Lo que comenzó como un conflicto entre familiares de la empresa de lácteos Sello Rojo en 2018, hoy se ha convertido en un problema político. Esto luego de que los accionistas despojados solicitaron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y resolver la situación.

En conferencia de prensa, los hermanos Mayarí, José Luis, Luis Rabinath y Roberto González Rodríguez, hijos de Josefina Rodríguez (86 años) y José Luis González Sánchez (90 años), este último fundador de Sello Rojo, acusaron al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de apoyar el despojo a la compañía de lácteos que funciona desde 1961.

Puntualizaron que, en 2018, los hermanos y actuales administradores de la empresa, Abraham y Rubén González Uyeda, realizaron actos de despojo en detrimento de sus padres. Asimismo, se encargan de intimidar, amenazar y violentar los derechos tanto de los socios como de los trabajadores en las plantas de Tamaulipas, Acapulco, Guadalajara y San Luis Potosí en completa impunidad.

Luis Rabinath González Rodríguez señaló: “hoy, recurrimos a las autoridades federales porque nos urge que se detengan los actos de despojo en detrimento a nuestros padres y de los trabajadores; ya que, en Jalisco, Abraham González Uyeda es conocido por la fuerte influencia y capacidad de manipulación que ejerce sobre funcionarios del círculo cercano al gobernador Enrique Alfaro; magistrados, consejeros y jueces del poder judicial; notarios y agentes del ministerio público”. 

Además de despidos masivos y renuncias forzadas, Abraham y Rubén González Uyeda son acusados de negarse al pago de utilidades durante siete años, a pesar de que Sello Rojo ha tenido ventas superiores a los 36 mil millones de pesos. Por el contrario, acumulan pérdidas por mil 300 millones de pesos, lo que pone en riesgo el empleo de más de ocho mil trabajadores.

También se niegan a entregar reportes detallados del funcionamiento de la empresa de lácteos, no entregan el pago de dividendos y modificaron ilegalmente los estatus de la empresa para anular el voto corporativo de los socios.

Por todo ello, los afectados insistieron en la necesidad de que el Presidente de la República atraiga el caso y ordene a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una investigación a la actual administración de Sello Rojo por probable evasión de impuestos, lavado de dinero, fraude procesal, falsificación de firmas y operación con recursos de procedencia ilícita.