El desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las instituciones, a las leyes y a los derechos humanos ha comenzado a perjudicar no solo a los que llama “los corruptos del pasado”, sino también a los mexicanos de a pie. Decimos esto porque entre las reformas que ha impulsado en el Congreso de la Unión,  que la mayoría parlamentaria morenista y sus aliados han aprobado, hay varias en materia fiscal que afectan a todos los mexicanos.

Hacemos referencia, en específico, a la reforma fiscal-penal que promovió el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, con lo que el contribuyente acusado de cometer este delito, puede ser sancionado con la extinción de dominio de sus bienes sin que exista sentencia condenatoria en su contra. Otras reformas demasiado agresivas son las que definen hoy como delito la emisión de comprobantes fiscales para encubrir operaciones simuladas o inexistentes, cuya comisión atraerá la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y penas de prisión elevadas; y, asimismo, las que dotaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) con facultades para que el contribuyente beneficiado con un crédito fiscal, pueda ser convertido en defraudador del fisco.

Con estas atribuciones, el SAT podrá ejercer, sobre contribuyentes grandes o pequeños, presiones intimidatorias como la de obligarlos a renunciar a la asesoría legal a que tienen derecho y a negociar directamente con la autoridad fiscal, según denuncias de asociaciones de litigantes nacionales e internacionales como la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados y la American Bar Association.

Este entorno hostil y persecutorio creado por el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) propició que grandes contribuyentes como IBM, Walmart y Fomento Empresarial Mexicano (Femsa) pagaran deudas millonarias en impuestos y  tuvieran que ofrecer disculpas públicas por su conducta “omisa”; pero la posible aplicación de ese tipo de procedimientos legales a empresarios medianos y pequeños resulta amenazante.  

¿Recuerda usted, estimado lector, cuando el todavía presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que entrara a las casas y registrara la riqueza de cada mexicano?

Pues algo parecido pretendía establecer la Miscelánea Fiscal de 2021, cuando el proyecto legal para modificar el Artículo 45° del Código Fiscal de la Federación  facultaba al personal del SAT a realizar visitas al domicilio fiscal de los contribuyentes (que, en muchos casos, es el mismo que su domicilio particular) y, mediante el uso de herramientas tecnológicas, pudiera obtener fotografías y archivos electrónicos –videos y conversaciones de celulares, entre otros– para constatar la existencia de activos y bienes patrimoniales, con los cuales pueden cobrarse evasiones posibles o adeudos fiscales. Esta pretensión, incluso, fue bautizada como el Big brother fiscal para denunciarla como una herramienta de espionaje gubernamental. La propuesta en  cuestión, polémica desde que fue conocida públicamente, vulneraba el contenido del Artículo 16° de la Constitución, que prohíbe molestar a los ciudadanos en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin un mandamiento de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, además de que pasaba por encima del derecho a la privacidad y la protección de datos personales, también resguardados por la Constitución.

Esta atribución del “SAT fisgón” –como también la llamaron– fue finalmente rechazada por los senadores, y por los diputados que previamente la habían aprobado. Aun así, no puede dejarse de mencionar que esta intentona, a todas luces violatoria de los derechos humanos y contraria al fortalecimiento del Estado de Derecho, tenía como propósito fundamental armar mejor al SAT para que obligue a los contribuyentes a pagar hasta lo que no deben para que el Gobierno Federal obtenga más dinero, cubra el déficit que tendrá el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF) y el presidente López Obrador pueda seguir gastando en sus programas clientelares y sus obras faraónicas sin que a nadie importe que se pongan en riesgo la vida privada y los datos personales de los mexicanos.

Pero si bien es cierto que se conjuró la existencia de un Big brother fiscal, no ocurrió lo mismo con las otras armas con que el SAT ahora está dotado para perseguir no solo por el delito de “defraudación fiscal”, sino también a toda persona o institución que el Gobierno Federal desee acosar por razones políticas, ya sea porque la considera incómoda, crítica u opositora del proyecto de la 4T.