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El optimismo del Gobierno federal con su gobernante principal, Andrés Manuel Lopez Obrador, frente a los graves problemas económicos, que llevan de por medio el futuro del país, solo refleja la ignorancia que se tiene por el tema y la nula visión sobre las inevitables consecuencias que se tendrán para los familias mexicanas en los próximos tres años, segunda etapa de la administración morenista.
Oficialmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que México está en recesión económica al presentar una contracción de la economía del 0.1% en el cuarto trimestre de 2021, representando una caída del Peso Interno Bruto (PIB) del 0.4%. Sin embargo, la recesión es técnica, lejos de una crisis económica, como lo advierten especialistas, porque de lo contrario el país sufriría consecuencias aún más catastróficas que afectarían a los mexicanos de manera directa o indirecta; por lo que se está a tiempo de poder revertir estos números.
Los escenarios de esta inflación –que es un estancamiento en el crecimiento económico sumado con la consecutiva alza de precios y pérdida de empleos– genera un panorama difícil para la economía mexicana en 2022, a pesar de las “supuestas políticas de austeridad” implementadas por el Gobierno federal para obtener ahorros y mitigar los estragos de la pandemia.
Tanto el incremento de salarios mínimos como los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron devorados por la alta inflación del 7.13% que persiste, sumando así 4 millones de nuevos pobres, para un total de 55.7 millones de personas en esa condición, según el informe anual “Balance Preliminar de las Economías” de la Cepal.
La política monetaria que tome la 4T será crucial para salir de la recesión técnica económica o entrar a una crisis económica grave, sin que podamos pedir ayuda a las economías más desarrolladas por la poca o nula confianza que se tiene a la inversión de capitales extranjeros dentro de territorio mexicano.
Los pronósticos de crecimiento económico de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Cepal esperan un crecimiento superior del PIB en 2022 del 4% siempre que se evite la fuga de capitales; algo que parece inevitable e imposible.
Si bien es cierto que las remesas, con un récord histórico de casi 52 mdd, han amortiguado parte del problema, el hecho no resuelve el problema estructural de fondo que se ha creado con una economía débil e incapaz de repuntar de manera inmediata.
Hoy el presidente declaró lo siguiente: “5% para que se enojen. Los expertos y los especialistas nos están dando cuando mucho 2.5% y yo planteo 5%. Tengo información, además soy optimista, quiero que nos vaya bien. Imagínense a un gobernante pesimista. No, 5%. Y de una vez les digo 5% para el 2023 y, 5% para el 2024”.
Claramente ignora que ese crecimiento planteado no se dará por arte de magia sino por los estímulos fiscales que aporte el propio Gobierno federal. Lo que muchas economías emergentes hicieron durante la pandemia para evitar caer en estancamientos como el que tiene México.
El golpe más duro se lo llevarán, sin duda alguna, los bolsillos de los mexicanos, pues mientras continúe la estanflación la pobreza, la hambruna y la deserción educativa se profundizarán. Esto nos afecta a todos. Vamos iniciando el 2022, pero ahora se hace más urgente el cambio en el modelo económico, y por lo que se ve este gobierno no podrá impulsarlo ni realizarlo. Por el momento, querido lector, es todo.
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El gobierno de AMLO se ha negado a asignar recursos financieros suficientes al deporte mexicano, que carece de instalaciones adecuadas. A ello se suma la falta de promoción entre la sociedad.
En 2020, López Obrador dijo: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.” Ahora que es un obstáculo que le impide imponer su voluntad, advierte “no me salgan con el cuento de que la ley es la ley.” Pues sí, señor presidente, la ley es la ley.
Tras haberle recortado el presupuesto al INE, la administración morenista ahora pretende usar los fideicomisos del Poder Judicial con un doble propósito: debilitarlo políticamente y usar ese dinero en el financiamiento de los programas electoreros.
La iniciativa busca aumentar las penas hasta ocho años de prisión para los responsables.
Con las reformas buscan establecer bases para que se apliquen medidas de protección de los derechos humanos de infantes en situación de calle y que trabajan en la vía pública.
La radicalidad implica la solución estructural de problemas como la pobreza, desigualdad, falta de servicios, educación, salud y vivienda.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).