En esta segunda mitad de 2020, los especialistas plantean los verdaderos datos de la crisis económica que enfrenta México: un desplome de entre el ocho y el 10 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) –el peor en 100 años– y una perspectiva de recuperación del 4.6 por ciento en 2021, siempre y cuando haya disponible una vacuna contra el Covid-19.

EL Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, reconoció este oscuro panorama el pasado ocho de septiembre, cuando presentó, en la Cámara de Diputados, el proyecto de paquete económico para el año próximo, el cual es deficitario porque propone un gasto de 6.25 billones de pesos e ingresos tres por ciento menores a los de 2019, que fueron de 5.53 billones de pesos.

Esta ruptura del equilibrio entre ingresos y egresos –sostenido durante varios sexenios y que no podrá ser enmendado con un alza de impuestos porque no está prevista en el paquete fiscal– implicará un año más de falta de inversiones públicas y un inevitable incremento de la deuda, ya que se anticipa un déficit de 2.9 por ciento en el PIB.

El pasado 16 de julio, el Bank of América lanzó una voz de alerta sobre esta consecuencia del inusitado desplome de la economía mexicana, cuando advirtió que el monto de la deuda de México pasará del 44.85 por ciento –como cerró en 2019– al 60 por ciento del PIB al finalizar 2020. Es decir, se deberán seis de cada 10 pesos generados en el país.

Las previsiones del Gobierno Federal son menos pesimistas, en comparación con las de analistas locales y foráneos, ya que calculan que la proporción de la deuda llegará a solo el 55.4 por ciento o al 53.7 por ciento del PIB, como se prevé en el paquete económico de 2021.

Cuando finalizó julio, la deuda neta del sector público –Gobierno Federal, empresas paraestatales (Pemex, CFE) y la banca de desarrollo– era de 12 billones 239.8 mil millones de pesos (mdp). La SHCP informó el 28 de agosto que la deuda neta del Gobierno Federal era de nueve billones 312 mil mdp.

Esta cifra era casi equivalente al 50 por ciento del valor del PIB nacional en mayo, estimado en 18 billones 139 mil 598 mdp. De acuerdo con los analistas, estos datos evidencian una ampliación del desplome del PIB hacia finales de 2020 que podría llevar la proporción de la deuda hasta el 60 por ciento.

El doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC), en entrevista con buzos precisó que el incremento del porcentaje en la relación deuda-PIB no implica que la deuda incremente en sí misma, pero sí que se complique su manejo. Y como se pronostica una caída del PIB entre el ocho y el 10 por ciento, el débito tendrá un mayor peso aun cuando no se contrate más deuda, lo que al final del día repercutirá en una menor disponibilidad de recursos en el gobierno para pagar la deuda y obtener nuevos créditos.

“Lo que vemos es que el resultado son limitantes tanto en ingresos como en gastos. El paquete presupuestal mantiene la inercia de los proyectos estratégicos (Tren Maya, refinería Dos Bocas, aeropuerto Santa Lucía y programas sociales) que para el Ejecutivo son los adecuados, por un lado sus proyectos de asistencia social y por otro sus proyectos de infraestructura que ya conocemos. El resto de las entidades públicas se tendrán que adaptar a esta situación, en donde se están haciendo recortes a la administración para liberar capacidad financiera y mantener los proyectos estratégicos del gobierno”, indicó el doctor de la Cruz.

Histórico desplome petrolero

El economista del Banco de México (Banxico) Gerardo Esquivel advirtió, en una videoconferencia del siete de septiembre, que al cierre de 2020 el PIB tendrá una caída del 8.5 al 9.5 por ciento. El 29 de agosto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anticipó que la crisis de 2021 sería la más aguda desde la generada por la epidemia de fiebre española de 1918 y la derivada de la “gran depresión” generada en 1929 en Estados Unidos (EE. UU.).

Grupos empresariales, analistas especializados, organizaciones y fuerzas políticas han insistido infructuosamente en la necesidad de un gran acuerdo nacional para rescatar la economía a través de estímulos a la producción, destinados, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), principales empleadoras, y la entrega de apoyos monetarios o alimentarios al sector laboral con ingresos bajos y a la población vulnerable para que no padezcan hambre.

Pero el Presidente se ha negado reiteradamente siquiera a analizar estas propuestas con el argumento de que solo beneficiarían a las grandes empresas privadas; que su gobierno ha habilitado un programa de préstamos a un número limitado de Pymes; que sus programas asistencialistas atienden ya a los “más pobres” y que la construcción del Tren Maya, refinería de Dos Bocas y aeropuerto de Santa Lucía generarán miles de empleos nuevos.

Ajeno a la realidad nacional, el primer mandatario se aferra a sus proyectos y programas personales, en especial los que considera vitales para la retención de la mayoría parlamentaria en manos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión en 2021, y mediante los cuales su gobierno realiza transferencias monetarias a millones de personas con el uso de un “padrón de bienestar” levantado por militantes morenistas y con clara vocación electorera.

Aunque con una perspectiva exclusivamente económica, AMLO mantiene como prioritarios sus proyectos de “obras magnas”, pese a críticas de expertos en diferentes disciplinas técnicas. El paquete económico 2021 asigna 36 mil 288 mdp para financiar la construcción de los tramos uno al cuatro del Tren Maya; el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec dispondrá de tres mil 509 mdp; la refinería de Dos Bocas, Tabasco, 45 mil 50 mdp y el aeropuerto internacional de Santa Lucía 21 mil 315 mdp.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 está calculado con base en un tipo de cambio de 22.1 pesos por dólar y un precio internacional del petróleo crudo de 42.1 dólares el barril. Al cierre de esta edición, el crudo mexicano tenía un precio internacional de 35.50 dólares. Pese a que Banxico previó, a finales de septiembre de este año, que llegará al cuatro por ciento, se anticipa una inflación del tres por ciento para el año entrante.

El gobierno prevé que en 2021, la producción petrolera alcanzará 1.85 millones de barriles diarios (mdbd), aunque en julio pasado se reportó un mínimo histórico de 1.60 mdbd. Desde su máximo histórico de 3.4 mdbd alcanzado en 2004, el desplome petrolero ha sido paulatino y continuo. El 21 de enero de 2020, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reportó una caída del siete por ciento en 2019, cuando reportó 1.71 mdbd.

Más pobres y más tijeretazos

En su análisis Los impactos económicos de la pandemia en México, el economista Gerardo Esquivel, miembro del consejo directivo de Banxico, sostiene, el 30 de julio pasado, que la crisis económica y sanitaria dejará al menos nueve millones de nuevos pobres en el país al finalizar 2020, y que los programas sociales de la actual administración federal serán insuficientes para encarar esa situación. Esquivel reconoció como uno de los factores desencadenantes de la profunda caída el bajo desempeño de la economía, registrado a partir de 2018.

En su informe La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) calcula que con el desplome económico “El total de personas en situación de pobreza por ingresos se incrementa entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales (lo cual representaría ente nueve y 10 millones de personas). El número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos se incrementa de 4.9 a 8.5 puntos porcentuales (lo cual representaría entre seis y 11 millones de personas)”.

El titular de la SHCP, Arturo Herrera, reportó, el 29 de agosto, que al finalizar 2020 se habrán agotado todos los “guardaditos” presupuestales y como habrá muy poco dinero en las arcas gubernamentales, anticipó que se aplicarán más recortes presupuestales el año próximo. El de Presidencia de la República será del 17 por ciento; del 3.7 por ciento el de protección ambiental; 1.5 por ciento en vivienda y servicios a la comunidad: uno por ciento en recreación y cultura, y del 37 por ciento en otros rubros sociales.

También habría posibles disminuciones al presupuesto de los partidos políticos. Las obras insignia del gobierno de AMLO –Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Internacional de Santa Lucía– no serán sometidas a la “austeridad republicana” porque supuestamente recuperarán la economía.

Una economía debilitada antes de la pandemia

La probabilidad de que se siga abultando la deuda mexicana es real. En un análisis divulgado el ocho de septiembre por la agencia especializada internacional Reuters, se anticipa que al finalizar el sexenio de López Obrador en 2024, la proporción de la deuda con respecto al PIB habría llegado al 70 por ciento (siete pesos adeudados por cada 10 generados).

En su mañanera del 31 de agosto, el mandatario insistió en que no contratará deuda para afrontar la crisis. “No nos endeudamos, y con una política de austeridad, apretándonos el cinturón, logramos liberar fondos para apoyar abajo de manera directa.

“Esto se complementó con el apoyo de nuestros paisanos migrantes que han enviado remesas a sus familiares como nunca en la historia. A pesar de la pandemia y también del desplome de la economía en EE. UU. han crecido las remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares y eso llega a 10 millones de familias.

“Que no se esté esperando que vamos a contratar deuda para reactivar la economía. Noˮ.

Sin embargo, el proyecto del PEF 2021, presentado el ocho de septiembre en San Lázaro, será deficitario y prevé una deuda equivalente al 2.29 por ciento del PIB.

La pandemia cayó en México sobre una economía ya debilitada. La emergencia se declaró el 23 de marzo, casi al final del primer trimestre de 2020, que concluyó con un nuevo descenso económico. La crisis sanitaria extremó las dificultades. En el primer semestre de 2020 hubo un desplome del 18.9 por ciento del PIB y ahora se calcula que al final del año será de entre el ocho y el 10 por ciento, algo que no se padecía desde hace un siglo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el primer trimestre de 2020, la economía había caído 2.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2019; fue un segundo peor desplome en un inicio de año desde la crisis de 2009, cuando llegó al cinco por ciento. El mismo Inegi habló sobre una “fase recesiva” de la economía (caracterizada por el descenso en lugar de crecimiento).

Esta fase recesiva se confirmó en el segundo trimestre. Con la Jornada de Sana Distancia, a partir del 23 de marzo y el confinamiento, se estancó la actividad económica del país. Fue al cierre del primer semestre de 2020, cuando se diagnosticó la caída del 18.9 por ciento en el PIB, la más grave desde que se hace esta medición (1993).

El sector empresarial ha planteado opciones para emprender la recuperación de la economía devastada por la pandemia, pero sus propuestas han sido ignoradas en Palacio Nacional. Guillermo Cruz Reyes, presidente nacional de la Comisión de Negocios y Financiamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), divulgó, el 17 de agosto, el análisis Recuperación Económica de México en el que plantea la necesidad de un diálogo entre el gobierno, los trabajadores y los académicos en el que se anteponga el beneficio de México y se busque la suscripción de un “acuerdo nacional para la reactivación económica” que permita al país afrontar la crítica situación nacional.

En ese proyecto de acuerdo, presentado el tres de agosto, la Coparmex indica: “En los últimos meses, el Gobierno ha sido omiso en el cumplimiento de su deber en relación con las pequeñas y medianas empresas del país y de los millones de empleados que en ellas laboran.

“Con decenas de miles de empresas al borde de la quiebra y millones de personas desempleadas, no nos podemos dar el lujo de mantenernos inactivos. Convocamos al Gobierno para construir juntos un Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, en el entendido de que, si no reacciona, Coparmex y la sociedad civil iniciarán este esfuerzo con o sin la participación del Gobierno Federal. No podemos dejar pasar más tiempo”.

En un planteamiento similar, emitido el seis de septiembre, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso una disminución a los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y sobre Producción y Servicios (IEPS), éste aplicado a las gasolinas. El dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés Mendoza, anticipó que las bancadas de senadores y diputados federales panistas insistirán con esta propuesta en la discusión del paquete económico 2021. 

“Ya que el gobierno se encuentra empecinado en no cancelar sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto, el PAN propone ayudar a los mexicanos mediante la reducción del 30 al 25 por ciento la tasa del ISR; el IVA del 16 al 10 por ciento, así como la disminución del 50 por ciento del IEPS”, concluyó Cortés.

Las bancadas del Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de la Unión han propuesto, asimismo, un paquete económico centrado en la reactivación económica y en dar prioridad, en el presupuesto 2021, a los apoyos a las familias que por la crisis sanitaria perdieron sus ingresos o los vieron reducirse sustancialmente.