El uso faccioso de las leyes para imponer una obra como el Tren Maya y para declararla un “asunto de seguridad nacional” evidencia la vocación autoritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sobre todo cuando sus decisiones ilegales atropellan los derechos humanos de los pueblos indígenas de México. En el caso de este proyecto, hay que recordar que las vías férreas cruzarán poblaciones mayas de los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

La declaratoria de construcción del Tren Maya como un “asunto de seguridad nacional”, además de equívoca desde el punto de vista legal, es “el disfraz” o “el blindaje perfecto” para mantener en la opacidad los contratos del Fondo Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur) con empresas privadas y el Ejército Mexicano; para evitar el conocimiento público de su alto costo financiero y para impedir, asimismo, que Juan Pablo Gómez Fierro siguiera obstaculizando con amparos la destrucción de las selvas que hay en torno al Tramo 5.

En noviembre de 2021, el Gobierno Federal emitió un decreto para que sus dependencias consideren de “interés nacional” o “seguridad nacional” sus proyectos de obra pública para que los poderes Legislativo y Judicial, las pocas instituciones autónomas que quedan y las organizaciones de la sociedad civil, no exijan cuentas, estudios de impacto ambiental y que se sometan a licitación pública las concesiones. En pocas palabras, la orden de AMLO fue mantener en secreto los gastos de todo lo que haga el gobierno, particularmente sus obras emblemáticas: el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

El argumento del Presidente en torno a que la oposición o la simple crítica a estos proyectos provienen de “conspiraciones”, carece de sustento político y jurídico porque, según la Ley de Seguridad Nacional, una declaración de ese nivel solo es aplicable cuando la soberanía y la independencia de la nación están en peligro, en cuyo caso no se encuentra el Tramo 5 del Tren Maya. Sin embargo, AMLO impone su voluntad apelando a “las facultades” que le confiere el Estado sin considerar que violenta los derechos humanos y ambientales de millones de mexicanos.

Con el más reciente de sus decretazos, sus cinco obras públicas favoritas ya están blindadas contra la investigación pública y ciudadana; están consideradas dentro los Proyectos Estratégicos 2019-2024, disponen de presupuestos muy altos y su proceso de construcción registra sobrecostos elevadísimos. Por ejemplo, el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, tiene un incremento del 92 por ciento, ya que su costo pasó de 32 mil millones de pesos (mdp) a 59 mil 603 mdp.

Estos malabares con las finanzas públicas tienen como objetivo satisfacer los caprichos de un presidente que se cree iluminado y que pretende dejar un legado histórico imborrable a costa de las leyes –entre ellas las de Amparo, Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Medio Ambiente–destruir bosques, selvas, alterar la vida cultural de las comunidades indígenas que habitan a lo largo de los mil 500 kilómetros que recorrerá el Tren Maya y suprimir el equilibrio de poderes. El autoritarismo se advierte al interior del Gobierno Federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que ya elabora el PEF 2023 debe andar en aprietos porque no sabe de dónde obtendrá dinero para las obras emblemáticas del jefe; y si tiene que descobijar el presupuesto de otras dependencias federales para financiar el aumento a los programas sociales “compravotos” que urgen a Morena de cara a 2024.

El control absoluto del Presidente también es visible en las instituciones responsables de la seguridad interna. Antes del “decretazo”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era la principal responsable, pero ahora se le han sumado las secretarías de Gobernación, Protección Ciudadana y Marina; la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, etc. Pero esta extensión de atribuciones no pretende superar el grave problema de inseguridad pública que agobia a la mayoría de los mexicanos, sino evitar que se cuestione la gran opacidad de sus proyectos y que sus promotores rindan cuentas ante las instancias correspondientes.

Las instituciones encargadas de impartir justicia y velar por la seguridad de los mexicanos están por convertirse en “el perro guardián” del lopezobradorismo. La “ley garrote” en Tabasco fue solo un experimento; muy pronto, los falsos defensores de los derechos humanos se quitarán la máscara y se asumirán como lo que realmente son: los esbirros de un dictador que, al mínimo intento de protesta, manda reprimir a sus opositores. Por el momento, querido lector, es todo.