquete de resultados de las auditorías a la Cuenta Pública 2020. En este informe se indica que lo observado y pendiente de aclarar alcanza los 12 mil 253 millones de pesos en toda la Administración pública revisada, ahí se incluyen gastos en estados y municipios, poderes judiciales estatales, universidades públicas, incluso las oficinas del DIF en las entidades y partidas etiquetadas en la federación como el Fondo Metropolitano, entre otros rubros.

Con motivo de ello, me permito señalar que todos los mexicanos debemos ver en el esfuerzo de la Auditoria Superior de la Federación uno de los pocos mecanismos certeros para la observación de las políticas y el ejercicio presupuestal del país, tiene experiencia técnica y ha permitido ver que se pueden hacer conclusiones profesionales sin temor a la investidura del poder público, como lo vimos antes con el tema del cancelado proyecto NAIM en Texcoco.

En el reporte mencionado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que, en 2020, la Secretaría de Bienestar, a cargo de Javier May, aceptó dentro de los beneficiarios de programas sociales a personas que no entregaron los documentos de identificación, también que realizó pagos a personas fallecidas y dio apoyos duplicados con cargo a los programas Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Se trata de al menos 104 millones 866 mil 80 pesos los que tendría que aclarar la super secretaría en que López Obrador convirtió Bienestar.

Al señalar que la Auditoria Superior de la Federación tiene capacidad técnica, los mexicanos debemos exigir que se esclarezcan las irregularidades detectadas en las auditorías de estos dos programas insignia del mandatario, pues sería la prueba de lo que muchos académicos y luchadores sociales han denunciado: los padrones de Bienestar no están atendiendo a los más pobres y está plagado de irregularidades en la aplicación de los recursos.

Basta un botón. El programa de Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, la Auditoria Superior de la Federación estima un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 4 millones 819 mil 240 pesos por pagos a 986 beneficiarios que fallecieron entre febrero de 2019 y agosto de 2020, antes de los pagos. Imagínese la magnitud de este hecho, ¿a manos de quién fueron a parar esos recursos? Así está el caso del programa Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en donde no se comprueba que los beneficiarios se hayan identificado oficialmente, pues ni credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de pago presentaron.

Sembrando vida, también en la mira por opacidad

También esta semana, los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados señalaron al programa Sembrando Vida y su carácter clientelar por opacidad. Y es que, aunque la mayoría de Morena reconoció que se deben analizarse sus posibles fallas y subsanarlas, la oposición ve en Sembrando Vida una estrategia de apoyo a los más pobres del país que viven en el campo, sin embargo, reconocen que deben estar muy atentos para detectar estas fallas y realmente corregirlas. De esta forma, el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez tendría que comparecer por este y los casos detectados por la Auditoria de la Federación.

Según reportes, el Programa Sembrando Vida, enfrenta fallas elementales en sus reglas de operación. Académicos como Máximo Jaramillo de El Colegio de México asegura que ni siquiera las tiene; opacidad e incertidumbre en el manejo de recursos, además de medida de represalia a cargo de los servidores de la nación, quienes han llegado a imponer castigos a los beneficiarios  cuando se atreven a denunciar las irregularidades observadas.

Hay que recordar que el programa Sembrando Vida es operado por los Servidores de la Nación, quienes además retienen los recursos, a través de cajas de ahorro sin transparencia, que imponen a los propios beneficiarios. De acuerdo con un seguimiento, estos ahorros ya forman una bolsa de más 4,200 millones de pesos pero los usuarios  no cuentan con ninguna documentación oficial que les avale como dueños de ese ahorro. Así, en el tercer año de ejercicio del presidente López Obrador, se observa que hay una crisis severa en el ejercicio presupuestal de sus programas insignia, lo que afecta a los pobres del ámbito urbano y rural, sin excepción. Respaldemos y exijamos que se clarifique.