El ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876 marcó el inicio de un periodo de centralización política que consolidó el proceso de formación del Estado nacional iniciado durante la Reforma. Esta concentración del poder se correspondió con la acumulación de capital; en ese sentido, el porfiriato impulsó un proyecto modernizador de la economía nacional al tiempo que buscaba construir un Estado moderno.

Sin embargo, en sus inicios, la legitimidad del Estado porfirista no provenía de un fundamento legal-racional moderno, sino de una autoridad “carismática” y premoderna, encarnada en la figura del caudillo oaxaqueño. Con el tiempo, esta legitimidad adoptó rasgos tradicionales, vinculados a lo que Weber denominó el “eterno ayer”: una forma de autoridad propia de patriarcas y príncipes de linaje antiguo, en contraste con la legalidad impersonal del servidor moderno del Estado.

Así, el Estado central porfirista presentó un carácter ambiguo. En ocasiones, asumió la forma del Estado absolutista y pareció erigirse como “expresión y garante de los intereses universales de la sociedad”, tal como lo pensó Hegel: una esfera superior de eticidad y racionalidad donde se resolvían “civilizadamente” las contradicciones de la sociedad civil. En esos momentos, el porfiriato parecía ajustarse a situaciones excepcionales en que las clases enfrentadas se equilibran de modo tal que el Estado adquiere cierta independencia relativa.

En otros casos, el régimen adoptó un perfil de cesarismo o bonapartismo clásico. Como etapa posterior a la República Restaurada (1867–1876), el porfiriato se inscribe en la serie de eventos históricos resueltos por la emergencia de una gran personalidad “heroica”, en este caso, Porfirio Díaz. No obstante, este cesarismo no difería de las monarquías centralizadas de Francia, Inglaterra o España del Siglo XVI. Todas estas formas de poder surgieron en contextos de equilibrio catastrófico entre fuerzas enfrentadas, donde la única salida viable fue un poder arbitrador que se independizaba momentáneamente y se encarnaba en una figura capaz de resolver el conflicto.

Antonio Gramsci señaló que el cesarismo podía ser progresivo o regresivo. César y Napoleón serían ejemplos progresivos, mientras que Napoleón III y Bismarck representarían versiones regresivas. El caso de Díaz resulta ambiguo. Su régimen construyó un sistema anfibológico, capaz de oscilar entre orientaciones opuestas según las circunstancias concretas, y funcionó como una herramienta eficaz de realpolitik, orientada por una lectura estratégica del escenario político.

Aunque Gramsci sostenía que podía haber cesarismo sin César, sin figura heroica, lo cierto es que Díaz encarnó los intereses centralizadores del Estado nacional y resolvió, al menos temporalmente, la tensión entre una sociedad civil fragmentada y las aspiraciones integradoras del Estado. Como solución arbitral personalizada, el porfiriato representaría un esfuerzo por modernizar el país, y en ese proceso, el Estado moderno se habría “encarnado” en la figura de Díaz.

Max Weber definía al Estado moderno no tanto por sus fines como por su medio específico: la violencia física legítima. Según él, el Estado es una relación de dominación que se impone por medio de la violencia reconocida como legítima. Desde esta perspectiva, el porfiriato buscó consolidarse como la única fuente legítima del derecho a ejercer la violencia dentro del territorio nacional, reclamando exitosamente el monopolio de esa violencia en México.

Siguiendo una analogía establecida por Claudio Lomnitz, el porfiriato sería para el Estado mexicano lo que la restauración Meiji fue para el Japón moderno. A partir de 1876, Díaz puso en marcha un Estado moderno cuya legitimidad se fundaba tanto en su capacidad de ejercer la violencia legítima como en su intento de organizar y unificar políticamente al país.

Al inicio, Díaz detentó una autoridad carismática, producto de su condición de caudillo victorioso. Con el tiempo, esta autoridad devino legitimidad tradicional, similar a la ejercida por príncipes patrimoniales: una autoridad asentada en la costumbre y en la disposición de los hombres a obedecerla. No obstante, Díaz buscó ir más allá de la gracia personal o la legitimidad tradicional. En su afán por construir un Estado moderno, intentó alcanzar una legitimidad basada en la legalidad, lo que implicaba generar consenso en torno a una visión del mundo.

En este sentido, el porfiriato puede entenderse como un contexto en que los grupos dominantes lograron, al menos relativamente, imponer su visión del mundo como sentido común entre los sectores subalternos. El programa del régimen, resumido en la consigna “imponer la paz y promover el desarrollo económico”, articuló una narrativa legitimadora que justificaba tanto su papel de mediador como su carácter cesarista anfibológico. Esta visión implicaba una doble apuesta: política (la paz) y económica (el desarrollo), bajo la premisa de que la pax forzada era condición necesaria para el crecimiento económico.

Este discurso legitimó el dominio del régimen, reforzó la autoridad carismática de Díaz y permitió que su liderazgo adoptara rasgos modernos, basados en la legalidad. A su vez, esta legalidad fortaleció la legitimidad tradicional en el imaginario colectivo, impulsada por los ideólogos del régimen, quienes promovieron la idea de que el orden de Díaz era preferible al caos previo, incluso a costa de libertades individuales o locales. Esta ideología pacificadora y ordenadora se convirtió en el “sentido común” del periodo y fue decisiva para construir consenso y establecer la hegemonía política del régimen.