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Artimañas y corrupción en los programas sociales
Sexagenaria y jornalera, doña Aurelia revela que los programas sociales no llegan a mucha gente que trabaja y que son insuficientes para comprar los productos de la canasta básica cuyos precios siempre se hallan al alza.
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Doña Aurelia Ortega Guzmán cambia el tono de su voz: es lenta, se entrecorta y, en algunos momentos, con inflexiones bruscas por el coraje: “Nos sentimos solos, los mayores. No tengo ayuda de ningún programa de gobierno, ni el saludo, porque no tengo manera de ser beneficiaria.

“Soy jornalera. En el campo sufrimos y no piensan en nosotros. Nos vamos tarde y llegamos temprano; los calores están fuertes y qué tal si necesitamos un vaso de agua. Nos está granizando y corremos debajo de los árboles y es peligroso. Pero es la vida que tenemos los jornaleros. No hay ayuda para nosotros”.

Sexagenaria oriunda del municipio poblano de Tepeyahualco, doña Aurelia reveló a buzos que los programas sociales no llegan a mucha gente que trabaja y que son insuficientes para comprar los productos de la canasta básica cuyos precios siempre se hallan al alza.

 

 

También lamentó que muchas personas con mejores condiciones económicas reciban estos apoyos; y se mostró escéptica ante la información del Gobierno Federal en torno a que los programas sociales realmente beneficien al 36 por ciento de las familias del país.

Doña Aurelia puso en duda este dato, incluso sugirió que lo más probable es que los montos “históricos” de la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sean objeto de artimañas y corruptelas, además de su evidente sesgo político.

En coincidencia con la percepción de la campesina poblana, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, doctor en ciencias sociales de El Colegio de México, afirma que sólo el 54 por ciento de las familias más pobres en el país reciben al menos un programa social.

En su investigación Los grises de la política social de la 4T, basada en la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE-Inegi) del primer trimestre de 2023 y publicada el pasado 30 de mayo en la revista Nexos, Jaramillo afirma que los apoyos son regresivos porque no llegan a la población más vulnerable.

“En 2012, los programas sociales llegaban a 63 por ciento de los hogares más pobres (en este caso, del veintil 1 de ingresos laborales), en 2016 llegaban al 68 por ciento y en 2023 llegan sólo al 54 por ciento... el aumento más drástico en términos relativos se ha presentado en los hogares más ricos (del veintil 20), para los que el alcance de los programas sociales se duplicó”, precisó.

Jaramillo escribe que, en 2023, el monto del presupuesto de los programas sociales federales fue de mil 525 millones de pesos (mdp), que superó el máximo histórico de 2014; pero aclara que mientras este gasto equivalió al 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el del año pasado fue del cinco por ciento del PIB.

Y agregó: “Probablemente el presupuesto de 2024 podría por fin superar esta cifra y alcanzar un nuevo máximo histórico en términos relativos. Aunque los límites de dichos aumentos estarán principalmente delimitados por la baja recaudación de impuestos y la disminución constante del espacio fiscal en el país. Dicho de otra manera: sin una reforma fiscal, la sostenibilidad del aumento del presupuesto para política social se antoja difícil”.

 

Operatividad poco clara

A finales de agosto de 2022, Amellalli Pérez fue informada por los Servidores de la Nación de su municipio que debía recoger su “tarjeta para el bienestar” porque ya era beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Contó a buzos que, meses antes, se había inscrito en el programa vía Internet; pero como no recibió respuesta no le dio seguimiento al trámite; y que cuando le anunciaron su inscripción, le pidieron un código QR y otro documento que no tenía, pero que debieron entregarle cuando se registró y envío su fotografía a través de la página web.

 

 

Fue por esta situación que no prestó mayor interés hasta que, varios días después, la llamó por teléfono una persona del municipio de Tetela de Ocampo, quien se presentó como su “tutor” y le informó que debía transferirle el dinero de la tarjeta, pues ése era el costo por haberla inscrito.

Cuando Amellalli le preguntó su nombre y le pidió más información al respecto, el desconocido le dijo que esperara el mensaje con los datos para realizar el movimiento; pero éste nunca llegó. Sin embargo, cuando recogió el plástico y fue al cajero, en la primera ocasión halló sólo 11 pesos y en la segunda ocho pesos.

Esta reportera consultó el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) del programa social y comprobó que Amellalli Pérez está reportada como beneficiaria de Jóvenes Construyendo el Futuro y que recibió cinco mil 258.13 pesos mensuales de febrero a octubre de 2022, cuyo monto fue de 47 mil 323.17 pesos.

Para cotejar esta información se revisó en el buscador temático de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y Amellalli aparece como beneficiaria en el mismo periodo con un monto total diferente: 57 mil 839.43 pesos.

¿Dónde quedó ese dinero? ¿Quién y cómo lo retiró?, pregunta Amellalli, quien a la fecha no ha recibido su “tarjeta del bienestar”. En la misma situación se encuentran varias personas entrevistadas por buzos, de quienes no se revelan los nombres para evitarles posibles agresiones o que no puedan acceder a los programas.

La primera entrevista fue a una madre soltera. En enero de 2021 cambió su domicilio y, por tal motivo, su hijo cambió de escuela; a partir de ese momento ya no le enviaron la Beca para el Bienestar Benito Juárez Educación Básica.

En mayo pasado acudió con los Servidores de la Nación para preguntar sobre los requisitos para acceder nuevamente al programa; pero le indicaron que “en el sistema aparece activa”, por lo que le pidieron que acudiera al Banco del Bienestar (BB) para revisar si la beca estaba llegando a su tarjeta.

En el banco, ubicado en la comunidad de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, le informaron que no había recurso en la tarjeta y no le supieron decir qué procede en ese caso y le recomendaron que se espere al cambio de tarjeta para ver si le reembolsan los apoyos que no le llegaron.

Pero en las cuentas de la PNT y el PUB aparece que la declarante recibió la beca hasta el periodo enero-abril de 2022, es decir, todo 2021, y el primer cuatrimestre del siguiente año. Y surgen las mismas preguntas: ¿dónde quedó ese dinero?, ¿quién lo retiró?

Ricardo terminó su bachillerato en julio de 2020, aunque desde diciembre de 2019 ya no recibió la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. En el reporte del PUB aparece que todavía obtuvo el apoyo correspondiente al periodo enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio del 2020 (mil 600 por cada periodo).

Las denuncias de estos “beneficiarios” sólo parcialmente o no beneficiados por las Tarjetas del Bienestar coinciden con las fallas contables detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados en las Cuentas Públicas del Gobierno Federal de 2019 a 2022.

 

 

Probable desfalco en la SB 

A finales de agosto de este año, la diputada federal morenista Inés Parra Juárez presentó, ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia por un probable desfalco de más de seis mil 68 millones de pesos en la administración de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar (SB) y por la posible comisión de los delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

Las irregularidades detectadas están registradas en las observaciones que publicó la Auditoría Superior de la Federación en relación con las Cuentas Públicas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, consistentes en pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias en los registros de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino”, reveló la legisladora poblana en una conferencia en la Cámara de Diputados.

Ese mismo mes, la panista María Elena Pérez Jaén Zermeño presentó 65 denuncias de la misma índole: 49 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 16 en la FGR por presuntos actos de corrupción, saqueo, irregularidades y desvío de recursos del programa Sembrando Vida por un monto de dos mil 742 mdp. Éste fue detectado también por la ASF en 2019, 2020 y 2021.

Pérez Jaén responsabilizó, además, a la SB por solapar desvíos de dinero en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, del que aseguró que es un “nido de corrupción” y uno más de los proyectos clientelares del gobierno morenista.

En marzo de 2018 se incorporaron al programa Prospera 350 nuevas beneficiarias del municipio poblano de Huitzilan de Serdán; durante el evento, que estuvo encabezado por funcionarios de la dependencia, se informó que el padrón contaba con cuatro mil 20 beneficiarias de este programa.

Con el arribo de AMLO a la Presidencia de la República, en diciembre de 2018, Prospera cambió su denominación a Becas para el Bienestar, pero disminuyó su padrón. En 2019, apenas tenía mil 76 beneficiarios que, sumados a los 250 de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, resultaban mil 326 beneficiarios, una disminución de 67 por ciento con respecto al padrón de Prospera.

En los primeros meses de 2021, año electoral, el padrón de beneficiarios creció a cinco mil 106 beneficiarios, entre los inscritos en becas Benito Juárez y otros nueve programas. En 2022, año no electoral, el padrón bajó nuevamente a dos mil 144 registros en siete programas. 

Este año la tendencia ha sido al alza y el número de beneficiarios se elevó a tres mil 878 en cinco programas; debido a que se acercan las contiendas electorales de 2024 y Morena buscará retener el Gobierno Federal. 

“La necesidad no ve colores”, advirtió María Concepción Arreita Salgado, quien vive en el municipio de Cuetzalan, pueblo “mágico” del estado de Puebla.

 

 

Doña Conchita logró ingresar al Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural después del paso del huracán Grace; pero no porque los Servidores de la Nación la censaran entre los afectados, sino porque se movilizó y logró que los funcionarios encargados de realizar las visitas revisaran su vivienda y la inscribieran.

“Hay mucha gente humilde con el techado de lámina de cartón o de teja y a esos no les llegó el apoyo. Pasaron los promotores y nada más pasaron a escoger. Vinieron los más grandes, de arriba, ellos pasaban sólo con los elegidos por los servidores, y ahí fue donde yo me opuse, porque iban con quienes tienen casa de dos pisos, o buena casa, o buenas posibilidades. Iban con los de la organización que está con Morena; les pedí que me anotaran, que visitaran mi casa”, contó.

Arrieta Salgado señaló que ante el desastre provocado por los fenómenos naturales, como fue el caso del ciclón Grace, es necesario que los gobiernos apoyen a la gente sin ninguna distinción y no sólo “a sus amigos y a los que son de su misma línea”; y denunció: “Desde que entró el Gobierno Federal morenista ha cambiado bastante. No fue un cambio verdadero, fue un cambio, pero para mal. No hay apoyos”.

En ello coincidió doña Aurelia, de Tepeyahualco: “no hay ayuda para nosotros. Comentan mucho en la televisión, que un programa y otro, pero no. Sí me preocupa. Yo lo veo en el campo, ni porque pasan aquí y nos piden la credencial, de cualquier partido. Yo estoy decepcionada, ahora, de todos los partidos”.

Los programas del “bienestar” son en realidad una herramienta político-electoral con la que el Presidente pretende garantizar la permanencia de Morena en los tres niveles de gobierno del país; y sin importarle que éstos estén operando con las mismas prácticas de corrupción que él prometió erradicar en este sexenio.


Escrito por Carmen Guevara

Reportera poblana


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