En el municipio de Santa María Tonameca se ubica Tilzapote, una comunidad que enfrenta la amenaza de despojo de sus casas, que habitan desde hace décadas y donde ha construido su identidad, historia y aspiraciones. A través de procesos “judiciales” en favor de grandes empresarios, es como pretenden desalojar a sus pobladores.

Desde hace más de 15 años, la comunidad de Tilzapote, municipio de Santa María Tonameca, libra una batalla desigual por defender 300 hectáreas de tierras comunales que hoy están en riesgo de despojo por un proceso judicial que los comuneros califican como “fraude procesal”, diseñado para beneficiar intereses privados y turísticos.

No solamente están en riesgo la propiedad colectiva y el sustento de más de 200 familias campesinas y pescadoras, sino también el futuro de un ecosistema fundamental para la costa oaxaqueña: las playas y manglares donde llegan tortugas marinas y donde la comunidad ha establecido un equilibrio de vida con el medio ambiente.

“Aquí nacimos y aquí hemos criado a nuestros hijos. No permitiremos que nos despojen con mentiras y fraudes. Tilzapote no se vende, Tilzapote resiste”, afirma Marco Antonio Velázquez Ramírez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec.

El fallo que encendió la alarma

El pasado 28 de enero, el Juez Primero de Distrito, con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, falló a favor de los particulares Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, ordenando que el Estado Mexicano les pague seis mil 15 millones de pesos (mdp) por compensación de 300 hectáreas reclamadas como suyas.

Este fallo se basa en una sentencia previa del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 que, en mayo de 2016, dictaminó la procedencia de la acción agraria de exclusión sobre las tierras, pese a que la comunidad de Tilzapote ya estaba consolidada en ese territorio con dos escuelas, una casa de representación, una de salud y el establecimiento de más de 200 familias.

“El núcleo agrario no está condenado a pagar. La condena es a la Federación, pero nosotros estamos perdiendo la tierra. Nos han querido imponer este despojo mediante una sentencia que consideramos viciada”, explicó el comisariado.

El fallo ha sido impugnado por los comuneros, que impusieron un recurso de queja y han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción sobre el caso, ante lo que consideran un proceso judicial parcial y plagado de irregularidades.

Una lucha de más de 15 años

Para la comunidad de Tilzapote, esta batalla no comenzó en los tribunales, sino en su territorio hace más de 15 años.

“Desde 2010 llevamos luchando. Se han tomado carreteras, edificios públicos, asambleas, movilizaciones. Hemos enfrentado violencia, amenazas directas. Por defender nuestras tierras nos han denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero no nos rendiremos”, relata Velázquez Ramírez.

La lucha ha implicado no sólo a los comuneros de Tilzapote, sino a todo el núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec. “Es una causa de todos. No dejaremos solos a nuestros compañeros. Siempre hemos estado con ellos y seguiremos”, afirma.

Velázquez recuerda que los comisariados anteriores no quisieron ser o solamente no fueron jurídicamente contundentes: “Los compañeros de antes hicieron lo que pudieron, pero no presentaron las defensas necesarias. Ahora nos toca enfrentar el costo, no sólo económico, sino personal. Es un desgaste enorme, pero estamos decididos a llegar hasta el final”.

El presidente enfatiza que tres años de representación comunal no bastan para sostener una lucha de esta magnitud. “Por eso buscamos apoyo institucional y de organizaciones. Necesitamos que se entienda que éste no es un caso aislado: es parte de una guerra legal contra los territorios comunales”.

¡Ya no entra nadie!

Los habitantes de Tilzapote han decidido cerrar completamente el acceso a personas foráneas como respuesta a años de abandono, engaños y procesos legales que nunca les ofrecieron justicia. 

Después de múltiples intentos fallidos por defender su territorio frente a intereses turísticos y despojos avalados por instituciones, la comunidad ha perdido la confianza en el gobierno, los abogados y en los medios de comunicación. La defensa del territorio ha dejado de ser un proceso legal y se convirtió en resistencia silenciosa y colectiva.

En Tilzapote ya no hay espacio para nuevas promesas. La comunidad se ha replegado y ahora opta por proteger su tierra con organización interna, sin la intervención de actores externos. 

Para sus habitantes, todos se han convertido en amenazas posibles, y la única garantía de futuro es la unidad entre quienes comparten la memoria de lucha por territorio. El cierre de la comunidad no es una conducta temporal, sino una forma de resguardar su dignidad e identidad colectiva.

Un territorio con historia y vida

El núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec, al que pertenece Tilzapote, es uno de los más grandes y diversos de la región; lo habitan 72 comunidades que se extienden desde la zona de montaña cafetalera hasta las playas del litoral.

“Nuestro núcleo colinda con los municipios de Santo Domingo de Morelos, San Bartolomé, Colotepec y la cabecera municipal de Santa María Tonameca. Es un territorio vivo, diverso, con historia y con futuro”, explica Gaspar Fernández Ruiz, agente municipal.

San Francisco Cozoaltepec tiene una historia que se remonta a finales del Siglo XVIII. “Desde 1796 ya había asentamientos zapotecos en esta zona. Hoy en día, más de 90 por ciento de nuestra gente habla zapoteco y mantiene nuestras tradiciones”, reveló Fernández.

En Tilzapote, como en otras comunidades del núcleo, la vida gira en torno a la agricultura, pesca, la ganadería y el comercio local. Los cultivos de maíz, jamaica, frijol, cacahuate y café sostienen la economía familiar.

“Aquí se han producido mazorcas de oro en concursos estatales de producción de maíz. Nuestra tierra es fértil y nuestra gente trabajadora”, agrega el agente municipal.

La comunidad de Tilzapote es también un espacio de convivencia, cultura y tradición. “Somos un pueblo que se organiza. Aquí cada familia aporta a las asambleas, a los tequios, a la vida comunal. No somos invasores. Nuestra presencia es legítima y ancestral”, relata Velázquez.

Palmera 1: el trasfondo turístico

El presidente del comisariado es claro: el trasfondo de todo este proceso radica en abrir paso a intereses turísticos.

“El proyecto Palmera 1 fue concebido para convertir nuestras playas en un desarrollo turístico privado. Por eso, el juicio se aceleró, por eso hubo tanto interés en que se dictara sentencia. Quieren hoteles, quieren privatizar lo que ha sido de la comunidad durante generaciones”, denuncia.

Según documentos judiciales, el proyecto Palmera 1 incluye inversiones de actores privados vinculados a redes políticas y empresariales. El desarrollo implicaría la transformación de playas, manglares y ecosistemas.

“No estamos en contra del turismo, pero sí del despojo. Lo que quieren es sacar a la comunidad para que otros hagan negocio. No permitiremos eso”, sostiene Velázquez Ramírez.

El patrón del cártel del despojo

El caso de Tilzapote refleja un patrón ya conocido en Oaxaca como el cártel del despojo.

“Este cártel opera con escrituras antiguas, registros manipulados, notarios corruptos, jueces parciales. Aquí hicieron un fraude procesal: un mismo terreno se vendió, se simuló, se ocultó documentación clave”, explica el presidente del comisariado.

El agente municipal coincide, “no es un caso aislado. El conflicto de Tilzapote afecta a todo el núcleo agrario. Por eso, como autoridad, siempre los apoyamos. Es un problema que debe resolverse ya, por la paz y el desarrollo de la región”, sentencia Gaspar Fernández Ruiz.

Otros casos en Oaxaca evidencian el mismo patrón: en Santa María Mixtequilla, comunidades zapotecas enfrentan intentos de despojo por proyectos industriales vinculados al Corredor Interoceánico. En San José del Progreso, el uso fraudulento de títulos permitió la entrada de la minería a costa de los derechos comunales. En los Chimalapas, invasiones impulsadas por redes de intereses generaron conflictos territoriales larguísimos.

“Vemos que esto es un esquema que se repite. Por eso es clave que Tilzapote resista y siente un precedente”, advierte Velázquez Ramírez.

Una comunidad en resistencia

A pesar de las dificultades, la vida en Tilzapote sigue. Más de 200 familias residen en el territorio. La comunidad mantiene dos escuelas, una casa de representación y una de salud.

“Nuestra gente trabaja todos los días. Producimos maíz, jamaica, cacahuate. Pescamos. Queremos que nuestras playas sirvan para el turismo comunitario, no para enriquecer a unos cuantos”, aclara el comisariado.

Sin embargo, el conflicto ha bloqueado el desarrollo turístico, “por el juicio, no se abren negocios ni palapas en la playa. La comunidad defiende el territorio, pero eso también significa que no podemos aprovechar su potencial”, explica Fernández Ruiz.

Además, las carencias son muchas: falta de agua potable, caminos en mal estado, necesidad de un puente para comunicar mejor la región y carencia de servicios básicos, como un hospital o una universidad.

“Si se resolviera el conflicto, Tilzapote podría desarrollarse mucho más. Es una zona con enorme potencial”, sostiene el agente municipal.

La condena en manos del Estado

Actualmente, el monto del pago exigido corresponde a seis mil 15 mdp. El núcleo agrario no está obligado a pagar directamente; la condena es para el Estado mexicano.

“La condena es a la Federación. Antes se había vinculado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Hacienda (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Tribunal Superior Agrario (TSA). Ahora el juez dejó en el limbo a quién pagaría. Es otra irregularidad más en este proceso viciado”, explican los comuneros.

Los representantes del núcleo agrario han promovido recursos para evidenciar el fraude y evitar que la condena se concrete en un pago injusto.

“Cuando el cobro se materialice, el conflicto podría escalar. Es fundamental que las autoridades actúen antes de que esto ocurra”, advierten.

La batalla en la Suprema Corte

Hoy, la comunidad de Tilzapote centra sus esperanzas en la SCJN. Han solicitado que el máximo tribunal atraiga el caso y revise el fondo del asunto con criterios internacionales en materia de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las sentencias obtenidas mediante fraude procesal no pueden generar derechos legítimos. México, como firmante de los tratados internacionales, está obligado a respetar esos estándares.

Además, la Corte subraya que, en los conflictos por territorios ancestrales, debe prevalecer el principio pro homine, es decir, la protección más amplia posible a los derechos colectivos.

“La Corte tiene la oportunidad de sentar un precedente que proteja a las comunidades frente a este tipo de fraudes. Si se permite que un despojo legalizado avance, ninguna comunidad estará segura en este país”, sostienen los representantes legales.

Tilzapote resiste

Mientras tanto, la comunidad no baja la guardia.

Están intensificando sus acciones: han viajado a México, gestionado con la Procuraduría Agraria, presentado su caso ante la Presidencia de la República y buscan alianzas con organizaciones sociales y ambientales.

El presidente del comisariado lo resume así: “No nos rendiremos. Aquí no nos moveremos. No aceptaremos un despojo disfrazado de legalidad. Ésta es nuestra tierra, nuestro hogar y nuestra vida. Y la vamos a defender con todo lo que tenemos. Tilzapote resiste”.