El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) se encuentra contra la pared y, aunque utiliza la maquinaria mediática para convencer a los incautos que es el mejor gobierno de todos los tiempos, en la fase final de este sexenio, no logra persuadir a mucha gente que siquiera logrará el raquítico dos por ciento de crecimiento económico de los otros gobiernos neoliberales. En los últimos cuatro meses, la inflación se ha mantenido en más del siete por ciento, los productos suben de precio ante la impotencia de las familias, la mayoría de éstas todavía no ha pagado los gastos derivados de la pandemia del Covid-19; y ahora no pueden comprar la canasta básica.

Éste es el contexto en el que el gobierno se ha visto urgido de una “solución mágica”, con la cual contrarreste no tanto los efectos de la inflación sobre la precaria economía de las desesperadas familias mexicanas, sino para no perder votos en las elecciones de 2024. En estos palos de ciego, primero anunció un control de precios y, cuando los economistas explicaron al unísono que esto únicamente acarrearía mayor escasez de productos, y que al final pagarían más los que menos tienen, cambió de estrategia. Fue entonces cuando, para aparecer ante la opinión pública como un gobierno preocupado y ocupado por los pobres, salió con una vieja receta de los gobiernos neoliberales que tanto criticó y que el innombrable Carlos Salinas de Gortari implementó como Pacto de Solidaridad Económica (Pase). Ahora este lleva el nombre de Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic); y con él se busca que 24 mercancías de la canasta básica tengan un precio justo. En el acuerdo participaron las principales cámaras empresariales que, con el gobierno, se comprometieron a no subir los precios de esos productos durante seis meses, a cambio de que éste mantenga el de los combustibles y elimine los aranceles de algunos productos importados.

Pero surge la pregunta del millón: ¿En algo contribuirá el Pacic? La respuesta es no, porque la inflación es un fenómeno económico que se origina cuando las personas tienen buenos ingresos y llenan de dinero el mercado al demandar muchos productos, provocando con ello que los precios se eleven. Ésta no es la causa de la inflación actual. En esta ocasión hay factores externos, como la pandemia (de la que no hemos salido), que afectó la cadena de suministros, que está provocando escasez y sobreprecios. Las medidas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia por el conflicto en Ucrania han incrementado los precios de cereales y combustibles, además de nerviosismo en los mercados. Pero las cuestiones estructurales de la economía nacional la hacen muy vulnerable ante los embates externos, ya que el 97 por ciento de sus unidades económicas son micro y pequeños negocios del sector servicios; el campo es improductivo, la mayoría de los trabajos son informales y precarios, el desempleo constante y los salarios muy bajos. Para gran parte de las familias mexicanas era ya un predicamento tener dinero suficiente para adquirir la canasta básica antes de 2020 y ahora parece imposible.

El mentado pacto es solo útil como estrategia mediática, ya que, en los hechos, las mercancías indispensables siguen subiendo de precios y aun cuando los grandes empresarios lo “respeten”, solo durará seis meses, lapso durante el cual le harán los ajustes que consideren necesarios. Es decir, el gobierno publicitará a las empresas como “socialmente responsables y salvadoras de la economía de México”; pero en la realidad cotidiana, ninguna de ellas se desprenderá de solo un céntimo porque únicamente aplican el criterio de la máxima ganancia, como lo demuestra el hecho de no tener ningún reparo en pagar salarios miserables a sus trabajadores y vender mercancías de mala calidad. Así lo han hecho, y lo harán mientras no haya una fuerza organizada y educada que cambie el criterio de la máxima ganancia por el máximo bienestar humano.