El exmandatario es acusado por operaciones financieras con recursos públicos.
Cargando, por favor espere...
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal Ávila, ha dañado el patrimonio hacendario del estado por compras y contrataciones “fantasmas” en materia de seguridad pública, salud y desarrollo de infraestructura.
En septiembre de 2021, cuando David Monreal Ávila asumió la gubernatura, denunció que recibía un gobierno “inmerso en la bancarrota” y con “una grave crisis financiera”; sin embargo, ya en su administración, se detectó un presunto daño a la Hacienda Pública por un monto de 127 millones 80 mil 185.97 pesos, publicó Reporte Índigo.
La compra y contratación de bienes y servicios inexistentes, simulación de competencia entre concursantes por contratos de obra pública; y la autorización de inversiones públicas en terrenos sin certidumbre jurídica sobre sus verdaderos propietarios; son la irregulares cometidas en el gobierno zacatecano, según la ASF.
Tras la auditoría practicada con relación a las “Participaciones federales a entidades federativas”, se detectaron irregularidades en nueve contratos de la Secretaría de Desarrollo Social estatal y en varios contratos de la Secretaría de Obras Públicas local, la Secretaría de Seguridad Pública, los Servicios de Salud de Zacatecas y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Asimismo, la ASF identificó que contrataciones de obra pública con competencias simuladas entre proveedores participantes en varios procedimientos de adjudicación por licitación pública, con empresas vinculadas entre sí por un mismo socio o representante legal.
De igual manera, la ASF destacó la ejecución de obras públicas en extensiones territoriales que no son de propiedad estatal, o que presentan incertidumbre jurídica sobre sus verdaderos propietarios; lo cual causó una afectación presupuestal de 40 millones 113 mil 320.63 pesos.
Finalmente, la ASF concluyó que el Gobierno de Zacatecas no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2022.
El exmandatario es acusado por operaciones financieras con recursos públicos.
Diputados de oposición denuncian falta de medicamentos, especialmente para niñas y niños con cáncer; así como deficiencias del IMSS.
El Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla determinó sanciones contra el exalcalde panista por presunto abuso de funciones, derivado de procedimientos relacionados con las cuentas públicas de 2022 y 2023; Rivera rechaza los señalamientos y anuncia que impugnará la resolución.
El 64.1 por ciento de los encuestados desaprueba la administración de Xóchitl Flores Jiménez.
Andrés López Beltrán rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán o haber intervenido en contratos públicos; también acusó a empresarios, periodistas y agencias estadounidenses de orquestar una campaña en su contra.
La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
Un INE debilitado por sus conflictos internos y encabezado por una persona sometida a intereses partidistas sería un riesgo para todos.
La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que se revisarán las áreas directivas y los procedimientos de contratación.
Ariadna Montiel anunció acciones legales por daño moral, calumnias y violencia política de género, además de una denuncia electoral contra la gobernadora de Chihuahua por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027.
El senador y excandidato presidencial brasileño habría viajado a EE. UU. dos días después de perder las elecciones frente a Lula da Silva, mientras enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero y otros delitos.
La gobernadora interrumpió la ceremonia por los 50 años del Tecnológico estatal para reclamar a un grupo de alumnos que conversaba y exigir que alguno se pusiera de pie para disculparse.
El alcalde de Querétaro fue designado coordinador estatal de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” y se perfila como la carta panista para 2027.
El proceso durará hasta 120 días hábiles, con posibilidad de prórrogas según determine la autoridad.
14 gobiernos recurrieron a la represión policial, seis aplicaron medidas de excepción; otros seis optaron por concesiones o diálogo, nueve mantuvieron una postura de tolerancia y tres negaron o minimizaron los conflictos.
El Partido Verde no reconoce a Clara Luz Flores como coordinadora de la 4T en Nuevo León y advierte que podría competir sin Morena en 2027.
Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.