El 18 de marzo, en plena contingencia mundial por la propagación del coronavirus (Covid-19),  con absoluta falta de sensibilidad política y respeto al pueblo mexicano, los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprovecharon la ausencia de la oposición, que ese día no asistió a la sesión en  protesta por la inacción del Gobierno Federal frente al Covid-19, para aprobar reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y  General de Partidos Políticos (LGPP) que permitirán a diputados y senadores, entre otras aspectos, hacer campañas de proselitismo para su reelección sin que previamente deban solicitar licencia a su representación popular.

La reelección consecutiva de los legisladores, hasta por 12 años, fue incorporada a la Constitución  en  2014 para ser aplicada  a partir de 2018, pero como en ese lapso las normas secundarias no se adecuaron, dicho apartado legal quedó pendiente. Los diputados de Morena se apoderaron de  este cabo suelto y de la distracción pública generada por la emergencia sanitaria para discutir y aprobar las citadas reformas legales, las que además de dispensar de lectura en tribuna, no fueron dictaminadas en las comisiones legislativas. 

Otra de las reglas impuestas unilateralmente por los morenistas establece que todos los diputados y senadores –sean titulares o suplentes, electos por mayoría relativa o por representación proporcional– podrán postularse para ser reelectos por vía uninominal o plurinominal, sin que importe el método por el que fueron electos. Los legisladores que opten por la reelección, deberán postularse por el mismo partido con el que ganaron o alguno de la coalición, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Pero la más cuestionable de las reglas aprobadas por Morena el 18 de marzo fue precisamente la que permitirá a los legisladores buscar su reelección sin separarse de su representación popular, mientras realizan sus campañas electorales. Es censurable, porque continuarán siendo diputados o senadores y seguirán cobrando sus dietas, a diferencia de los funcionarios públicos de todos los niveles, que en situación similar deben  separarse de sus cargos.

La modificación aprobada por los morenistas contraviene el principio de equidad en los procesos electorales, el cual busca asegurar que los candidatos compitan en condiciones iguales mediante la prohibición de que ninguno realice actos anticipados de precampaña o campaña, utilice recursos públicos en la búsqueda de votos y use una representación popular o cargo público ante los electores. Estas tres limitantes fueron eliminadas de facto por los morenistas para favorecer la causa de los legisladores reeleccionistas.

Aunque Morena intente legitimar lo anterior, con el argumento de que su reforma nos pondrá a la altura de las grandes democracias del mundo, que  ayudará a profesionalizar a los legisladores y que impedirá que muchos trabajos legislativos queden a medias,  el objetivo político perseguido con ella es otorgar mayores ventajas a los actuales legisladores y alentar la idea  de que la reelección no tiene riesgos. Obviamente, todo esto fue efectuado pasando por encima de los principios democráticos establecidos en nuestro orden constitucional.

Esperemos que el Senado se ocupe de lo que verdaderamente preocupa a los mexicanos y que en su momento enmiende estas ventajosas reglas para la reelección de legisladores.