El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegará a su fin en octubre próximo en medio de una aguda crisis hídrica y sin un plan nacional para enfrentarla… mucho menos resolverla.

Además, sin incremento de la inversión pública para reparar y actualizar la infraestructura hidráulica de estados y municipios, la administración saliente redujo presupuestos en esta materia vital para las familias y el funcionamiento normal de la economía.

El 30 de diciembre de 2020 se publicó oficialmente el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2020-2024 con cinco objetivos centrales, entre los que destacan garantizar el derecho humano al consumo de agua, dotarla con regularidad a la población más vulnerable y proveerla con eficiencia para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos.

El Programa Nacional Hídrico destacaba el compromiso del Gobierno Federal de reducir la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afromexicanos ante inundaciones y sequías, mejorar los servicios hidráulicos que brindan atención a cuencas y acuíferos y combatir la corrupción en las dependencias dedicadas a la administración del agua en el país.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó, el pasado el 29 de enero, que el 70 por ciento de los objetivos centrales del Programa Nacional Hídrico 2020-2024 no presenta resultados.

El Informe del Monitoreo de 2023, correspondiente a 2022, estipula: “70 por ciento de los indicadores no reportan datos o no tienen definida una meta sexenal, por lo que no se puede realizar el análisis del cumplimiento… no miden cambios en problemáticas a las que se dan seguimiento y no cumplen con algunos de los criterios mínimos”.

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, reconoció, el dos de febrero de 2024, la necesidad de diseñar un “Plan Hídrico 2024-2050 para mitigar los efectos de la escasez de agua.

“Es preciso que como país aprendamos a diseñar políticas públicas de largo aliento, pero también que resolvamos el problema de hoy”, declaró, para luego proponer la urgente necesidad de planificar el saneamiento de aguas residuales con plantas de tratamiento y su reutilización agrícola.

También sugirió intensificar la desalinización del agua de mar y construir un “acueducto nacional” que conecte la región sur del país, que cuenta con 80 por ciento de los recursos hidráulicos nacionales, con la zona centro-norte, que únicamente dispone de 20 por ciento.

El “plan nacional” de largo plazo incluiría también el reordenamiento del sistema de “fiscalización hídrica” en los sectores industrial y agropecuario para que paguen el agua que utilizan, así como el establecimiento de una cuota de pago “mínima y justa” a los exportadores.

El diagnóstico emitido el pasado 24 de febrero por un equipo de 20 expertos de la Red del Agua y del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LNCS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aclaró que el país no tiene un plan de acción a largo plazo y menos un marco legal adecuado para lograr una equitativa distribución del agua y evitar la sobreexplotación de cuencas y acuíferos.

Previamente, el 31 de enero de 2024, en su análisis La gestión del agua no es una prioridad en México, especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), consideraron urgente la elaboración de un plan nacional para atender la crisis hídrica que enfrenta México.

Y explica que mil 613 municipios están afectados por sequías severas, extremas y excepcionales; además, precisa que “el país carece de un andamiaje institucional adecuado para hacer frente a la nueva realidad….el primer eslabón es modernizar la regulación en la materia (nueva ley de aguas) para promover una mayor coordinación entre actores, así como facilitar la inversión y dar mantenimiento a la infraestructura hídrica y, en términos generales, mejorar la gestión del agua en México”.

Insensibilidad oficial

Durante el actual gobierno, las inversiones oficiales en materia hidráulica, en lugar de aumentar, se redujeron al menos en 50 por ciento, aseveró Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de la UNAM, en una declaración difundida por la gaceta de la universidad.

En el texto México enfrenta sequías sin recursos suficientes, dedicado a reflexionar sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-2024), analistas del IMCO previeron que, en el año en curso, “habrá una disminución de 12.6 por ciento al presupuesto de Conagua, que bajó de 71.7 mil millones de pesos (mdp) recibidos en 2023, a 62.6 mil mdp en este 2024”.

En su estudio Perspectivas del Agua en el Valle de México. Orientaciones hacia la seguridad hídrica, el antes mencionado equipo de 20 expertos de la Red del Agua, y del LNCS de la UNAM planteó la urgencia de que el Gobierno Federal invierta 97 mil mdp en las instalaciones hidráulicas sobre el territorio nacional.

Indicaron que se requiere más presupuesto para cumplir objetivos como reparar fugas en instalaciones hidráulicas y actualizar las obsoletas, entre ellas las del Sistema Cutzamala, que abastece 25 por ciento del consumo del centro del territorio, ya que fue planeado para operar 20 años y hasta ahora lleva 40 años en funcionamiento.

Ese dinero serviría también para rehabilitar instalaciones hidráulicas afectadas por hundimientos de tierra y sismos; para explorar y desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento y para mejorar la distribución del agua en el país.

El pasado cuatro de marzo, la Conagua declaró que, hasta entonces, las 210 principales presas que hay en el territorio nacional se hallaban al 49 por ciento de su capacidad de almacenamiento; que en siete días su volumen de agua se había reducido de 62 mil 478 millones de metros cúbicos (m³) a 61 mil 656 millones de m³.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el 76.21 por ciento del territorio nacional sufre los estragos generados por la sequía, situación considerada como la más grave en los últimos 12 años.

El Monitor de Sequía de México de la Conagua reportó problemas con distintos niveles de gravedad en la distribución del vital líquido en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí. Sonora, Querétaro y Oaxaca.

Estudios de especialistas en hidrología corroboran que al menos 80 por ciento de la población mexicana vive en zonas de alto o muy alto “estrés hídrico”, es decir, en donde la demanda de agua supera la cantidad disponible.

AMLO sin proyecto legal

El gobierno de AMLO ha omitido promover la expedición de una nueva Ley de Aguas Nacionales (LAN) para sustituir la vigente desde 1992 –pendiente desde hace 12 años–, investigadores y organizaciones civiles especializadas en hidrología consideran esto indispensable para actualizar y mejorar la gestión del agua.

Estos especialistas y activistas han afirmado que la sustitución de la LAN de 1992 ofrecería la posibilidad de integrar un plan nacional hídrico que garantice socialmente un equitativo suministro del vital líquido y evitaría, entre otros factores negativos, su acaparamiento entre corporaciones empresariales y la sobreexplotación de fuentes hidrológicas.

La LAN fue promulgada el 1° de diciembre de 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; su principal objetivo fue modificar la concepción legal del agua como derecho humano para convertirla en una “mercancía más”, según la interpretación de las organizaciones civiles especializadas en la defensa del acceso social al agua.

La “mercantilización” del agua potable se ajustó al nuevo marco político y económico definido por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN) suscrito por el expresidente Salinas de Gortari con los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá.

El ocho de febrero de 2012, una nueva reforma estableció el derecho humano al agua en el párrafo sexto del Artículo 4º de la Carta Magna (“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”); pero se omitió expedir una ley reglamentaria que definiera la manera de aplicar en los hechos ese derecho constitucional.

En el Congreso de la Unión se ha promovido una decena de iniciativas para establecer una nueva ley nacional de aguas, entre ellas la emitida el 27 de abril de 2022 por la senadora morenista Gloria Sánchez.

El cuatro de febrero de 2020, integrantes de organizaciones civiles especializadas en esos temas, como la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAV), introdujo una “iniciativa ciudadana” (apoyada por 117 mil firmas, como se exige legalmente) con el objetivo de sustituir la LAN de 1992 y superar la fallida distribución del líquido vital, su sobreexplotación y privatización con fines mercantiles.

El 18 de febrero de 2023, Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Proyecto Tocoyani. Hacia la Planeación Transformativa de la Gestión Hídrica en México, declaró que hay dos visiones con respecto a la LAN: una de los senadores de Morena, encaminada a sustituir por completo la LAN vigente desde 1992, porque promueve y respalda las concesiones de explotación de agua a empresas mercantiles.

Y otra, de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, encabezada por el morenista Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, “que pretende mantener la LAN (1992) aprobando una Ley General de Aguas engañosa, que intentaría reducir el derecho humano al agua a un número de litros por habitante-día”.

Acaparamiento del agua

Desde 1992, cuando se promulgó la LAN vigente, que ha permitido la explotación prácticamente ilimitada del recurso vital por parte de grandes empresas, resultaron beneficiarias la agroindustria y los corporativos nacionales y trasnacionales, como las embotelladoras de agua potable, refresqueras, cerveceras, fabricantes de botanas, mineras, acereras, automotrices y cadenas de tiendas de autoservicio, con la complacencia de los gobiernos federales.

“Las refresqueras y cerveceras son las empresas que utilizan más agua… la situación está mal, porque en los lugares con más necesidad de agua ni siquiera les llega lo suficiente; y cada vez es peor la situación, es cada vez más difícil, porque se va escaseando más y más; los pozos se secaron por la falta de lluvia”, explicó a buzos Verónica Gutiérrez, integrante del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO).

Juan Luis Hernández, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, dijo sobre este problema a la Gaceta de la UNAM: “no veo por ningún lado que las empresas refresqueras estén protestando o se estén quejando de que les falta agua para embotellar sus refrescos. La sequía no tiene el mismo impacto para todos”.

Hernández precisó que hay, al menos, 44 millones de mexicanos sin acceso al agua para cubrir sus necesidades básicas diarias, mientras siete grandes empresas, nacionales y extranjeras, controlan 70 por ciento de las concesiones para el control del agua, “entre las que se encuentran bancos, empresas agrícolas, y grandes cadenas relacionadas con el sector agroalimentario”.

La doctora en antropología social Andrea Moctezuma Balderas y el maestro Wilfrido Gómez Arias, investigador experto en Tecnología Aplicada, autores del estudio Los millonarios del agua, publicado en 2020, detallan cómo el ejercicio de un derecho humano es arrebatado a millones de personas por el acaparamiento del agua en un pequeño grupo de corporaciones empresariales.

Ambos investigadores señalan que la LAN de 1992 debilitó el ejercicio del derecho humano al agua y redujo el control del Estado sobre este recurso natural al propiciar la explotación libre y prácticamente ilimitada de las fuentes de agua en manos de las grandes empresas privadas y sin una adecuada supervisión gubernamental.

Revelaron que, hasta hace cuatro años, el agua era acaparada por tres mil 304 grandes usuarios privados “a los que la Conagua ha otorgado concesiones para extraer un millón de metros cúbicos o más de agua al año”, denuncian Moctezuma Balderas y Gómez Arias.

La ANAV, integrada por decenas de organizaciones civiles defensoras del ambiente y el derecho humano al agua, explicó que la escasez del vital líquido en México no se debe tanto a las sequías, sino a su acaparamiento en manos de empresas industriales productoras de acero, refrescos, cervezas, botanas, autos, entre otros alimentos.

“No es sequía, es saqueo”, alertó esta agrupación, cuando anunció su 4ª reunión nacional para analizar las causas de la crisis del agua, evento que se realizará el 23 y 24 de marzo en la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala.

Denunció además que, entre otras firmas, la “Coca Cola consume agua en cada uno de los 32 estados del país de donde extrae más de 55 mil millones de litros de agua al año… Coca Cola-Holanda reveló, en un informe, que se necesitan 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco”.

“Empresas de productos chatarra extraen 133 mil millones de litros de agua al año… Danone extrae 15 mil millones de litros de agua al año; Nestlé, 10 mil millones de litros de agua al año; Bimbo, 1.3 mil millones de litros de agua al año”, indica esta agrupación civil.

La ANAV afirma que “90 por ciento del costo del agua embotellada se debe a la botella y el líquido puede llegar a venderse hasta 10 mil veces su valor”. En cuanto a otras industrias, revela que las compañías mineras que operan en territorio nacional “consumen 12 mil millones de litros de agua al año”.

Sobre el “Día cero”

Citlali Elizabeth Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, organismo de Conagua, señaló, el 31 de enero de 2024, que si no llueve con intensidad pronto para que suban el nivel de las tres presas del Sistema Cutzamala, éste podría quedar inhabilitado el 26 de junio, lo que comenzó a mencionarse en redes sociales y medios de comunicación como Día Cero, cuando el Valle de México se quedaría sin agua.

En lo concreto, Peraza Camacho había informado que, al 30 de enero, las presas del Cutzamala se hallaban al 39 por ciento de su capacidad de almacenamiento y que sólo disponían de 311.50 millones de m³, en tanto continuaba la reducción de su nivel.

El Sistema Cutzamala está formado por las presas Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria; y dota de agua al 25.5 por ciento de la población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), región integrada por las 16 alcaldías de la CDMX y 56 municipios conurbados del Edomex, donde habitan 22 millones de personas.

Durante su conferencia matutina del pasado 21 de febrero, y desestimando todos los estudios en la materia, el Presidente negó que exista el Día Cero, porque el Sistema Cutzamala únicamente suministra una cuarta parte del agua consumida por la ZMVM, que también es provista desde otras fuentes de agua.

El 66.3 por ciento del agua se extrae de los mantos acuíferos de la región; 6.3 por ciento del sistema Lerma y 1.8 por ciento de la presa Madín, según datos del Sistema de Aguas de la CDMX.

El pasado 14 de febrero, AMLO dijo que para garantizar el suministro de agua en la ZMVM, los gobiernos de la capital y del Edomex tienen un plan de “mediano plazo” para perforar pozos y extraer agua del subsuelo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde –aseguró– existen grandes cantidades de agua. También anunció inversiones para reparar fugas de agua en la red de agua potable de la capital de la República y los municipios mexiquenses de la ZMVM.