En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
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“Los hombres no sólo se preguntan qué tipo de vida quieren llevar, sino también en qué orden político desean vivir. La filosofía moral se ocupa de la primera cuestión, mientras que la filosofía política intenta responder la segunda” (Kersting, 2001; 39). Con estas palabras, Wolfgang Kersting nos ayuda a definir la filosofía política y su relevancia.
Vivimos en sociedad bajo un orden político específico. ¿Cuál es la base de este orden? ¿Por qué preferimos un tipo de orden sobre otros? Y antes aún, ¿por qué debemos vivir en una sociedad que nos somete a un poder superior a nuestra individualidad?
Para la filosofía del contractualismo, la respuesta es clara: necesitamos un poder superior porque, como individuos, tenemos intereses diferentes. En un hipotético “Estado de Naturaleza”, donde no existiera el Estado, viviríamos en una guerra constante sin garantías de vida y justicia. El Estado, aunque no siempre coincide con los intereses individuales, asegura bienes esenciales que aceptamos a cambio de una libertad absoluta teórica. Renunciamos a esta libertad absoluta para obtener una vida segura con reglas claras que todos debemos seguir. Según el contractualismo, pasamos de un Estado de Naturaleza a un Estado-Sociedad mediante un Contrato Social, donde acordamos un orden político para vivir en sociedad.
Pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau abordaron estos problemas. Hobbes afirmaba que “el hombre es el lobo del hombre”, y que en un Estado de Naturaleza sería imposible sobrevivir debido a la guerra perpetua entre individuos. Por ello, el Estado, ese Leviatán con poder superior, es necesario para gobernar y protegernos. Locke sostenía que el objetivo del Estado es garantizar la vida y la propiedad: “Porque nadie puede transferir a otro más poder del que tiene, y nadie tiene sobre sí poder absoluto y arbitrario ni sobre los demás para destruir su vida o quitar la vida o propiedad ajena” (Locke, 2015; 15). Rousseau decía: “Mientras muchos hombres reunidos se consideren un solo cuerpo, tendrán una sola voluntad, que se refiere a la conservación común y al bienestar general” (Rousseau, 2017; 137).
No podemos profundizar en el pensamiento de la filosofía política moderna en este breve espacio, pero la idea fundamental es clara: el Estado es necesario para mantener el bienestar de los individuos, y sólo por esta razón se somete la voluntad individual a una voluntad colectiva. Existen críticas a estas ideas, pero mientras sigan fundamentando la necesidad del Estado, debemos preguntarnos hasta qué punto cumple sus funciones y hasta dónde ha fallado en cumplir sus propios objetivos.
Los niveles de violencia en un país nos dicen mucho sobre la eficiencia de su sistema político. Si es deber del Estado evitar la muerte temprana y violenta, ¿qué decir de una nación donde no se puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos?
En México, según datos del Inegi, SESNSP, Lantia Intelligence y otras plataformas que recopilan información sobre violencia, seguridad y crimen organizado, se revela una dolorosa verdad: la violencia ha aumentado en el presente sexenio y la cifra de homicidios dolosos superó, desde diciembre de 2023, la cifra del anterior sexenio. Ésta es la realidad para muchos mexicanos: violencia e impunidad. Aunque Marx nos advirtió que la justicia y el aparato del Estado responden a intereses particulares, nada nos impide exigir el cumplimiento de la ley actual. El mundo es injusto y debemos luchar para transformarlo, pero mientras tanto, no debemos quedarnos callados. Podemos y debemos exigir al Estado que cumpla sus compromisos. Los avances en derechos y leyes han costado mucha lucha social. Debemos denunciar que el Estado está fallando y que la sociedad mexicana no se siente segura. Si el Estado no puede asegurarnos la vida, si la gente debe hacer justicia por su propia mano, si no hay justicia para los asesinados y desaparecidos, ¿para qué sirve el Estado?
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
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Escrito por Alan Luna
Maestro en Filosofía por la UAM.