La subcontratación (outsourcing) es un sistema de relaciones laborales que ha ganado peso en el mundo. En México, este tipo de contrato se legalizó con la reforma laboral de 2012. El Artículo 15º de la Ley Federal del Trabajo (LFT), fracción A, define: “El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante (que) fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratados”. La reforma vino a regularizar una práctica que en el mercado laboral ya era común; entre 2008 y 2013, años de los que hay cierta estadística disponible sobre su aplicación, creció el 31 por ciento, mientras que los empleos remunerados solo aumentaron el siete por ciento. Se estima que, a finales de 2019, cinco millones de trabajadores en México (uno de cada 10 ocupados) tenía un empleo en el régimen de la subcontratación.

La reforma laboral obedece a las políticas que el Fondo Monetario Internacional dictamina a las economías nacionales, porque es una práctica esencial para el funcionamiento del neoliberalismo, ya que pone la relación entre patrones y trabajadores en manos del mercado. La subcontratación permite a las empresas no contratar directamente algunos de sus trabajadores y dejar fuera de su control una parte del proceso de producción. Mediante este mecanismo, las empresas hacen uso de los trabajadores sin que éstos les generen obligaciones laborales. Esto no es sino el resultado de la permanente búsqueda del capital para abaratar las fuerzas del trabajo. Cuando las outsourcing fueron legalizadas en México, los trabajadores pensaron que habría más y mejores fuentes de empleo, pero sus resultados están a la vista: pocos empleos nuevos y mayor precarización en los que existen.

Recientemente, funcionarios del Gobierno Federal, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador entre ellos, anunciaron la adopción de medidas legales para atacar la evasión fiscal y el incumplimiento de las responsabilidades laborales y sociales, generadas por las empresas de subcontratación. Sin embargo, declararon como “intocable” su permanencia en la LFT, dejando intactos sus perniciosos efectos neoliberales sobre los trabajadores. Algunos grupos radicales, entre ellos el partido Movimiento Regeneración Nacional, exigen su inmediata “ilegalización”, pero no vislumbran que su eliminación de un plumazo dejaría a millones de trabajadores mexicanos sin esa única, aunque mezquina, fuente de ingreso.

El capitalismo mexicano tiene que elevar su capacidad productiva, sus niveles de empleo y el ingreso de sus trabajadores. Estos pendientes solo se obtendrán con una política industrial integral. El Estado tiene mucho qué hacer en esta materia, pero también, y sin provocar una desbandada de capitales, no puede ignorar la precariedad laboral padecida por millones de subcontratados, en quienes los embates del capitalismo más feroz se han focalizado. En este objetivo, la lucha contra el capital no puede darse uno a uno, porque el único margen de acción que los trabajadores tienen para hacer valer sus derechos, es su organización colectiva.