En el corazón del norte mexicano, Durango enfrenta una de las crisis más severas de su historia reciente: la escasez extrema de agua. Los datos oficiales son alarmantes:el 87 por ciento del territorio estatal presenta algún grado de estrés hídrico con 15 municipios en condición de sequía extrema. A pesar del discurso oficial que prometía soluciones mediante Plan Hídrico Nacional implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, no se han obtenido resultados positivos.

Durango, un estado caracterizado por su diversidad geográfica y riqueza natural, enfrenta hoy una de las mayores crisis por carencia de agua. El Monitor de Sequía en México (MSM) indica que el 87 por ciento del territorio estatal sufre estrés hídrico, con municipios donde la situación resulta más grave.

Según expertos, el escenario se repite anualmente; y en los próximos meses, una vez más la crisis hídrica se avecina, por lo que subrayan la importancia de modificar radicalmente el modelo de gestión del agua; es necesario el respaldo de las instituciones estatales y federales encargadas.

En este contexto, el Gobierno Federal activó un Plan Nacional que hasta la fecha no ha producido algún impacto considerable. A decir de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para Durango es preocupante la sequía en lo que resta de 2025, pues las lluvias no han caído regularmente desde hace cuatro años, lo que ha provocado una sequía prolongada.

“Cuando en el territorio hay temas de sequía, se afecta a la agricultura, ganadería y la parte forestal. Es por eso que se debe actuar; en algunos municipios, incluso, se debe apoyar llevando agua para el consumo humano; es preocupante porque venimos de tres o hasta cuatro años en los que no ha llovido lo suficiente en algunas regiones, de acuerdo con el promedio histórico”, precisó el regidor Pedro Silerio.

“Hay localidades pertenecientes a los municipios del Semidesierto en las que el desabasto y escasez son cíclicos, como en algunas partes del norte de la entidad. Este ciclo podría ser más complicado que los anteriores, por eso se deben tomar medidas anticipadas en lo que corresponde a las necesidades directas de los ciudadanos del medio rural”, alertó el regidor. 

Es necesario contar con la infraestructura suficiente para llevar el recurso natural a los lugares donde hace falta para evitar una crisis y situaciones adversas de esta naturaleza, por lo que se requiere el apoyo de las instituciones federales, municipales y estatales.

La sequía: un problema recurrente

Los datos oficiales de la Conagua revelan que Durango lleva cuatro años con precipitaciones por debajo del promedio histórico. Esta sequía prolongada ha devastado sectores fundamentales como la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Por ejemplo, en 2023, la producción agrícola en el Semidesierto de Durango cayó 30 por ciento, según reportes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Municipios como Cuencamé, Peñón Blanco y Simón Bolívar han registrado pérdidas irreparables en cultivos básicos como frijol y maíz, con lo que la seguridad alimentaria de las familias rurales resulta directamente afectada.

Los números oficiales pintan un panorama desolador para Durango. Según los últimos reportes de la Conagua, el sistema de presas del estado apenas alcanza 34 por ciento de su capacidad total, un mínimo histórico que amenaza el suministro para millones de personas.

En el sector agrícola, las cifras son igualmente alarmantes. La SADER reporta pérdidas de 40 por ciento en la producción de maíz y frijol durante el último ciclo, cultivos fundamentales para la seguridad alimentaria de la región.

La ganadería, otro pilar económico, sufre consecuencias devastadoras. La Unión Ganadera Regional de Durango (URGD) contabiliza 18 mil cabezas perdidas, una cifra que se incrementa conforme avanza la temporada de estiaje.

Pero quizás el dato más revelador de la inacción gubernamental proviene de la Auditoría Superior de la Federación (ASF): de los 45 proyectos hídricos prometidos para el estado, sólo siete (15.5 por ciento) se completaron. Esta falta de ejecución se agrava por el recorte presupuestal de 28 por ciento en 2024, según documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Pero, incluso, se efectuó una búsqueda en los boletines y comunicados oficiales del gobierno estatal y la Conagua para identificar las siete obras realizadas pertenecientes al plan hídrico, pero no se ubicaron; lo que significa que en el papel sólo se consideran pequeñas construcciones sin mayor impacto hídrico. 

Estas cifras, frías en su presentación estadística, representan en realidad tierras abandonadas, negocios familiares cerrados y un éxodo rural creciente. Cada porcentaje esconde historias de personas cuyo modo de vida está desapareciendo con el agua.

Pero el problema va más allá de lo económico. En comunidades rurales como San Juan del Río, Nazas y Rodeo, el acceso al agua potable ya se convirtió en un desafío diario. “Tenemos que recorrer hasta 10 kilómetros para conseguir agua que a veces ni siquiera es apta para consumo”, relata María González, habitante de la comunidad de La Zarca. Los sistemas de pipas, implementados como medida emergente, resultan insuficientes y llegan con irregularidad.

El sector ganadero, pilar de la economía duranguense, también sufre las consecuencias. En 2024, la  URGD reportó la muerte de más de cinco mil cabezas de ganado por falta de agua y pastos. “Estamos viendo cómo se secan nuestras tierras y con ellas nuestro modo de vida”, lamentó el productor Jorge Martínez.

El testimonio del regidor Pedro Silerio refleja la realidad: “En algunas regiones no ha llovido lo suficiente en años”. Esta situación no sólo amenaza la economía local, sino también el acceso al agua potable. En comunidades como San Juan del Río y Nazas, el desabasto es cíclico, pero en 2025 ha alcanzado niveles críticos, obligando a los habitantes a depender de pipas que no siempre llegan a tiempo.

El cambio climático ha convertido a Durango en un polvorín. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado registró su año más caluroso desde que hay registros, con temperaturas máximas de 48°C en la región de Mapimí. Además, una reducción de 30 por ciento en precipitaciones respecto al promedio histórico de los últimos 50 años.

Pero la naturaleza no es la única culpable. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) denuncia que el 60 por ciento del agua potable se pierde por fugas en redes obsoletas. En Lerdo, por ejemplo, tuberías con 50 años de antigüedad generan desperdicios equivalentes al consumo de 15 mil personas diarias.

Solamente tres de 39 municipios tienen programas actualizados de mantenimiento hidráulico, según datos del Diagnóstico Nacional de Infraestructura Hídrica 2024. “Tenemos sequía, sí, pero también una red de distribución que parece colador”, informó la doctora Claudia Ríos, investigadora de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED)

El año pasado, un estudio explosivo de la UJED reveló cómo operan los grandes consumidores: la minera Peñasquito, propiedad de Goldcorp, extrae 12 millones de litros diarios, equivalentes al consumo de 40 mil personas, y tiene concesiones para explotar cinco acuíferos hasta 2045. En 2023, redujo su pago de derechos hídricos en 60 por ciento gracias a un amparo fiscal.

Las cerveceras Grupo Modelo y Heineken operan con concesiones por 25 años renovables. En 2024 consumieron 18 por ciento más agua que en 2022, mientras comunidades vecinas como Vicente Guerrero reciben pipas cada 15 días. “Racionamos el agua para beber, mientras la fábrica llena camiones cisterna para lavar botellas”, denuncia Margarita Holguín, habitante de Gómez Palacio.

Documentos de la Conagua obtenidos del portal de Transparencia muestran que el 85 por ciento de las concesiones industriales están en zonas declaradas con “disponibilidad media-baja” de agua. Las empresas pagan 0.05 pesos por metro cúbico, mientras ciudadanos tienen que pagar entre mil 500 y mil 800 pesos, dependiendo de la distancia donde se necesite llevar las pipas.

Esta crisis es tanto ecológica como política. Mientras el clima cambia, la mala gestión y los privilegios industriales aceleran el colapso.

El Plan Hídrico Nacional: promesas sin resultados

El Gobierno Federal anunció con bombo y platillo su Plan Hídrico, prometiendo infraestructura y soluciones a largo plazo. Sin embargo, en Durango, el plan parece no haber aterrizado. Según un informe de la ASF publicado en enero de 2025, únicamente el 15 por ciento de los proyectos de infraestructura hídrica programados para el estado han sido ejecutados. Además, el presupuesto asignado a Durango para este fin se redujo 20 por ciento respecto al año anterior, lo que limita aún más la capacidad de acción.

Organizaciones civiles como Agua para Todos han denunciado que las acciones del gobierno son reactivas no preventivas. Por ejemplo, en 2024, se destinaron recursos para perforar pozos en zonas rurales, pero sin estudios técnicos que garantizaran la sustentabilidad de los acuíferos. Esto ha provocado que, en menos de un año, varios pozos se secaran, agravando el problema.

Sin embargo, a dos años de haber iniciado el plan hídrico, los resultados son decepcionantes. La ASF publicó, en enero de 2025, un informe con 32 proyectos hídricos comprometidos para Durango, pero solamente siete se concluyeron. Y no existen evidencia sobre la situación de los proyectos ni los beneficiados. 

Agua para Todos ha documentado múltiples fallas en la implementación. “En 2024 se perforaron 15 pozos en zonas rurales sin estudios hidrológicos previos. Hoy, ocho de ellos ya están secos”, denunció Luis Hernández, coordinador de la organización. Además, el presupuesto asignado a Durango para proyectos hídricos sufrió un recorte este año y pasó de 350 a 280 millones de pesos (mdp), según datos de la SHCP.

La infraestructura existente tampoco recibe mantenimiento adecuado. El Sistema de Presas de Durango, que incluye las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, opera a apenas al 35 por ciento de su capacidad según reportes de Conagua. “Es un círculo vicioso: no hay agua porque no llueve, pero tampoco hay infraestructura para almacenarla cuando llegan las lluvias”, explica el ingeniero hidráulico Roberto Mendoza.

Rogelio Martínez, agricultor de Cuencamé, con manos callosas que dibujan 52 años de trabajo en la tierra, señala su parcela agrietada: “esta tierra alimentó a mis cinco hijos. Antes cosechaba 20 toneladas de frijol... este año no llegamos ni a cinco”. Su voz se quiebra al mostrar el pozo familiar, ahora seco. “Las pipas del gobierno vienen cada 15 días. ¿Cómo riego con eso? Mi hijo mayor ya se fue a Estados Unidos (EE. UU.). Dice que aquí sólo hay polvo y promesas”.

Según el Registro Agrario Nacional, tres de cada 10 parcelas en el Semidesierto duranguense han sido abandonadas en los últimos dos años.

Para  Sánchez, viuda y madre de familia en Nazas, la casa de adobe guarda el silencio de quien perdió todo: “pedimos ayuda cuando empezó a morir el ganado. Nos dieron un número telefónico que nunca contestó”. Según la Procuraduría Agraria, el 80 por ciento de solicitudes de apoyo por sequía en Nazas sigue sin respuesta, entre ellos el de Laura. 

Sin coordinación, abunda la corrupción

Uno de los mayores obstáculos es la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Mientras el Gobierno Federal responsabiliza a las autoridades estatales de no presentar proyectos viables, el gobierno estatal alega que no recibe los recursos prometidos. Mientras tanto, los municipios más afectados carecen de capacidad técnica y financiera para implementar soluciones.

La corrupción también desempeña un papel nefasto. En 2024, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigó a funcionarios estatales por desvío de fondos destinados a proyectos hídricos. Estos casos, aunque aislados, reflejan un sistema que no prioriza las necesidades de la población.

La opacidad en el manejo de recursos ha sido otro problema recurrente. En 2024, la SFP inició una investigación por la presunta desviación de 47 mdp destinados a proyectos hídricos en el estado. Aunque el caso sigue abierto, ha generado desconfianza entre la población.

Los municipios, por su parte, no tienen capacidad técnica y financiera para enfrentar el problema. “Nos llegan las quejas de la gente, pero no tenemos los recursos para dar soluciones”, admiten autoridades municipales de la capital.

En la Colonia Villa del Oeste, Durango-capital, los cortes de agua de 72 horas son la norma. Carmen Ruiz muestra sus rodillas inflamadas: “cargo cubetas desde el tanque comunal. Ayer me caí... mis medicamentos cuestan mil 800 al mes, pero el agua no tiene precio”.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA) admite, en un oficio interno, que el 40 por ciento de la red urbana tiene fugas y 15 colonias sufren racionamiento extremo.

“Nos dicen que ahorremos agua, pero las cerveceras siguen produciendo”, reclama Carmen, refiriéndose a la planta Heineken que, según datos de Conagua, consume 4.8 millones de litros diarios (equivalente al abasto de 16 mil familias).

Miguel Ángel, repartidor de agua en pipa: “Llevo tres años en este trabajo. Antes repartía a cinco colonias; hoy son 22. La gente pelea por las pipas... hace una semana, un hombre me amenazó con un machete”.

Unas doce mil familias urbanas dependen de pipas (SAPA). El 45 por ciento de escuelas primarias en Durango capital reportan problemas de suministro, de acuerdo con la Secretaría de Educación local. Mientras las autoridades plantean la “escasez”, Rogelio, Laura y Carmen viven en emergencia permanente.

Una emergencia que exige acción inmediata

La situación hídrica en Durango siempre ha sido un problema ambiental para convertirse en una crisis humanitaria. Las cifras plantean por sí solas que 87 por ciento del territorio permanece en estrés hídrico, 15 municipios en sequía extrema, 30 por ciento de pérdidas agrícolas, miles de cabezas de ganado muertas.

El Plan Hídrico Nacional, en su fase actual, ha resultado insuficiente para atender esta emergencia. La falta de infraestructura adecuada, los recortes presupuestales, la desorganización institucional y los casos de corrupción han creado “una tormenta perfecta” que está afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.

Los pronósticos de expertos resultan alarmantes: en un escenario ante 2030, según la UJED y el Colegio de Ingenieros, habrá 120 mil desplazados por criterios climáticos (15 por ciento población rural), se perderá el 65 por ciento de la capacidad agrícola se presentarán conflictos intercomunitarios por 18 acuíferos críticos y el colapso de tres presas principales, 12 acuíferos en sobreexplotación crítica, el tiempo estimado de recuperación corresponde a 25-40 años (con acciones inmediatas), y una inversión requerida de tres mil 800 mdp anuales. Actualmente se asignan 450 mdp.

Doña Carmen (72 años, residente en Lerdo): “cada mañana miro al cielo esperando lluvia que no llega. Mis nietos ya hablan de irse al norte. El gobierno nos dice que tengamos paciencia, pero ¿cómo tener paciencia cuando tus cultivos son polvo y tus animales se mueren? Aquí nos estamos quedando sin futuro”.

El gobierno de la “Cuarta Transformación” activó un plan hídrico para mitigar la falta del agua, pero en realidad, nacionalmente se desconoce su operatividad. Ante la falta de infraestructura suficiente para llevar el recurso vital a donde hace falta, sobre todo al medio rural, es necesario el respaldo de las instituciones de los tres órdenes de gobierno; si no se cumple con este aspecto, la sequía impactará de manera negativa entre la población, sobre todo de los lugares alejados, provocando con ello una crisis de abastecimiento del vital líquido para consumo humano.

Mientras las autoridades discuten por sus responsabilidades, los duranguenses esperan soluciones concretas. El momento para actuar es ahora.