Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral en abril de 2022, se pensó que no había manera de que fuera aprobada pues Morena y aliados no tiene la mayoría calificada (2/3 partes) que se requiere para su aprobación en el Congreso de la Unión, al ser una reforma constitucional. Sin embargo, el apoyo de legisladores priistas a la reforma constitucional para extender la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028, ha encendido las alarmas respecto de su eventual aprobación.

Los cambios que propone tal iniciativa presidencial son: sustituir al actual INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por siete consejeros electos por voto popular, propuestos por los poderes de la unión; quitar al INE la facultad de integrar el Padrón Electoral, donde aparecen los datos de los ciudadanos que solicitan su credencial para votar; federalizar las elecciones, al desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales y concentrar sus tareas en el INEC; desaparecer a los Tribunales Electorales Locales y concentrar la tarea de resolver las controversias electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados serían electos también por voto popular; modificar la integración de la Cámara de Diputados, que pasaría de 500 a 300 integrantes, y de la Cámara de Senadores donde se reducirá de 128 senadores a 96, todos electos a partir de listas de acuerdo con la votación estatal que cada partido obtenga. No desaparecen los plurinominales, por el contrario, ahora todos los serán; propone que los partidos reciban recursos públicos sólo en año de campañas electorales; eliminar restricciones para difundir propaganda de gobierno en procesos electorales; entre otras cosas. El presidente y sus partidarios señalan que es necesaria la reforma electoral, pues debe haber una verdadera democracia, y el INE es parcial y sale muy caro. Pero dichos argumentos son infundados y engañosos por lo que en seguida diremos.

No es cierto que se busque una verdadera democracia, pues los cambios que se quieren implementar, entre ellos la destrucción del INE como órgano autónomo que garantice la equidad e imparcialidad en las elecciones, acomodar las reglas para que Morena tenga las mayorías que necesita en el congreso para aprobar lo que quieran, inutilizar a los partidos de oposición al recortar el financiamiento ordinario, politizar la justicia electoral con magistrados a modo, etc.; no buscan hacer que las elecciones sean más libres, transparentes y equitativas, por el contrario, quieren un árbitro electoral a modo y reglas ventajosas para el partido en el poder. Nada dice la iniciativa presidencial de cómo evitar la compra y coacción del voto con los programas sociales y apoyos gubernamentales, el uso de dinero ilícito y la injerencia del crimen en las campañas y los resultados, combatir la comisión de delitos electorales; todos estos problemas urgentes de resolver.

El argumento del ahorro también es un engaño. Si de hacer uso eficiente de los recursos públicos se trata, debemos comparar los 24 mil 500 millones de pesos que está solicitando el INE para el 2023, con las cantidades millonarias invertidas en las obras de infraestructura presidenciales como el Tren Maya que, según el ejército, no se terminará este sexenio; la refinería que no refina; el Aeropuerto de Santa Lucía que sólo reporta pérdidas; los millones de pesos que se están pagando de indemnizaciones por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (por capricho presidencial); las pérdidas millonarias de PEMEX y CFE, etc. Si hacemos esta comparación, veremos que el presupuesto destinado al INE no es nada en relación con los derroches presidenciales, además de que es dinero bien invertido en un órgano electoral autónomo, que ha funcionado aceptablemente.

Esta reforma electoral no significa avance, sino retroceso, y el supuesto ahorro es mero pretexto para desmantelar al INE, pues es uno de los pocos contrapesos al poder presidencial que quedan. Se busca seguir centralizando el poder en manos de un solo hombre y ganar a toda costa las elecciones futuras para perpetuarse en el poder. Por ello, el tema de la reforme electoral y la amenaza al Instituto Nacional Electoral no se limita a un debate teórico entre especialistas y quienes defienden la reforma. Es, por el contrario, un asunto vital para el país. No podemos esperar a que sean los partidos políticos, tan desprestigiados hoy, quienes hagan algo por evitar la tragedia que significaría la aprobación de esta reforma electoral. Por el contrario, todos los mexicanos debemos organizarnos y tomar en nuestras manos la defensa de nuestro derecho a disentir y a votar por una opción política distinta a la que gobierna, como castigo a sus pésimos resultados, para lo cual necesitamos un árbitro autónomo e imparcial y reglas electorales equitativas que garanticen la transición pacífica del poder. Debemos hacerlo, de lo contrario, la dictadura que se ha estado construyendo con este gobierno, se consolidará para desgracia de todos.