De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, durante el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador existieron irregularidades administrativas como anomalías en los contratos y ausencia de documentos, es decir, hay transparencia dudosa.

De acuerdo con Mariana Cendejas, Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, en Lo Marginal en el Centro, afirmó que no hay propiamente falta de transparencia, dado que hay informes sobre las irregularidades, y por eso hay conocimiento de las faltas que la Auditoría ha publicado.

Para Cendejas, sí hay acceso a la información, “pero lo que está de manifiesto es este desorden y la falta de rendición de cuentas de cómo se han ejercido los recursos públicos en las megaobras”, afirmó la consultora en anticorrupción en el Tecnológico de Monterrey.

Por su parte, Leonardo Núñez González, maestro en Administración Pública por el CIDE y especialista en fiscalización y gasto público, en su participación en el programa televisivo, añadió que el trabajo institucional de la revisión de las cuentas ha dado algunos resultados, aunque la Auditoría no revisa cada peso y cada centavo porque tiene recursos limitados, razón por la que sólo escoge una muestra representativa del gasto.

Enfatizó que no son triviales las irregularidades halladas a través de la muestra representativa, “se trata de hallazgos de irregularidades por más de 61 mil millones de pesos, estamos hablando de una triplicación del presupuesto del Metro de la Ciudad de México y que rebasa el presupuesto de la UNAM, por ejemplo”.

Patricia Silva Celis, diputada de la Sexagéxima segunda legislatura en San Luis Potosí, resaltó que las áreas de riesgo que maneja la evaluación del informe ejecutivo son alarmantes. “De mil 733 auditorías, mil 653 presentan observaciones serias. Hay, en general, las siguientes categorizaciones: deficiencias relativas a las adjudicaciones directas, falta de información –opacidad–, falta de coincidencia entre montos remitidos contra montos pagados, inconsistencia en las licitaciones y un largo ectétera que está presente en casi todos los entes auditados. Y también es importante destacar que de todo lo que se auditó, el 78.1% tiene observaciones con áreas de riesgo causadas por acciones inadecuadas en contra de las normas que deben aplicarse para ejercer los recursos, además de omisiones, es decir, inacciones del servidor público”. Silva Celis afirmó que en las causas de riesgo hay corrupción y falta de ética.

Los analistas coincidieron en que hay opacidad, Cendejas refirió que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha podido documentar el cúmulo de malas decisiones en la elaboración de las megaobras. Añadió que ninguna de las megaobras, “que iban a ser la salvación para los mexicanos”, se salva de estar envuelta en malos manejos financieros, sobrecostos por todos lados y pésima planeación.

Al respecto, Núñez González dijo que las obras más importantes y más emblemáticas que representan un uso monumental de los recursos públicos no cumplen con las características mínimas de transparencia. “Estas grandes obras a las que se les da un gran foco en las mañaneras, a las que el presidente anuncia, tienen una transparencia meramente decorativa. No hay una transparencia en donde se muestre a quién se le está dando el dinero, cuánto se está dando, quiénes son los dueños de las empresas”. Dijo que la transparencia verdadera no puede hacerse a cabalidad porque esa información no se presenta, y que se podrá saber hasta que la administración actual haya terminado. Por eso recalcó que la lucha contra la corrupción requiere cambios institucionales en donde no se presente una pseudotransparencia a través de un circo, como se está viendo en el gobierno de hoy. “No hay que confiar en ningún político, intentemos siempre tratar de poner mecanismos de pesos y contrapesos”, concluyó.