Bastó un gesto legal del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, para fracturar al endeble bloque opositor. El decreto que liberó a 110 personas que delinquieron contra el gobierno de la Revolución Bolivariana y el propio jefe de Estado, exhibió la pugna entre los líderes de la violenta disidencia.

Ese obsceno duelo de egos confirmó que ansían el poder sin vocación de servicio público y afán por el desarrollo y la autodeterminación de su nación. El quiebre ocurrió a tres meses de los comicios del seis de diciembre, que renovará la Asamblea Nacional (AN) con mayoría opositora. En el fondo, Estados Unidos (EE. UU.) maniobra con estos aliados que por años alimentó con migajas confiado en acaparar el crudo del país sudamericano.

Con un vuelco inédito en la compleja coyuntura política de Venezuela, agravada por la pandemia del Covid-19 y las sanciones económicas extranjeras, el 31 de agosto, el presidente Nicolás Maduro indultó a 110 personas, entre quienes figuran 50 legisladores de oposición y civiles imputados con delitos para desestabilizar el país y acabar con la vida del jefe de Estado.

El decreto no fue ajeno al contexto geopolítico en que se desarrolla la crisis venezolana que, desde hace tiempo, trascendió a nivel regional y mundial. La liberación se produjo durante un periodo en que permean la creciente multipolaridad mundial con el ascenso de China y Rusia, y se cuestiona la hegemonía estadounidense en las regiones estratégicas del planeta.

El indulto y la elección parlamentaria se dan cuando las reservas petroleras internacionales aminoran, y Venezuela y EE. UU. son los que albergan las mayores existencias en nuestro continente. Por décadas, la estrategia de Washington fue preservar sus hidrocarburos y consumir los de Medio Oriente y su entonces aliada Venezuela.

Hoy Washington no está dispuesto a que Moscú y Beijing –que aumentan su influencia en esta región– le disputen el control de esas reservas. El trasfondo geopolítico también explicaría la apuesta del gobierno venezolano a ganar electoralmente con la oposición, aliada de EE. UU.

Con el perdón, el gobierno de Maduro aspira a reconfigurar el mapa político del país mediante la elección parlamentaria. A la par, este movimiento en el tablero venezolano recoge el legado de diálogo ante la disidencia con el que anteriormente el presidente Hugo Chávez Frías dotó a la Revolución Bolivariana.

Lograr el reconocimiento del resultado de cada elección ha sido crucial para esos gobiernos. Sin embargo, EE. UU., sus aliados europeos y la oposición venezolana escatimaron a ambos sus victorias electorales. De ahí que la amnistía se vea como el intento por cambiar la dinámica de controversia impuesta por la Casa Blanca desde 2013, que profundizó divisiones políticas y la violencia ascendió entre venezolanos.

La legitimidad de la consulta de diciembre desarmará la campaña de difamaciones que, desde el extranjero, se lanzan contra lo que llaman dictadura y autoritarismo. Por tanto, la inesperada excarcelación de 110 presos, entre ellos 23 diputados opositores y cuatro suplentes, significa la predisposición al diálogo de Maduro,  considera el analista Marco Teruggi.

La oposición, tan proclive a las indicaciones que llegan de la superpotencia, bien haría en atender lo que Abraham F. Lowenthal y David Smilde, especialistas en América Latina (AL), analizaron en The New York Times el pasado 20 de julio: “Nicolás Maduro controla el territorio, las instituciones públicas, las fuerzas de seguridad y los recursos. Por eso, la oposición debe hacer un esfuerzo realista para reformular el conflicto”.

Cisma decisivo

Esa lección fue activada por el gobierno, cuya amnistía significó un jaque mate para el heterogéneo universo de la oposición venezolana. Hoy, esa disidencia, caracterizada por su actuación violenta y por desconocer a las instituciones, enfrenta el dilema de participar o boicotear los comicios para renovar la Asamblea Nacional, donde son mayoría.

Para analistas del portal Greenwichtime el indulto del presidente Maduro “rompió el bloque opositor que respalda Washington”, porque quebranta toda posible unidad de cara a los comicios. Otro de sus efectos fue que evidenció la precaria estatura política de los dirigentes de la disidencia, entre quienes se distinguen dos corrientes principales.

Una liderada por Henrique Capriles Randonski, que retornó a la política a favor de la elección y ya inscribió a su partido Primero Justicia (PJ). Propuso dar alternativas al pueblo y no dejarles “solo la opción de la represión y la violencia”. Con él van diputados, grupos civiles,  empresarios e iría la Iglesia Católica, opuesta al gobierno, pero que aboga por ir a las urnas.

Aunque Capriles no podría ser candidato, tendrá un rol importante tras escena. Por ello, públicamente y con dureza, criticó la estrategia política del autoproclamado presidente interino y afirmó que la oposición debe “dejar de pretender que es gobierno y no seguir jugando a gobernar por Internet”.

La otra vertiente es la del sorprendido Juan Guaidó, que para retener su menguado capital político pidió abstenerse de votar. De su lado están 27 organizaciones y algunos radicales de Maria Corina Machado (se dice que Washington ya no tolera sus “fantasías” de una intervención militar).

Al convocar el abstencionismo, Guaidó atrapó en el limbo político a sus simpatizantes, que dudan entre ignorar el resultado de la elección y mantenerse en la AN, sin respaldo interno y con el cada vez más ralo apoyo extranjero.

Balanza del poder

EE. UU. es el gran jugador entre telones. Republicanos y demócratas aspiran a sabotear al gobierno de Nicolás Maduro –y eso incluye la elección parlamentaria– con su apoyo económico a la oposición. En agosto pasado, la Federación de Científicos de EE. UU. (FAS) divulgó el estudio Antecedentes de la Política de EE. UU., del Servicio de Investigación del Congreso.

Ahí se lee: “Desde que EE. UU. reconoció al gobierno de Guaidó, su estrategia enfatizó esfuerzos diplomáticos para respaldar al presidente interino; enfiló sanciones y revocó visas para aumentar la presión a funcionarios de Maduro; impuso sanciones a la petrolera estatal PDVSA, otras instituciones y empresas que controla el gobierno”.

También revela que otorgó ayuda humanitaria (534 millones para países que refugien a venezolanos, Colombia y Perú, entre otros); que entre 2017 y mayo 2020, concedió 76 millones a organizaciones antigubernamentales en Venezuela y que, en octubre de 2019, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmó un acuerdo con el “gobierno de Guaidó” para fortalecer la democracia.

Por último advierte que, en 2020 EE. UU., sancionó a firmas que transportaban petróleo venezolano, medida que alcanzó a tanqueros iraníes con productos que violan las sanciones. El documento concluye que funcionarios estadounidenses mantienen “máxima presión” sobre el gobierno de Maduro y sus simpatizantes externos hasta que acepte una transición.

Sin embargo, ni el Congreso ni el huésped de la Casa Blanca anticiparon la tormenta geopolítica que alentó su escalada contra Venezuela e Irán. El 19 de mayo partían de puertos iraníes cinco petroleros: El Clavel, El Forest, El Faxon, El Fortune y El Petunia para llevar 1.5 millones de barriles de combustible y derivados a la refinería venezolana de El Palito.

El valor de estos combustibles se estimó en 45.5 millones de dólares (mdd). La ayuda llegaba en medio de la grave crisis económico-financiera del país sudamericano y de la letal pandemia de Covid-19. Para EE. UU. el hecho de que Irán, su rival geopolítico, se inmiscuya así en su zona de influencia, fue insoportable.

En plena campaña por su reelección, Donald John Trump incluyó a Venezuela en su agenda, consciente de su negativo balance interno por el pésimo manejo de la pandemia y los conflictos raciales.

Por ello, Trump ya activó dos ejes de ataque: en uno intensificó sus amenazas y discursos agresivos contra Venezuela; en el otro ubicó a La Florida como el estado clave para definir la presidencia. Se enfocó sobre los electores venezolano-estadounidenses (unos 50 mil), los casi 650 mil cubanoestadounidenses y más de 150 mil colombiano-estadounidenses.

En contraparte, el Ejecutivo venezolano optó por la diplomacia. Muestra de ese softpower (poder suave) fue llamar al diálogo y entendimiento a sus adversarios para alcanzar la aceptación de un resultado favorable en diciembre, pues sabe que Washington lo rechazará.

El futuro de la oposición es incierto. Para los analistas, ni Capriles ni Guaidó son capaces de asumir un programa convincente, porque les pesan las sospechas mutuas y su relación con el gobierno. Según sondeos, no supera el 30 por ciento en intención de voto, mientras que 107 organizaciones políticas ya se registraron para la elección.

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, prácticamente carece de facultades tras la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. Al final, el divorcio opositor tiene un beneficiario: el gobierno de la Revolución Bolivariana.