A tres años del sismo del 19 de septiembre del 2017, miles de damnificados aún viven con familiares, vecinos, en campamentos callejeros o rentan viviendas porque las suyas siguen en proceso de reconstrucción debido al burocratismo, la negligencia o la corrupción de los servidores públicos de la Ciudad de México (CDMX).

En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó más de 22 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas en las nueve entidades de la República que resultaron afectadas por los sismos del siete y 19 de septiembre, pero la mayoría continúan padeciendo la negligencia oficial.

El primero de los terremotos se suscitó el siete de septiembre de 2017, tuvo una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, su epicentro fue localizado en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente a los estados de Chiapas y Oaxaca. El segundo ocurrió el 19 de septiembre a las 13: 14, alcanzó una magnitud 7.1 grados, su epicentro se ubicó en los límites entre Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México (CDMX).

El 19 de septiembre del año pasado, como parte de la conmemoración de su segundo año, el gobierno de la República abrió la página de Internet www.reconstruyendoesperanza.gob.mx para informar a la población el avance del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), que fue poco significativo. Y este año resultó peor, porque su presupuesto fue 62 por ciento menor al de 2019 y contó apenas con dos mil 844 millones de pesos (mdp).

Las familias damnificadas aseguran que con la pandemia del Covid-19, los trabajos de reconstrucción de viviendas se han retrasado, debido a que las oficinas encargadas de dar seguimiento a los trámites están cerradas y el Gobierno Federal ha borrado este problema de su agenda pública para concentrar su atención en el asunto sanitario.

Es decir el PNR ha dejado de ser prioritario y hoy, las miles de personas que perdieron sus hogares hace tres años ya no son consideradas para los “criterios de inclusión, igualdad y no discriminación” –según afirma el texto del programa– en el futuro inmediato a causa de la crisis económica y financiera derivada de la pandemia del Covid-19.

Las personas más afectadas por los sismos se ubican en las comunidades rurales e indígenas y en las áreas urbanas donde hay mayor concentración e índices de violencia delictiva.

Imperan irregularidades

En las entidades afectadas por los sismos, se conformaron agrupaciones de damnificados con el propósito de acelerar los trámites burocráticos y los trabajos de reconstrucción de viviendas familiares y edificios multifamiliares. Pero la respuesta de las autoridades no ha sido la esperada hasta el momento, porque prevalecen las irregularidades y la violación a los derechos humanos de los damnificados.

Una de las organizaciones creadas en la capital de la República, Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCDMX), abocada a la lucha por la reconstrucción de edificios dañados, denunció recientemente que la Comisión de Reconstrucción de la capital, a cargo de César Cravioto, apenas reporta un avance del 20 del por ciento.

Trinidad Godínez, integrante de DUCDMX, afirmó a buzos que además del avance mínimo en la reconstrucción, en la Comisión de Reconstrucción imperan las irregularidades, entre las que destacan la pérdida de expedientes y documentos, el cierre de ventanillas y las frecuentes fallas en la plataforma digital.

A estos problemas burocráticos se suma el retraso en la ejecución de los proyectos, de competencia directa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum y el comisionado César Cravioto. Godínez citó el caso de un edificio multifamiliar ubicado en el predio de la avenida Pacífico 455, que fue demolido a finales de 2017, pero apenas este año se puso “la primera piedra” y ahora le están haciendo los cimientos.

“¿Cuántos años más se necesitan para que los damnificados regresemos a casa?”, cuestionó el dirigente social.

En una situación aun más deplorable, se halla un inmueble ubicado en la avenida Alfonso Reyes 188, del que aún está decidiéndose el plan gubernamental. ¡Tres años para decidir un proyecto ejecutivo, cuya demolición fue desde 2017! Estas acciones han sido vistas por los damnificados como pretextos.

A pesar de que el programa contempla la entrega de un apoyo de cuatro mil pesos mensuales a los damnificados para que cubran sus gastos de renta, éstos lo consideradan insuficiente porque los arrendamientos de casas habitación en la capital son muy elevados. Además, no todos los afectados lo reciben y, de acuerdo con la mayoría de éstos, la solución que reclaman es la reconstrucción, ya que “no buscamos paliativos”.

Los problemas de cohabitación forzada con familiares o en campamentos callejeros fuera de los edificios colapsados en que se hallan centenares de familias en la CDMX, han llevado a la desesperación a muchas familias, incluso Godínez reveló que DUCDMX ha roto sus relaciones con Cesar Cravioto debido a que constantemente viola los derechos humanos.

“Es una persona que viola todos nuestros derechos humanos; el derecho humano a una vivienda, a ser tratados con dignidad, a ser atendidos, a considerarnos como seres humanos. Hace dos meses rompimos negociaciones, porque no avanzamos en nada; al contrario, son más las trabas, son más las imposiciones, son más sus berrinches, hemos tratado de proponer, pero soluciones reales no hay”, denunció ante este semanario.

Ahora sostienen el diálogo con el nuevo secretario de Gobierno de la capital, José Alfonso Suárez del Real, a través de mesas de trabajo. Sin embargo, éstas tampoco han sido fructíferas, ya que el funcionario constantemente recurre a la decisión final de Cravioto y en días pasados les ha sido restringido su derecho a la protesta pública, pues “nos dijeron directamente, si ustedes se manifiestan no hay acuerdos; se rompió el acuerdo por el hecho de manifestarnos, no vamos a permitir que nos sigan violando nuestros derechos”, expresó Trinidad Godínez.

A mediados de agosto, en videoconferencia, el comisionado Cravioto informó que el avance en la reconstrucción en viviendas multifamiliares era del 52.9 por ciento y en las unifamiliares del 30 por ciento. Aseveró que la reconstrucción en la capital estará concluida en el primer semestre de 2021.

Sin embargo, en los hechos, el proceso de reconstrucción en la capital es de apenas del 20 por ciento en vivienda y se desconoce el de inmuebles públicos como escuelas, iglesias y edificios históricos. Este hecho permite suponer que en el interior de la República, los avances son todavía menores.

Fideicomiso sin transparentar

En 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) denunció al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) porque declaró que renunció a parte de su financiamiento público para destinarla a los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Sin embargo, el partido del Presidente no reportó la lista de sus beneficiarios ni el destino final (domicilios y lugares) de ese dinero.

Al menos 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso “Por los demás” provinieron de las prerrogativas del partido y que Morena no logró comprobar. La denuncia señala que se hicieron transferencias prohibidas por la ley a través de aportaciones en efectivoen las que participaron personas relacionadas a Morena, además de que no se demostró el destino del recurso.

A tres años del sismo, el partido en el poder sigue sin reportar el destino del dinero. Aunque el Presidente negó que haya ocurrido así, quedó en evidencia que no cumplió su promesa de campaña de ayudar a los damnificados con recursos de su partido.

Mientras tanto los damnificados de los estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Tlaxcala y la CDMX aún ahora esperan la ayuda para reconstruir sus hogares.