La última vez que México vio un proyecto de abasto popular tristemente se encuentra en la etapa inicial de lo que en México sería consagrado como neoliberalismo, también en una etapa de crisis económica a causa de la caída de los precios del petróleo. Las tiendas de abasto Conasupo que vieron la luz en 1986, quedaron finalmente como Diconsa en el 2000, no solo permitieron que muchas familias de las regiones más apartadas del país tuvieran acceso a productos de la canasta básica a precios relativamente bajos, sino que fue el inicio de una red gubernamental que hoy se cuenta como una de las más sólidas, pues concentra prácticamente todos los productos de la canasta básica. Esta gigantesca red de almacenes que, según cifras oficiales son 300, sumadas a 26 mil tiendas de abasto, además de 3,691 mil unidades que recorren carreteras para el transporte de mercancías, forman parte del activo de esta red. Como recordará el lector, la Cuarta Transformación llevó a la fusión de DICONSA y LICONSA a SEGALMEX, aunque en el año que lleva de operación, no solo no se ha avanzado para alcanzar la seguridad alimentaria prometida, sino que los números bajo los que opera son críticos, pese a la experiencia de quien lo comanda, el propio ex director de Conasupo, Ignacio Ovalle Fernández.

Esta red ni por accidente fue contemplada para un programa alimentario emergente por parte de presidente Andrés Manuel López Obrador, para atender los dolorosos efectos sociales que comenzará a tener la pandemia entre los sectores más empobrecidos, así como aquellos que subsisten de su trabajo, los denominados autoempleados, que se cuentan por millones en el país. Como vimos, el presidente se aferró a sus programas de bienestar que son recursos en efectivo. La Secretaría de Economía apenas pudo esbozar que, a través de esta red, el abasto de mercancías podría ser sostenido durante 100 días, y nada más.

Nada se dijo de un programa de asistencia alimentaria domiciliaria para aquellos que, obligados a renunciar de su fuente de ingreso, ya sea porque han cerrado o porque no cuentan con ingresos fijos, puedan guardar la cuarentena sin morir de inanición. Y es que el exitoso y esperanzador modelo de atención china contra el coronavirus incluyó también, gracias a la intervención estatal, que las familias pudieran contar con productos mínimos que les permitieran subsistir al enclaustramiento domiciliario.

En ese sentido, los brotes de inconformidad social a causa de la falta de alimentos, será un problema que comenzará a multiplicarse conforme no se vea una fecha para la normalización de las actividades. En un país donde más de 100 millones de mexicanos viven algún grado de pobreza, el enclaustramiento sin un apoyo directo al consumo, se vuelve un peligroso caldo de cultivo para las poblaciones de bajos ingresos. Las válvulas de escape a esta presión podrían traducirse en un exponencial incremento de los índices delictivos, incluso en los saqueos, escenarios todos muy adversos pues se recurrirá siempre a la fuerza pública antes que a la contención social de las causas que les dieron origen.

Solamente en la CDMX, se hizo una burda caricatura de lo que significaría utilizar esta red para apoyar a los afectados. La jefa de gobierno capitalino anunció que 458 mil personas vulnerables recibirán vales por 350 pesos de manera quincenal, que podrán canjear en tiendas de las demarcaciones a las que corresponden. Al menos 36 productos de la canasta básica, se prometió que estarían a muy bajo costo a través de la Secretaría del Bienestar, entre ellas carne, leche e incluso fertilizantes y por supuesto cereales como maíz, frijol, trigo harinero y arroz. ¿No es este el momento de poner estos productos en las mesas del pueblo mexicano castigado por el riesgo a la pandemia y la falta de una fuente de trabajo segura? ¿es viable poner esta red estatal al servicio de los menos desfavorecidos en una pandemia como la que se está viviendo? ¿lo haría cualquier gobierno de izquierda en cualquier parte del mundo? ¿por qué el gobierno que dice, que primero los pobres, no utiliza esta red de abasto para dotar a las familias de un programa nacional alimentario que permita sobrellevar los momentos de penuria económica y física? ¿Estarán midiendo correctamente en Palacio Nacional sobre el riesgo de hambruna en el país, aunque aún no estemos en la fase más crítica de la expansión de contagio del Covid-19? Esperamos que se tome en cuenta a las voces que se pronuncian sobre la urgencia de atender la vertiente alimentaria, antes de que los efectos sociales de la pandemia se vuelvan explosivos para la debilitada estabilidad social del país. Los mexicanos debemos cuidarnos del contagio, pero también no quedar silenciados ante el abandono gubernamental de este aspecto sumamente sensible del problema, el hambre del pueblo mexicano.