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El desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las instituciones, a las leyes y a los derechos humanos ha comenzado a perjudicar no solo a los que llama “los corruptos del pasado”, sino también a los mexicanos de a pie. Decimos esto porque entre las reformas que ha impulsado en el Congreso de la Unión, que la mayoría parlamentaria morenista y sus aliados han aprobado, hay varias en materia fiscal que afectan a todos los mexicanos.
Hacemos referencia, en específico, a la reforma fiscal-penal que promovió el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, con lo que el contribuyente acusado de cometer este delito, puede ser sancionado con la extinción de dominio de sus bienes sin que exista sentencia condenatoria en su contra. Otras reformas demasiado agresivas son las que definen hoy como delito la emisión de comprobantes fiscales para encubrir operaciones simuladas o inexistentes, cuya comisión atraerá la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y penas de prisión elevadas; y, asimismo, las que dotaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) con facultades para que el contribuyente beneficiado con un crédito fiscal, pueda ser convertido en defraudador del fisco.
Con estas atribuciones, el SAT podrá ejercer, sobre contribuyentes grandes o pequeños, presiones intimidatorias como la de obligarlos a renunciar a la asesoría legal a que tienen derecho y a negociar directamente con la autoridad fiscal, según denuncias de asociaciones de litigantes nacionales e internacionales como la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados y la American Bar Association.
Este entorno hostil y persecutorio creado por el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) propició que grandes contribuyentes como IBM, Walmart y Fomento Empresarial Mexicano (Femsa) pagaran deudas millonarias en impuestos y tuvieran que ofrecer disculpas públicas por su conducta “omisa”; pero la posible aplicación de ese tipo de procedimientos legales a empresarios medianos y pequeños resulta amenazante.
¿Recuerda usted, estimado lector, cuando el todavía presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que entrara a las casas y registrara la riqueza de cada mexicano?
Pues algo parecido pretendía establecer la Miscelánea Fiscal de 2021, cuando el proyecto legal para modificar el Artículo 45° del Código Fiscal de la Federación facultaba al personal del SAT a realizar visitas al domicilio fiscal de los contribuyentes (que, en muchos casos, es el mismo que su domicilio particular) y, mediante el uso de herramientas tecnológicas, pudiera obtener fotografías y archivos electrónicos –videos y conversaciones de celulares, entre otros– para constatar la existencia de activos y bienes patrimoniales, con los cuales pueden cobrarse evasiones posibles o adeudos fiscales. Esta pretensión, incluso, fue bautizada como el Big brother fiscal para denunciarla como una herramienta de espionaje gubernamental. La propuesta en cuestión, polémica desde que fue conocida públicamente, vulneraba el contenido del Artículo 16° de la Constitución, que prohíbe molestar a los ciudadanos en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin un mandamiento de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, además de que pasaba por encima del derecho a la privacidad y la protección de datos personales, también resguardados por la Constitución.
Esta atribución del “SAT fisgón” –como también la llamaron– fue finalmente rechazada por los senadores, y por los diputados que previamente la habían aprobado. Aun así, no puede dejarse de mencionar que esta intentona, a todas luces violatoria de los derechos humanos y contraria al fortalecimiento del Estado de Derecho, tenía como propósito fundamental armar mejor al SAT para que obligue a los contribuyentes a pagar hasta lo que no deben para que el Gobierno Federal obtenga más dinero, cubra el déficit que tendrá el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF) y el presidente López Obrador pueda seguir gastando en sus programas clientelares y sus obras faraónicas sin que a nadie importe que se pongan en riesgo la vida privada y los datos personales de los mexicanos.
Pero si bien es cierto que se conjuró la existencia de un Big brother fiscal, no ocurrió lo mismo con las otras armas con que el SAT ahora está dotado para perseguir no solo por el delito de “defraudación fiscal”, sino también a toda persona o institución que el Gobierno Federal desee acosar por razones políticas, ya sea porque la considera incómoda, crítica u opositora del proyecto de la 4T.
Por asesorar a campesinos indígenas pobres es que estoy prisionero aquí, en el Cereso 3 de Tapachula, Chiapas, acusado de despojo agravado y de asociación delictuosa.
El gobierno mexicano tiene muchos flancos débiles por los que el gobierno gringo seguirá atacando; la falta de visión nacional e internacional del gobierno de Morena hacen más grandes la fragilidad política y económica del país.
Y la población no está de acuerdo no solo con la consulta que no se operó bajo la legalidad, porque a todas luces fue inconstitucional
La relación entre el Estado y la banca privada en México, tan estrecha y de franca subordinación del primero a la segunda.
Vemos con mucha preocupación las reformas a la Constitución y las leyes que se han aprobado, no están orientadas a mejorar lo existente, tienen clara dedicatoria para los opositores al régimen.
Entre las estructuras que corren riesgo por la construcción del Tren Maya está la antigua red conformada por más de mil cavernas excavadas por el agua en el suave lecho de piedra caliza de la región durante millones de años.
A pesar de todo, el Gobierno Federal se obstina en no aplazarlas un solo día, privilegiando su relación con los grandes grupos de inversionistas, interesados en que sus capitales participen en estas grandes obras.
Para 2020, las expectativas tampoco son alentadoras, ya que su visión de crecimiento para el país también las modificó a la baja
La senadora Kenia López Rabadán solicitó “exhibir” a las casas encuestadoras que se han equivocado por ignorancia, dolo o dinero, tras el alto porcentaje que “ciertas” casas le dan a Morena en sus encuestas.
El gobierno que prometió combatir la corrupción de los servidores públicos y ofreció administrar los recursos del erario con honestidad y transparencia, hoy se ve envuelto en un nuevo escándalo.
“Esto está lejísimo de ser educación virtual; es simplemente la reproducción en pantalla de la educación presencial, no hay una pedagogía sobre ese soporte electrónico”.
El salario mínimo en México trae, desde los años 90 a la fecha, una caída del 70 por ciento de su capacidad adquisitiva.
"Renuncio porque tengo que demostrar mi inocencia", afirmó Hugo Velázquez, vicepresidente de Paraguay, acusado por EE. UU. por presuntos actos de corrupción.
El gobierno del presidente López Obrador mantiene en la cárcel a cuatro agricultores de Chihuahua que participaron en la defensa del agua de riego, quienes fueron secuestrados o detenidos sin órdenes de aprehensión.
El candidato del PRI Adrián de la Garza, la FGR señaló violaciones a la ley electoral por la compra y coacción del voto a través de la entrega de la famosa “tarjeta rosa”.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.