El éxodo forzoso de miles de centroamericanos hacia Estados Unidos (EE. UU.) plantea un desafío para México, país de tránsito y cuya capacidad de recepción en plena pandemia es cada vez menor. Este asunto, en el que las élites de los Estados expulsores expolian a las mayorías y usan como negocios a sus gobiernos, será clave en la incipiente relación entre el EE. UU. de Joseph Robinette Biden con México y Centroamérica.

La llegada a México desde Guatemala de grandes caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica con destino a EE. UU. ya marcó un parteaguas en la historia de las migraciones en el área. Este éxodo masivo escaló a un dilema político entre el país de destino –que pide a México contener a los migrantes– y la inacción de los países expulsores.

Se anticipan fricciones, pues la crisis de Covid-19 limitó la generación de empleos y cerró válvulas de escape. En 2020, América Latina (AL) perdió al menos 36 millones de empleos y el cierre de la frontera de EE. UU. con México afectó fundamentalmente a Centroamérica.

De los casi 300 millones de migrantes que transitan por el planeta, EE. UU. ha acogido a más extranjeros (48 millones) en distintos momentos de su historia. Le siguen Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Francia, Canadá y Australia, explica el periodista Christopher Sherman.

El retrato de la naturaleza trasnacional de este fenómeno implica las dinámicas de sus actores, en particular la de la actual caravana. Fue convocada en Honduras por redes sociales en septiembre; sus integrantes saldrían desde la central camionera de San Pedro Sula el 1° de octubre, cuando Guatemala reabriría su frontera. No fue así.

Tras leer la convocatoria, unas nueve mil personas desesperadas por la pobreza, la violencia delictiva y los daños de los huracanes no esperaron. Dejaron sus casas y abordaron cuantos vehículos pudieron rumbo al país vecino.

Las autoridades mexicanas entendieron el alcance de ese nuevo éxodo que aumentaba la presión política y demográfica en sus fronteras. El Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que atendería a una migración “segura, ordenada y legal” y puntualizó que no estimularía a esa caravana.

Además de Colombia, México es el segundo país con mayor número de desplazados internos (5.8 millones) en el mundo, seguido por Siria 6.7 millones y República Democrática del Congo (3.1 millones), según la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Cuando se difundió la integración de la nueva caravana, la agonizante administración de Donald Trump atizó los ánimos antimigratorios y vio a esa oleada humana como un nuevo problema que heredaría su sucesor. La prensa de EE. UU. no dudó en acusar de instigación a los organizadores de la caravana, y su embajada en Honduras advirtió sobre el peligro de emigrar por los riesgos de contraer el Covid-19.

Nada desanimó a los desplazados forzosos. Tras llegar a Guatemala, un primer grupo de mil 500 hondureños alcanzó la frontera con México y usó la táctica de otras caravanas: intentar burlar a la Policía Nacional Civil y al Ejército para cruzar hacia nuestro país.

 Enfrentaron la violenta contención de las fuerzas locales del orden, que usaron gas lacrimógeno, palos y escudos para frenarlos. Al final de esa contienda, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, la mitad del grupo fue repatriada; algunos huyeron al monte y otros se refugiaron en Vado Hondo.

Desde entonces, contingentes más numerosos esperan en Tecún Umán y Chiquimula el momento oportuno para reanudar su marcha. Se les ve por calles cercanas buscando comida y ayuda económica; unos vecinos les dan agua, les permiten asearse y guarecerse del frío de enero.

Reúnen fuerzas para reagruparse y cruzar la frontera por el río Suchiate. Confían en recibir ayuda de Organizaciones No Gubernamentales mexicanas (ONG) y empleo una vez que pisen tierra chiapaneca. Así se los aseguraron los convocantes de la caravana.

“Dijeron que nos recibiría un comité en México y podríamos cruzar hasta el norte; pero no vino nadie”, declaró Johnatan al canal Swissinfo. Pero los pocos que en enero entraron en suelo mexicano, encontraron una realidad distinta: a la Guardia Nacional (GN) con la orden de impedir que se adentren más.

Ése es el verdadero muro antimigratorio de Donald Trump en la frontera sur de México, estima quien fuera subjefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jaime Sabludovsky, quien explica el rol del Gobierno mexicano como muro de contención migratoria, se asumió tras la amenaza del magnate de imponer altísimos aranceles a nuestras exportaciones.

Esos miles de centroamericanos esperan que el nuevo huésped de la Casa Blanca les permita trabajar al ritmo que la economía estadounidense amplíe sus requerimientos de mano de obra baratísima. Así hicieron otros gobiernos demócratas y republicanos.

Entretanto, viven una odisea para llegar a la superpotencia donde persisten las severas políticas de control de ingreso del expresidente Trump. Si en sus países de origen sufrieron lo indecible, en su recorrido soportan abusos físicos y psicológicos de sus guías, chocan contra la fuerza pública de los gobiernos que encuentran en su ruta.

Los pocos que entren a tierra mexicana quedarán varados –por las restricciones sanitarias– en zonas donde nadie garantiza su integridad. Solamente los asistirán ONG y cada vez menos redes civiles, afirma el analista Abelardo Morales, director del Sexto informe Estado de la Región Centroamericana.

Disimulo y hostilidad

Trump impuso su versión de política de garrote en los países del Triángulo Norte. Fue irrespetuoso (como cuando los calificó de “países de mierda”) y más tarde los sedujo con la zanahoria al ofrecer financiamiento para programas contra la migración irregular y la corrupción imperante, explica el analista Dardo Justino Rodríguez.

Joseph R. Biden conoce bien la región y mantiene buena relación con políticos y cúpulas empresariales. Su lógica de “poder suave” mostrará que no aceptará excesos (ataques y amenazas contra periodistas, sindicalistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos) que le causen problemas.

Sin embargo, no cambiará radicalmente las políticas hacia el Triángulo Norte. Para mantener su poder y ascendencia en la zona, ordenará directivas adicionales a la contención migratoria al Departamento de Estado, estima la analista Carmen Rodríguez

Entre los cambios, puede recortar la ayuda militar y publicar listas de funcionarios vinculados a la corrupción o al narcotráfico (Lista Engel, por el legislador Eliott Engel). O también difundir los nombres de los presuntos funcionarios corruptos, según la iniciativa de la demócrata de origen guatemalteco Norma Torres en 2019.

Los Estados expulsores

El llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) es el epicentro de la masiva emigración hacia el norte del continente. Históricamente, esos gobiernos han sido incapaces de emprender medidas que impidan el éxodo forzoso de su población.

Tal impericia se debe a que esos Estados son entes político-administrativos con una noción de soberanía postmedieval, organizados económicamente en torno a élites que hoy viven del neoextractivismo y de la exportación agropecuaria. De ahí que una corriente de pensamiento los califique como “Estados fallidos” o simples “dictaduras”, según los analistas.

La difícil gobernabilidad de esa región se explica porque vivió continuas guerras civiles, implacable injerencia estadounidense y creciente delincuencia trasnacional. Sin embargo, las democracias electorales impusieron el neoliberalismo, ese modelo político que niega el bienestar a los pueblos y cuyos retos aumentó la pandemia.

Por ello, las caravanas de migrantes son la expresión de una población indefensa ante el hambre y desempleo. Son producto de esa falta de políticas sociales efectivas y de la simulación de cierta asistencia que fracasa ante la corrupción integral.

En esos países, la desconfianza ciudadana es total hacia su gobierno, el Congreso y la iniciativa privada. “Es su protesta muda, pero políticamente impactante”, afirma el equipo de Radio Progreso. Urgidos por salvar su vida, miles emprenden una peligrosa travesía por necesidad.

Se ponen en manos de traficantes de personas que les exigen altas sumas para conducirlos a México y, desde aquí, hacia EE. UU. La migración irregular debe verse como veta para el crimen organizado trasnacional y constituye un riesgo para la seguridad nacional de los países en tránsito como México, alerta la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ANUR).

Si aumenta el flujo en el futuro, las mafias desempeñarán un rol relevante por la oferta de estrategias “confiables” para su desplazamiento y con estructuras de apoyo en México. Todo un peligro para la seguridad nacional, pues la crisis del Covid-19 limitó la generación de empleo y cerró válvulas de escape, prevén analistas.

Habrá fricciones, pues la expansión del Covid-19 no detendrá la emigración irregular y forzada. El paso de las caravanas desde Centroamérica ha evidenciado, en la pandemia, la debilidad de los sistemas sanitarios locales y la nulidad del cierre de fronteras, explica el académico de la Universidad Anáhuac, Carlos Barrachina Lisón.