De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 3.7 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años realizan trabajo infantil, lo cual representó una tasa de 13.1 por ciento, cifra 1.7 puntos porcentuales más que en 2019.

Las cifras indican que de los 3.7 millones de menores que trabajan, 1.8 realiza ocupaciones no permitidas, lo cual representa el 6.4 por ciento; mientras tanto, 1.6 millones efectuaban exclusivamente quehaceres domésticos; pero, en condiciones no adecuadas, el 5.6 por ciento y 318 mil más combinaban ocupaciones no permitidas y los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, el 1.1 por ciento.

Asimismo, reporta el Instituto que entre las principales actividades en las que se desempeñaron los menores de 5 a 17 años fueron en el sector agrícola, ganadera, forestal, caza y pesca con un 33.3 por ciento; mientras tanto, el 25.7 por ciento se relacionaron con la minería, construcción e industria y un 15.3 por ciento en el comercio o como empleados de ventas.

Además, en México también hay menores que están trabajando en industrias peligrosas como la minería y la manufactura.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó que en México es un problema complejo y multifacético el empleo en menores, ya que el país tiene una de las tasas más altas de infantes en actividades no permitidas, la cual se exacerbó con la emergencia sanitaria por Covid-19, razón por la cual aumentó la deserción escolar y obligó a muchos niños a trabajar.

Ante este panorama, el país está lejos de cumplir con el compromiso de eliminar el trabajo infantil para el año siguiente, 2025, como lo asumió a través de la agenda 2030 y el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a pesar de las medidas que se han instrumentado para erradicarlo como: recolección de información y la aplicación de un protocolo de inspección de trabajo enfocado en el empleo de menores; así como la ratificación de los convenios 138 y 182 de la OIT, la actualización del marco regulatorio, y la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI). Además, se han realizado proyectos focalizados en entidades como Guerrero, Jalisco y Baja California.

Al respecto, la académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carmen Gabriela Ruiz Serrano, señaló que “en nuestro país hay una deuda importante con la erradicación del trabajo infantil, y tiene que ver con un contexto social poco favorecedor en el que las familias se encuentran en una desigualdad en donde niñas y niños se ven expulsados a actividades que comprometen su desarrollo”.

Además, indicó que la situación se agrava con la incidencia de grupos delictivos y el desafío migratorio, ya que éstos captan a niños para actividades delictivas, además de que crece el riesgo para los menores migrantes quienes transitan solos por el país.

“Algo que me gustaría ver en la próxima administración es una mayor coordinación con organizaciones civiles… Tenemos que pensar en cómo las niñas y niños se desarrollan en contextos y estos deben ser atendidos. No es que las familias no quieran generar condiciones adecuadas, hay toda una estructura que inhibe el desarrollo de los integrantes”, concluyó.