En la reunión que los empresarios sostuvieron el ocho de diciembre con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dijeron: “sí nos preocupa que se esté pensando en cambiar las leyes, regulaciones, en vísperas de periodos electorales tan importantes como lo es el del año que entra y por supuesto el 2024; sí nos preocupa que se esté pensando en hacer cambios a las leyes en este momento; creemos que no es lo ideal”. También manifestaron preocupación por los graves problemas de violencia delictiva y de inseguridad pública registrados durante los cuatro años de su gobierno, porque la cifra de homicidios dolosos ha llegado a las 131 mil 50 víctimas y porque su política de seguridad de “abrazos no balazos” no ha funcionado.

Más allá de estar o no de acuerdo con el sector empresarial es inevitable coincidir en que ambos problemas están lastimando a amplios sectores de la población y que los mexicanos más pobres son quienes finalmente pagan los platos rotos de cualquier crisis, ya que sobre ellos ahora se ensañan la inflación, el desempleo y la corrupción. Los cambios a la ley electoral han provocado alarma porque con ellos AMLO y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quieren llevar agua a su molino a fin de garantizar su triunfo en los procesos electorales de 2023 en los estados de México y Coahuila y la presidencial de 2024.

Pero ahora enfocaremos nuestro análisis en el tema de la inseguridad pública, toda vez que lo que hemos vivido en estos años ha estado envuelto con amenazas de la violencia y acciones criminales que causan terror. Las cifras nos dan la razón: en 2019 hubo 36 mil 661 homicidios, tres mil 22 por mes; en 2020, 36 mil 773, tres mil 64 mensuales; en 2021, 35 mil 700, dos mil 529. En los cuatro años que llevan gobernando Morena y AMLO se han cometido en promedio 95 homicidios diarios.

Quizás estos datos no permitan visualizar su dimensión espeluznante, pero si los comparamos con las cifras negras de sexenios anteriores es inevitable concluir que el cómputo de homicidios de Morena de 141 mil 50 homicidios en solo cuatro años es superior al de cinco de sus predecesores: en el gobierno de Carlos Salinas fueron 76 mil 767; en el de Ernesto Zedillo, 80 mil 671; Vicente Fox, 60 mil 280; Felipe Calderón, 120 mil 463; y Enrique Peña Nieto 156 mil 66. Frente a este último resultado, que fue sexenal, existe el pronóstico de que al término del mandato de AMLO se habrán cometido 212 mil 139 homicidios. Y si hacemos el mismo ejercicio tomando en cuenta solo 49 meses de gobierno de los exmandatarios –los que lleva AMLO– éste resulta igualmente ganador: en ese periodo, Salinas de Gortari tuvo 43 mil 203; Zedillo, 53 mil 776; Fox, 39 mil 186; Calderón, 64 mil 993; Peña, 85 mil 811; y AMLO, 138 mil 344.

La crisis de inseguridad mexicana es preocupante. Basta recordar que en el primer fin de semana de diciembre se vivieron 48 horas de terror debido a que hubo varios atentados. En uno de ellos, el juez Roberto Elías Martínez fue baleado al salir de su casa en el municipio de Guadalupe, Zacatecas; en la tarde se registró un motín y un intento de fuga en un penal cercano a Fresnillo, que estuvo acompañado de ataques a balazos, incendios de vehículos y bloqueos carreteros para distraer a las fuerzas de seguridad que la evitaron.

El exmandatario de Jalisco Emilio González definió la actual crisis de seguridad pública con estas palabras: “nuestra nación está en llamas”. Cualquier mexicano puede constatar que la política lopezobradorista de “abrazos no balazos” no funcionó y que no hay indicios de que en lo que resta del sexenio el gobierno vaya a poner alto a esta situación; un supuesto que, desde luego, no considera la hipótesis –quizás no muy alejada de la realidad– de que la autoridad federal se encuentra del lado de los grupos delincuenciales o que al menos no actúa con todo el poder del Estado para enfrentarlos. Por el momento, querido lector, es todo.