La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) no podrá cumplir con el supuesto objetivo de beneficiar a los mexicanos más vulnerables debido al enorme déficit financiero heredado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este déficit es un lastre provocado por los excesos de gasto público en los que éste incurrió (programas sociales compra-votos, obras públicas inútiles, etc.) y por su renuencia a aplicar una reforma fiscal progresiva a las grandes fortunas y a los sectores sociales con mayores ingresos.

Los ingresos fiscales de la administración federal vigente corresponden a los de hace 15 años; es decir, cuando gobernaba el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

En sus primeras declaraciones, Sheinbaum Pardo afirmó que la economía nacional está “muy fuerte”, aseveración carente de objetividad porque, en el sexenio anterior, el crecimiento promedio fue menor al uno por ciento y el déficit fiscal de casi el seis por ciento. 

A esta situación adversa se suman condiciones internacionales igualmente poco propicias: la confrontación militar entre Rusia y Ucrania; el genocidio de Israel en Palestina y Líbano; y la amenaza de recesión en las economías de Estados Unidos (EE. UU.) y China en 2025. 

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FED) –el banco central estadounidense– reveló, el pasado 18 de septiembre que, para el fin de año, la economía de su país crecería sólo dos por ciento, a diferencia del 2.1 por ciento estimado en junio pasado; y que el desempleo aumentaría de cuatro a 4.4 por ciento.

“El primer recorte de las tasas de interés (en 0.5 para ubicarse en 4.75 por ciento) por parte de la Reserva Federal indica que una recesión en EE. UU. es inminente”, advirtió Mark Spitznagel, director de inversiones del Fondo Universa Investments, citado por la agencia Reuters el 27 de septiembre.

Al final de este año, el crecimiento económico de México sería del 1.5 por ciento, la mitad del tres por ciento estimado a principios de año; y, en 2025, del 1.4 por ciento o, incluso, menor, según los economistas.

Más gastos que ingresos

El desequilibrio entre los ingresos y gastos gubernamentales de AMLO correspondió a 5.9 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB), debido a que sus inversiones fueron desmedidas y no se preocupó en aumentar los ingresos federales.

Gastó en magnas obras inútiles hasta la fecha, en el sostenimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), que se halla en quiebra, y en repartir dinero en efectivo en lugar de fortalecer la prestación de servicios públicos básicos y atender los graves problemas de salud y seguridad pública.

Para financiar los proyectos políticos de su campaña electoral permanente, AMLO recortó el gasto a las secretarías de mayor relevancia pública (salud, educación, seguridad, infraestructura básica); absorbió los fondos de más de 100 fideicomisos con objetivos sociales e incrementó la deuda pública de 10.5 billones de pesos (bdp) en 2019 a cerca de 18 bdp en este 2024.

La nueva administración federal, instalada el 1° de octubre, se comprometió, por un lado, a reducir a la mitad el déficit fiscal (de 5.9 al tres por ciento del PIB nacional), pero anticipó el aumento de un bdp en el gasto público en 2025.

El pasado 25 de septiembre, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena, anunció que el presupuesto del año próximo será de alrededor de 10 bdp, es decir, mayor en un bdp al aplicado en 2024.

Gregorio Vidal Bonifaz, académico e investigador de economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó a buzos que con estas estimaciones, no se alcanzará el crecimiento previsto porque la reducción “del déficit fiscal puede ser más complicada”.

Sobre el proyecto de aumentar en un bdp el gasto público en 2025, Vidal comentó que “el presupuesto se puede aumentar, si hay más crecimiento. El problema es que no está claro que vaya a haber más crecimiento”.

Otros analistas consideran indispensable reducir pronto el déficit fiscal, porque si permanece alto, o aumenta, ocasionará un alza en las tasas de interés que México debe cubrir por su deuda internacional y una menor posibilidad de obtener nuevos créditos.

Agencias internacionales de calificación de crédito, como Moody’s y Fitch Ratings, han recomendado estabilizar las finanzas mexicanas con la disminución del déficit fiscal a dos o tres por ciento del PIB para evitar que la deuda pública y los intereses aumenten.

La reducción del déficit fiscal –dijeron analistas– se consigue por dos vías: aumentando los ingresos federales con tasas de impuestos más altos, con la venta de petróleo crudo en el exterior o con recortes al gasto público.

Gerardo Esquivel, académico del Colegio de México (Colmex), y otros expertos en economía y finanzas públicas, coinciden en que la solución de fondo radica en la aplicación de una reforma fiscal con acento “progresivo”, con la que paguen más quienes más tienen.

“No lo podemos ya soslayar (minimizarlo), porque los ingresos del gobierno, los ingresos presupuestales…son prácticamente los mismos hoy que hace 15 años, mientras el gasto público es creciente”, reveló Esquivel el pasado 1° de octubre.

Una reforma fiscal “va a ser inevitable; tenemos que discutirla seriamente; ya no se puede hacer lo que se ha estado haciendo, que son mejoras en la eficiencia recaudatoria… si queremos que el país realmente tenga posibilidades de crecer hacia adelante, tenemos que discutir la fortaleza del Estado”, enfatizó.

Gerardo Esquivel aclaró también que el gobierno central debería retomar la cobranza de impuestos actualmente a cargo de estados y municipios, como predial y tenencia de automóviles; aunque reconoció que “hay otras posibilidades, como introducir una nueva tasa marginal para los ingresos más altos”.

Más de lo mismo en 2025 

En los Precriterios de Política Económica 2025, difundidos el 27 de marzo –un anticipo del proyecto de presupuesto que debe entregarse el próximo 15 de noviembre al Congreso de la Unión– se menciona que el actual Gobierno Federal tiene el objetivo de disminuir del 5.9 al tres por ciento el déficit fiscal. 

Para conseguir este fin, se plantea una reducción del gasto público en 833 mil 664 millones de pesos (mdp), bajando de 9.14 bdp en 2024 a poco más de ocho bdp en 2025, esto es, menor en un bdp al aplicado este año.

En este marco, el presupuesto del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum sería “inercial”, repitiendo el esquema de gasto en políticas públicas de AMLO, sin el adecuado respaldo financiero, como el ocasionado por el actual desbalance entre ingresos y gastos del gobierno.

El presupuesto de 10 bdp financiará las políticas públicas de la anterior administración, incluidos los programas sociales del “bienestar”, cuya demanda de recursos aumentará en 2025, por la integración de nuevos beneficiarios y por el incremento anual en las ayudas asistencialistas ordenadas por AMLO.

En los Precriterios 2025 se destaca un crecimiento de al menos 17.6 mil mdp en el presupuesto para los programas del “Bienestar”, que pasarían de 535 mil 243 mdp a 552 mil 313 mdp; aunque hay analistas que los calculan en al menos 700 mil mdp.

En 2022, el expresidente AMLO ordenó que las pensiones de los adultos mayores aumentaran 25 por ciento anualmente, por lo que los tres mil 850 pesos bimestrales de ese año pasaron a cuatro mil 800 en 2023 y llegaron a seis mil pesos en 2024.

Por acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta pensión bimestral aumentará a siete mil 500 pesos en 2025, es decir, 45 mil pesos al año a cada uno de los 12.2 millones de personas con 65 años y más, más los nuevos beneficiarios del año próximo.

Ariadna Montiel, quien repite este sexenio como Secretaria del Bienestar, informó, en la conferencia “mañanera” del 13 de junio de 2024, que las pensiones y becas del “bienestar” se distribuyen a 14 millones 433 mil 422 beneficiarios.

La presidenta Sheinbaum anunció una nueva pensión para las mujeres de 60 a 64 años y una ampliación de las becas del “bienestar”, aunque tampoco explica cómo se financiarán.

Para la entrega de esta nueva pensión en 2025, su primer año, el Gobierno Federal requerirá un gasto adicional de 22 mil 100 mdp, cantidad que, al final de este sexenio, llegará a 69 mil 500 mdp, indicaron analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).

El diputado Ramírez Cuéllar planteó también que, el año que entra, se mantendrán, incluso se incrementarían, las aportaciones a Pemex, lo que significa que la presidenta Sheinbaum mantendrá la introducción de dinero público a una empresa en “quiebra técnica” y que no tiene un plan de negocios para hacerla comercialmente viable.

A su vez, el pasado 16 de julio, el morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, expresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, anunció que, en 2025, se destinarán más recursos públicos para terminar la construcción de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, dos de las “magnas obras” que quedaron inconclusas en el sexenio de AMLO.

Hoy, a diferencia de otros tiempos, cuando la venta internacional de petróleo crudo financiaba el gasto público federal, la “quiebra técnica” de Pemex se ha convertido en una entidad en extremo dependiente de éste y en un “barril sin fondo” para la economía de los mexicanos.

Las aportaciones financieras del gobierno a Pemex sumaron 2.1 bdp en el primer semestre de 2024, reportó el 12 de agosto anterior la organización México Evalúa.

Su producción histórica ha bajado y hoy en día es una de las petroleras más endeudadas del mundo, con un débito de casi 100 mil millones de dólares (mdd), (99 mil 400 mdd, a julio de 2024), mientras sus ingresos disminuyen.

En los Precriterios 2025, el precio de un barril de petróleo crudo se calculó en 58.4 dólares, monto 12.9 dólares menor con respecto a los 71.3 dólares del precio que predominó este año.

Los ingresos gubernamentales por la venta de petróleo sumarían 990 mil 370 mdp, cantidad que representaría una disminución de 13.5 por ciento con respecto al dinero que se calcula fue percibido en 2024.

Se profundizará la crisis económica

Durante todo su sexenio, el expresidente AMLO se negó a impulsar una reforma fiscal “progresiva” para que pagaran más impuestos quienes más ganan y tienen; y hasta ahora, Claudia Sheinbaum ha dado muestras de que se mantendrá en el mismo camino. 

Esta línea de conducta permite suponer que la Presidenta también recortará el gasto de las dependencias y programas básicos; solicitará más créditos internos y externos e insistirá en convertir al Ejecutivo en el único poder con capacidad de mando público en México.

Hasta ahora no ha dado ningún indicio de frenar la reforma constitucional al Poder Judicial, pese a las advertencias de que su concreción podría obstaculizar las inversiones privadas nacionales y extranjeras y empujar a la economía mexicana a una recesión en 2025, como han pronosticado economistas y politólogos.

“La incertidumbre seguirá siendo alta en medio de los cambios constitucionales; la economía crecería en 1.1 por ciento en 2024 y en 2025 sería de 0.8 por ciento”, previó el Bank of America (BA) en su informe Notas del viaje a México: La incertidumbre sigue siendo alta y frena la economía”, publicado el pasado 19 de septiembre.

La aplicación de la reforma al Poder Judicial, aprobada el 11 de septiembre, y la desaparición de siete organismos autónomos, provocará que la economía se estanque, incluso que entre en recesión (decrezca) en 2025, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).

José Domingo Figueroa, presidente de esta institución, pronosticó, el 17 de septiembre, que este año el crecimiento económico será de 1.5 por ciento debajo del tres por ciento esperado por el gobierno, y que el año entrante será de solamente 1.3 por ciento.

Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico del Grupo Financiero BASE, reveló que, a pesar de negarse oficialmente, “la aprobación de la reforma al Poder Judicial ha deteriorado significativamente el panorama económico”, con amplias posibilidades de una recesión o decrecimiento y estancamiento de la economía, debido a la desconfianza de inversionistas.

“La reforma judicial pone en riesgo la confianza de los inversionistas extranjeros y la relación con EE. UU., principal socio de México en el tratado comercial T-MEC”, escribió Siller en su artículo Cambio de expectativas económicas de México, publicado el 17 de septiembre de este año.

En su análisis del 12 de septiembre de 2024, México Evalúa destacó que la baja expectativa de ingresos federales, sumada a la incertidumbre de inversionistas por las reformas constitucionales al Poder Judicial y eliminación de organismos autónomos, “podría llevar al país a perder su grado de inversión, con consecuencias adversas para todos los mexicanos”.

A nivel internacional hay “varias agencias calificadoras enfocadas a evaluar la capacidad de los gobiernos y empresas de pagar sus deudas a tiempo”, principalmente Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings, “sus calificaciones crediticias sirven a los prestamistas para medir el nivel de riesgo de impago de las instituciones evaluadas”. 

La deuda podría aumentar y llegar a los 73.9 mil mdp “dependiendo de cuántas agencias calificadoras recorten la nota crediticia”, señalaron Jorge Cano, Carlos Velázquez y Laura Cabañas, analistas en finanzas de México Evalúa.

“Se trata de las peores expectativas para un proceso de cambio de gobierno desde que se tiene registro… nunca en la historia reciente del país una transición política había causado tanta incertidumbre o desánimo para los inversores”, expusieron en el informe.