De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2016 y 2019 en Michoacán, 11 mil 944 personas fueron obligadas a migrar de sus municipios de origen debido a la inseguridad pública y la violencia delictiva, que en 2020 afectó a más del 81 por ciento de la población y alcanzó la cifra histórica de 662 mil delitos, según una encuesta específica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio La violencia como causa de desplazamiento interno forzado, que en 2019 publicó el Consejo Nacional de Población (Conapo) incluye declaraciones de tres personas en Michoacán que migraron de sus comunidades originales para evitar los “males” frecuentes en sus respectivas regiones: extorsión, robos, asaltos, secuestros y amenazas físicas.

Un hombre de 26 años que salió de su natal Churumuco hacia Morelia, la capital del estado, denunció respecto a los delincuentes: “(…) tratan de obligar a los hombres, a nuestros hijos, nuestros hermanos, padres, tíos, primos, a andar haciendo males… matando, secuestrando, robando y nosotros optamos por mejor salir y poner a salvo a nuestros hijos, que crezcan en otro mundo diferente”.

Una mujer de 39 años que salió de Morelia con destino a la Ciudad de México (CDMX), lamentó por su lado: “Yo no creo que haya una zona en toda esa región de la costa michoacana que no esté sitiada por el crimen organizado”.

El tercer entrevistado fue un joven de 23 años, originario de Lázaro Cárdenas, quien también se fue a la capital de la República para no verse sometido a más extorsiones y asaltos frecuentes en la costa michoacana.

El análisis de la Conapo destaca que la mayoría de las comunidades expulsoras son ricas en recursos naturales y están ubicadas en áreas adecuadas para las actividades del crimen organizado, como es el caso de Tierra Caliente, que Michoacán comparte con el estado de Guerrero.

En Michoacán, de acuerdo al mismo estudio, están consideradas como inseguras la región sur, donde se ubica Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas y la centro, donde se asientan Morelia y Uruapan. Pátzcuaro es una ciudad segura.

La Conapo también diseñó, en 2019, un Perfil sociodemográfico de la población que cambió de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, en el que estima que, durante ese año, 14 mil 939 hogares cambiaron su residencia para protegerse de la delincuencia en Michoacán.

Mujeres, las más amenazadas

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi reveló que en el cuarto trimestre de 2020 (4T/2020), el 68.1 por ciento de la población mayor de 18 años consideró insegura su ciudad; y que el 76.2 por ciento de las mujeres se sentían muy inseguras. El 72.7 por ciento de las tres ciudades de Michoacán –Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas– fueron denominadas como inseguras por los encuestados.

En la capital michoacana, el 74.7 por ciento de la población opinó que la delincuencia seguiría igual o peor en los próximos 12 meses; esta misma respuesta alcanzó el 72.2 por ciento en Uruapan y el 54.7 por ciento en Lázaro Cárdenas. Las personas que habían sido víctimas de delitos revelaron también que debieron cambiar sus hábitos cotidianos.

La Ensu reportó que, en el segundo semestre de 2020, el 31.7 por ciento de los hogares de Morelia fue víctima de por lo menos un delito: el 39.2 por ciento de Uruapan y el 25 por ciento en Lázaro Cárdenas. Estos hechos, además, cambian la convivencia familiar, la dinámica social y la relación con las autoridades.

En diciembre de 2020, la población mayor de 18 años o más consideró la delincuencia como un problema en su ciudad o municipio, que fue del 67.1 por ciento en Morelia, el 69.1 por ciento en Uruapan y el 49.2 por ciento en Lázaro Cárdenas.

La Ensu develó, asimismo, que el 46.7 de esta población experimentó actos de corrupción en sus contactos con las autoridades de seguridad pública de Morelia, el 68 por ciento en Uruapan y el 60.5 por ciento en Lázaro Cárdenas.

La violencia generada por la delincuencia común, el crimen organizado, el narcotráfico y la ausencia del Estado para combatir a estos flagelos está provocando, además del hartazgo, acciones de resistencia en la gente a través de “levantamientos” populares como el de Cherán o la creación de policías comunitarias, tanto en Guerrero como en Michoacán.

Euronews reportó que en la localidad El Terreno, ubicada en Buenavista, las mujeres decidieron tomar las armas para defenderse del narcotráfico debido a la falta de respuesta de las autoridades locales. Este grupo de autodefensa surgió por iniciativa de madres cuyos hijos eran secuestrados por bandas criminales para reclutarlos.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) que el Inegi realizó en 2020, el 19.7 por ciento de los hogares michoacanos fue víctima de por lo menos un delito en 2019; y por cada 100 mil habitantes hubo 16 mil 112 victimados.

Los delitos más frecuentes en Michoacán, según esta encuesta son: extorsión (23.1 por ciento); asalto en la calle o transporte público (15 por ciento); fraude (12.6 por ciento); amenazas verbales y sustracción total o parcial de vehículo (11.7 por ciento cada una); robo a casa habitación (6.9 por ciento) y lesiones (4.4 por ciento).

Envipe contabilizó 662 mil delitos entre sus entrevistados, el 81.4 por ciento, de los cuales refirió haber sufrido algún tipo de daño económico, físico y psicológico. En el 60 por ciento de los casos hubo un solo victimario y el costo económico aproximado de estos delitos ascendió a nueve mil 754 millones de pesos (mdp).

En 2019, solo se denunció el 9.4 por ciento de los delitos y el Ministerio Público únicamente en el 53 por ciento de éstos abrió una carpeta de investigación. Estas cifras evidencian que la mayoría de los ilícitos quedan impunes debido a la poca disposición de la víctima para denunciar (90.5 por ciento), ya sea porque tiene desconfianza en las autoridades (18.8 por ciento) y porque sabe que solo perderá el tiempo (25.1 por ciento).

La percepción de inseguridad en el estado, según el Envipe, corresponde al 83 por ciento; en los municipios es del 66.1 por ciento y en las colonias o localidades, del 43.4 por ciento. En 2020, el 3.4 por ciento de la población cambió su lugar de residencia debido a la inseguridad.

Los municipios con mayor expulsión son Huetamo (12 puntos porcentuales), Tepalcatepec (7.3 por ciento), Coahuayana (siete por ciento), La Huacana (6.7 por ciento), Ocampo y Erongarícuaro (6.3 por ciento), Zináparo y Chinicuila (6.2 por ciento) y Angangueo (5.6 por ciento).

La “guerraˮ del crimen organizado

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, realizó un análisis sociopolítico de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENDD) 2018, en el que considera a Michoacán como una de las principales entidades donde hubo mayor migración interna entre agosto de 2013 y octubre de 2018 debido a la violencia y la inseguridad.

En ese periodo, ingresaron a Michoacán tres mil 570 personas y salieron seis mil 929; es decir, en promedio salieron 1.9 personas por cada una que entró. El análisis Contextos, migraciones sobre movilidad humana afirma que la violencia aumentó a partir de los 90 y alcanzó su apogeo en 2006, cuando inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

El constante enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado para obtener el control del territorio, la extracción minera ilegal, el surgimiento de grupos de autodefensa y la aparición de nuevos cárteles del narcotráfico han creado un clima particularmente crítico en Michoacán.

Sus acciones cotidianas de violencia se expresan tanto en homicidios dolosos como en la exposición de cadáveres o extremidades humanas en lugares públicos; narco-mensajes, cobro por derecho de piso, balaceras, exhibición de armamento disponible y actos de terrorismo para amedrentar a los pobladores.

Los desplazados de Michoacán se han mudado preferentemente a los estados de Veracruz (más de la mitad), Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Durango, Sonora y Baja California, aunque existe un intercambio permanente con sus vecinos Guerrero y Colima. Michoacán es receptor, a su vez, de personas que huyen de la violencia en el Estado de México y Morelos, también expulsores.

En agosto de 2020, el diario El País reportó que al menos 30 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares por disputas de territorio entre grupos del crimen organizado en Tierra Caliente, región donde operan Los Viagras, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana (NFM).

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó a El País que las personas desplazadas huyeron a Morelia, a Colima, Jalisco y la CDMX. Según las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre incidencia delictiva del fuero común; en enero de 2021 se registraron 248 homicidios en Michoacán, de los cuales 160 fueron homicidio doloso y 136 con arma de fuego; hubo también mil 779 robos, 322 amenazas y dos secuestros.

En 2020 se cometieron dos mil 921 homicidios, mil 976 dolosos y mil 583 con arma de fuego, 48 secuestros, 13 mil 940 robos y cuatro mil 87 amenazas. En enero de este año, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 76.2 y los homicidios dolosos responden a 4.2, sin variación respecto a diciembre de 2020; pero con un incremento del 2.5 por ciento en comparación a enero de 2020.

Es decir hay un crecimiento sostenido de los delitos de alto impacto, como el secuestro, el homicidio y la desaparición de personas. La presencia de más de un grupo criminal en Michoacán genera nuevas formas de violencia que aún no se reflejan en la incidencia delictiva habitual.

Con respecto a este hecho, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló, en 2015 que los desplazamientos “se realizan de manera silenciosa, incluso furtiva, para evitar que las autoridades se enteren, ya que temen que éstas informen a los agresores sobre su traslado. También afirma que los grupos más vulnerables –mujeres, niños, adultos mayores, indígenas y personas pobres— son quienes más se desplazan”.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) destacó que, entre 2005 y 2018, cambiaron de residencia, por motivos de “inseguridad pública”, cinco mil 144 personas en el mismo estado; 559 se fueron a otras entidades y 172 a otros países definitivamente y que solo mil 381 fueron nuevos residentes.

La CMDPDH publicó, en 2019, dos análisis sobre el desplazamiento interno forzado en México, al que tituló Entre la invisibilidad y el abandono. Uno de ellos, cuantitativo y basado en datos del Inegi y la base de datos del Instituto Nacional Electoral, estimó entre 185 mil y ocho millones el número de personas desplazadas por la violencia.