La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones presentó este jueves 30 de enero la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, que propone reformar los artículos 25 y 73 constitucionales para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley nacional.
José Antonio Peña Merino, titular de este organismo, explicó que la iniciativa tiene como objetivo reducir "aún más los espacios de corrupción, eliminar la discrecionalidad, homologar los trámites, los requisitos y los tiempos de resolución… Además, busca tener el 80 por ciento de los trámites en formato digital”.
Los objetivos de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización son homologar los trámites, los requisitos, el tiempo de resolución y los procesos de atención.
Respecto a los beneficios que traerá la ley, Peña Merino indicó que el más importante será reducir los espacios de corrupción, eliminar la discrecionalidad, homologar los trámites, los requisitos y los tiempos de resolución, esto último en un 50 por ciento.
La ley también reducirá la carga regulatoria en los tres órdenes de gobierno, fortalecerá la certeza jurídica, mejorará el acceso a los derechos y acelerará la actividad económica para generar prosperidad compartida.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera